El gobierno de Javier Milei continúa profundizando su accionar contra las organizaciones gremiales. Al control de los manejos y fondos de las obras sociales y el Comando Unificado de Seguridad Productiva, se suman la declaración de servicios esenciales como la educación y el transporte y la quita de personería gremial, en caso de que no se cumplan las guardias mínimas.
El conflicto testigo de estos días se da en el sector aeronáutico, con paros en Aerolíneas Argentinas. Al respecto, el secretario de Transporte, Franco Mogetta amenazó con pedirle al Poder judicial el quite de la personería gremial «a estos sindicatos que le joden la vida a la gente», y agregó que «lo que le molesta a la casta sindical es que estamos terminando con sus privilegios».
En este marco, la Casa Rosada pretende alinear las dos medidas: al dictado de la esencialidad del servicio se le suma la quita de personería gremial, un combo que se propone limar el poder de fuego de los sindicatos con las medidas de fuerza.
Javier Milei avanza contra «la casta sindical»
Mogetta apuntó contra los gremios en general y en forma particular con los aeronáuticos. Afirmó que «esta es la muerte de la casta, y una de las más rancias es la casta del sistema aeronáutico», y añadió que «están desesperados por los privilegios que venimos a quitarles y justamente fue para eso que la gente votó al presidente Milei».
Explicó que -junto con la secretaría de Trabajo- «estamos implementando mecanismos para establecer servicios mínimos y que la gente pueda viajar, además de llevar adelante sanciones que no van a ser solo económicas» y confirmó que la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) ya se le aplicó una multa de 160.000.000 de pesos en febrero, y ahora vamos a pedir el quite de personería a este y otros sindicatos», de la actividad.
Aseguró que «con estas protestas y paros, estos sindicatos van a fundir Aerolíneas Argentinas» y sostuvo que la intención «es llevarse puesta la compañía y después echarle la culpa al Gobierno. Es insólito, están destruyendo la compañía que ellos dicen defender, pero la gente ya sabe quiénes son los verdaderos responsables».
En un nuevo día de medidas de fuerza de los gremios aeronáuticos, Mogetta planteó que los trabajadores de la actividad «tienen privilegios que al país le cuestan muchísimo dinero. Por ejemplo, los pilotos no trabajan en los días de su cumpleaños o tienen un remis que los pasa a buscar desde su casa y la jornada laboral de ellos empieza a contar desde que suben al vehículo». Apuntó que «todo eso se va a terminar. Lo que le molesta a (Pablo) Biró (secretario General de la Asociación Pilotos de Líneas Aéreas, APLA) y compañía es que les estamos tocando los privilegios».
El Gobierno crea el «Comando «Anti bloqueos» y alerta a la CGT
El Gobierno inició su gestión prescindiendo de una pata sindical. Apenas se dio una reunión en la Casa Rosada, donde referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), con Héctor Daer a la cabeza, se reunieron con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y Santiago Caputo, asesor estrella del jefe de Estado.
El encuentro no arrojó resultados positivos, ya que el Ejecutivo decidió reinstalar el impuesto a las Ganancias y avanzar con la reforma laboral, que fue judicializada por la central obrera en uno de sus pocos triunfos concretos.
En las últimas semanas, se abrió un nuevo capítulo de los cruces entre Milei y el movimiento obrero, con la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva, que protegerá a petroleras, cerealeras y mineras, entre otras, de bloqueos y piquetes. La medida fue oficializada por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, publicada en el Boletín Oficial por la Resolución 893/2024, y no es ni más ni menos que un protocolo del Protocolo Antipiquete.
Para justificar el nuevo Comando, se argumentó que «se han originado graves hechos de violencia, bloqueos e impedimento por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción, en zonas portuarias Bahía Blanca San Lorenzo – Timbúes, zonas de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta o zonas mineras, o Parques Industriales, hechos que concretamente incidieron en un peligro colectivo a la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes y de las empresas o libre circulación de los trabajadores, como también de su actividad productiva».
Intervención a las obras sociales: congelan el reparto de fondos a la salud
En tanto, el plan «no hay plata» se aplica a rajatabla en la liquidación de fondos para las obras sociales, desfinanciando a los gremios, que deben derivar partidas a la atención sanitaria de sus afiliados. El combo resulta ser explosivo, porque los problemas en la asistencia provocan que los pacientes se vuelquen a la salud pública, que siempre está al borde del colapso.
Pero eso no es todo, ya que la crisis financiera del sector abre la puerta al Gobierno para intervenir las obras sociales por supuestas irregularidades en registros y prestaciones. Hasta el momento, cuentan con interventores la de Vareadores (OSV), del Personal Mosaista (OSPM), del Personal Ladrillero (OSPL), de la industria del Fósforo y de los Peones Rurales (OSPRERA), aunque en este último caso un fallo judicial dispuso dar marcha atrás con la resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a cargo de Gabriel Oriolo, organismo dependiente del ministerio de Salud de la Nación.
Freno a los paros en Aerolíneas Argentinas y advertencia internacional
Por otra parte, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) envió una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en repudio por la intención del gobierno de declarar como «servicio esencial» a la actividad aeroportuaria, para imponer niveles mínimos de servicio mientras aplique medidas de fuerza. Stephen Cotton, secretario General de la ITF sostuvo que «la Argentina corre el riesgo de violar los estándares legales internacionales que se ha comprometido a respetar».
Desde ITF expresaron estar indignados «por el ataque político del presidente argentino, Javier Milei, contra el derecho fundamental de huelga de los trabajadores y trabajadoras» e indicó que la medida se originó «tras las huelgas organizadas la semana pasada por los sindicatos de aviación afiliados a la ITF, en un esfuerzo por mejorar las condiciones salariales y laborales de sus miembros».
Cotton calificó la medida de «restricción autoritaria e ilegal» y sostuvo que «esta política regresiva y peligrosa no es solo un ataque a los trabajadores y trabajadoras, sino un ataque a la democracia misma». De esta forma, desde la Federación recordaron que «el derecho de huelga está consagrado en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Argentina en 1960, que protege la libertad sindical y el derecho de organización de los trabajadores y trabajadoras». La ITF tiene una gran representación sindical mundial y afilia a 16,5 millones de trabajadores y trabajadoras del transporte de 740 organizaciones sindicales en 150 países.