El futuro a largo plazo de las concesiones de las principales represas hidroeléctricas de la Argentina sigue siendo un dolor de cabeza para el gobierno del presidente Javier Milei.
Los contratos se encuentran vencidos y las concesionarias siguen operándolas de manera precaria, gracias a extensiones de los plazos que ha venido definiendo la administración nacional, pero que demora la elaboración de nuevos pliegos para volver a licitar las presas ya que estatizarlas no es una opción para la gestión libertaria.
De hecho, en abril pasado había definido una prórroga de estos contratos de estas generadoras de energía que vencieron en el 2023 generadoras de energía.
Se trata de las centrales Hidroeléctrica Alicurá; El Chocón Arroyito; Cerros Colorados y Piedra del Águila, que siguen en manos privadas tras sucesivas extensiones de los acuerdos de concesión.
Por qué Javier Milei estatiza hidroeléctricas para volver a privatizarlas
El último plazo venció este sábado 11 de agosto para Alicurá; El Chocón Arroyito y Cerros Colorados y que habían sido ampliados con el objetivo de «preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la Cuenca» en donde operan las centrales y cumplir con todas sus obligaciones derivadas del contrato durante el referido período», tal como sostenía una medida tomada en mayo pasado.
En el caso Piedra del Águila, la prórroga corre hasta el 29 de diciembre próximo, lo cual marca una extensión de seis meses y difiere de las anteriores.
La importancia de estas represas radica en la esencia que para el Estado nacional tiene la generación de energía eléctrica, en cualquiera de sus modalidades, destinada total o parcialmente a abastecer de energía a un servicio público, ya que es considerada una actividad de interés general, afectada a dicho servicio y encuadrada en las normas legales y reglamentarias que aseguren su normal funcionamiento.
En ese contexto, en la década del 90 se procedió a encarar un plan de privatizaciones y las centrales fueron transferidas a grupos empresarios locales e internacionales mediante el procedimiento de venta del paquete accionario mayoritario de las sociedades titulares de las concesiones de cada uno de los aprovechamientos hidroeléctricos por un plazo de 30 años.
Precisamente, ese plazo es el que se encuentra vencido, además de estar transcurriendo el denominado «Período de Transición» previsto en el artículo 67 de los respectivos acuerdos de concesión, de conformidad con la Resolución de la Secretaría de Energía que depende del Ministerio de Economía N° 78 del 17 de mayo pasado.
Privatizaciones: un proceso competitivo
Según un decreto publicado este lunes 12 de agosto en el Boletín Oficial de la Nación, dichos contratos «establecen que, a su vencimiento, el dominio y la posesión de los equipos se transferirán de pleno derecho al Estado Nacional en su carácter de concedente, disponiéndose, además, las pautas y recaudos para la transferencia de los empleados que prestan tareas para la concesionaria, como así también la reversión al concedente de todos los bienes cedidos a la concesionaria».
En esa norma, que lleva las firmas del presidente Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Andres Caputo; se recuerda la intención oficial de volver a licitar las concesiones «bajo un proceso competitivo nacional e internacional, en cabeza de las sociedades creadas al efecto».
Para ese fin, se recuerda que la conformación de llamado Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (ETAHC), con el objetivo de realizar el relevamiento del estado de situación en los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales de las concesiones hidroeléctricas.
El organismo acaba de elevar a la Secretaría de Energía una serie de informes sobre cada uno de los aprovechamientos hidroeléctricos otorgados en concesión.
De los resultados de esos trabajos surge la necesidad de avanzar hacia un plan estratégico de renovación de activos, cuyo objetivo es garantizar una condición de operación confiable de las represas a los efectos de proveer a un funcionamiento pleno y sin interrupciones.
En este marco, Energía ordenó a la empresa mixta Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y a Nucleoelectrónica Argentina Sociedad Anónima (NASA) para que adopten las medidas necesarias para que se implementen las acciones necesarias para efectuar el procedimiento de reversión, previsto en cada uno de los contratos de concesión de los Complejos Hidroeléctricos del Comahue.
Uno de esos aspectos es la elaboración de los pliegos de bases y condiciones correspondientes, así como la definición de las normas de manejo de aguas aplicables, la identificación de las inversiones obligatorias que deberá realizar el nuevo concesionario con el objetivo de extender la vida útil de los activos de los complejos hidroeléctricos.
También, el replanteo del perímetro de concesión de cada uno de los complejos hidroeléctricos, y la elaboración de los manuales de protección del ambiente y seguridad.
Energía: nuevos plazos para hidroeléctricas
En este contexto, el decreto de este lunes 12 de agosto explica que, «mientras se llevan a cabo las tareas mencionadas, y habiendo consultado a los organismos que toman intervención en el control y cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) ha informado que de la evaluación realizada, las acciones de operación y mantenimiento efectuadas durante el plazo de concesión transcurrido han sido satisfactorias».
En igual sentido se han pronunciado el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el ORSEP y la AIC respecto del cumplimiento de las normas atinentes a las respectivas materias.
Teniendo en consideración el conocimiento adquirido por los actuales concesionarios que son Orazul Energy, concesionaria del Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados; ENEL, en El Chocón -Arroyito; AES en Alicurá y Central Puerto en Piedra del Águila, en la prestación de dicha actividad, economía y transparencia se propició la extensión de los plazos de dichas concesiones, hasta tanto sean transferidos los paquetes accionarios mayoritarios a los adjudicatarios del nuevo proceso licitatorio que se llevará a cabo pero que todavía no tiene fecha.
Sociedades «transitorias»
En ese sentido y a los efectos de ese futuro proceso, ENARSA Y NASA constituyeron cuatro sociedades anónimas que son Alicurtá; El Cbocón; Cerros Colorados y Piedra del Águila, cuyos paquetes accionarios del 98% y 2%) son propiedad, respectivamente, de ambas sociedades estatales.
Se trata de un proceso transitorio has que se lleven a cabo las nuevas licitaciones y se produzca la transferencia de los paquetes accionarios al sector privado.
Por eso, el decreto también determina el plazo en que se deberán transferir las acciones a ENARSA y NASA mientras Economía y Energía elaboran las pautas del nuevo concurso licitatorio para reemplazar a los actuales grupos.
En su artículo 1° en decreto ordena que las actuales concesionarias continuen operando los complejos hidroeléctricos por otro año, salvo que se adjudique antes, en cuyo caso el plazo se podrá reducir a 90 días corridos.
En el caso de Central Puerto, que opera Piedra del Águila, mantendrá la concesión a fin de año.
Pero para mantener las operaciones, las empresas deben firmar un acuerdo de adhesión ya que, de lo contrario, igual estarán obligados a seguir con la generación de energía eléctrica por otros 45 días hábiles, con el fin de que el Estado Nacional adopte los recaudos necesarios para la continuidad del servicio.
Las que suscriban el acta, entre otras obligaciones, deberán actualizar la garantía de cumplimiento de contrato, que no será menor a u$s4.5 millones y abonar el esquema de regalías para las provincias de Río NEGRO y Neuquén que se acuerde entre ENERGÍA y los gobernadores.
Además y con una frecuencia cuatrimestral el concesionario deberá presentar un inventario detallado y actualizado de los Bienes Propios, Cedidos y Equipos.
Dentro de los 180 días corridos siguientes a la entrada en vigencia del este decreto, el Gobierno llamará a una licitación para proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de las concesiones y, en caso de declararse desierta, la titularidad del paquete mayoritario de acciones permanecerá en poder del Estado Nacional
Preparar la transición
El anterior gobierno, de Alberto Fernández, había extendido estos contratos hasta el pasado 19 de enero, mientras que la gestión actual se propuso preparar un nuevo marco para volver a licitar las centrales que, ahora, van a seguir en manos privadas pero también al estilo kirchnerista.
Es decir, con un permiso precario y de transición con el cual se sigue sin definir si las empresas actualmente a cargo de operar estas concesiones mantendrán los contratos o se volverán a licitar o, en su defecto, pasarán a manos del Estado, opción poco creíble si se tiene en cuenta la orden de Milei de reducir el Estado.