El peronismo y el radicalismo, junto a referentes provinciales, firmaron en el Senado el mismo dictamen para avalar el proyecto de reforma jubilatoria que obtuvo media sanción en Diputados en junio pasado. Exponen así al presidente Javier Milei a un potencial veto, pues objetaba el elevado costo fiscal de la reforma propuesta. El debate significó una nueva división en la oposición dialoguista, entre radicales y también con legisladores del PRO. La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, habría sido apartada de la discusión por su propio partido.
Tras el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Trabajo y Previsión Social del Senado este miércoles el peronismo y el radicalismo firmaron el mismo dictamen que reproduce lo aprobado en Diputados. En tanto que La Libertad Avanza y dos radicales en disidencia (Vischi, de Corrientes, y Zimmermann, de Chaco) rubricaron una versión que oficializa el decreto que se encuentra en vigencia. Este resultado tomó por sorpresa al oficialismo, que recibió en el mismo día un revés en Diputados al no conseguir quorum para sesionar por la decisión de los legisladores de Hacemos Coalición Federal, el bloque que comanda Miguel Pichetto.
Sobre la reforma jubilatoria impulsada por el bloque peronista se especulaba con la firma de distintos dictámenes o del proyecto original en disidencia en el Senado, pero una parte de la oposición dialoguista –que responde al titular del partido Martín Lousteau, y el senador Pablo Blanco- no aprobó la versión del oficialismo con cambios mayúsculos al proyecto aprobado en Diputados. La Libertad Avanza se oponía al pago del 8,1 por ciento retroactivo para jubilados, porque esto suponía un costo fiscal muy elevado (de 0,44 por ciento del PBI este año según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, OPC). En contrapartida ofrecían empezar a pagarlo desde la entrada en vigencia de la nueva ley. Otros puntos que el oficialismo rechaza son el nuevo piso jubilatorio y el plus por crecimiento económico.
Además del artículo que prevé cancelar en seis meses las deudas con las cajas previsionales de los 13 distritos que no transfirieron a Nación, lo cual es una suma millonaria. La oposición en Diputados logró que esta deuda no se pagase con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses sino con los impuestos de asignación específica, como el impuesto al cheque, el PAIS y el IVA.
El proyecto de ley con media sanción de Diputados establece como fórmula de movilidad el aumento de los haberes en función del último dato de inflación (es decir con dos meses de rezago), en línea con la actualización vigente desde abril a raíz de un decreto presidencial. Pero además estipula un incremento del 8,1 por ciento retroactivo a modo de resarcimiento por la pérdida en el poder de compra acaecida en enero de este año luego de la suba del IPC del 20,6 por ciento: el Gobierno otorgó por decreto solo un aumento del 12,5 por ciento y había suspendido la vieja fórmula de movilidad jubilatoria.
El proyecto de ley además determina que en marzo de cada año deberá aplicarse un aumento del 50 por ciento entre la variación salarial (según Ripte) y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico, y estipula que el haber mínimo tendrá como piso un monto equivalente al 1,09 del valor de la Canasta Básica Total medida por Indec. De esta forma, con datos actualizados al mes de junio, el pago de los haberes mínimos en agosto debería haber alcanzado los 308.011 pesos, casi 12.470 pesos más que el pago que se efectivizó la semana pasada. El haber mínimo actual es de 225.540 pesos, más un bono de 70.000, totalizando 295.540 pesos.
En detalle, el informe publicado por la OPC se estima que el impacto fiscal del nuevo Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones ascendería el año próximo a entre 0,69 y 0,80 por ciento del PBI, según las variaciones de precios y salarios contempladas. Asimismo, de cumplirse el artículo que propone la cancelación de deudas con los cajas previsionales provinciales y los juicios particulares, el Estado podría perder el superávit primario. Esta suma asciende a 703.353 millones de pesos, lo que equivale a 0,13 por ciento del PBI.