El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea volvió a quedar en suspenso tras una decisión clave del Parlamento Europeo, que resolvió frenar su tratamiento y enviar el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El paso, de fuerte impacto político y económico, abre un escenario de incertidumbre que podría extenderse hasta dos años y vuelve a poner en duda el futuro de uno de los tratados más extensos y controvertidos de la agenda comercial global.
La resolución no implica un rechazo definitivo del acuerdo, pero sí paraliza su proceso de ratificación y posterga cualquier posibilidad de entrada en vigor en el corto plazo. Se trata de algo esperable, pero que en la práctica, el convenio queda congelado hasta que la Justicia comunitaria se pronuncie sobre su encuadre jurídico, un trámite que en Bruselas estiman que puede demorar entre 18 y 24 meses.
Un acuerdo histórico, otra vez en pausa
El tratado entre el Mercosur y la Unión Europea comenzó a negociarse formalmente a fines de los años noventa y atravesó más de dos décadas de idas y vueltas, condicionadas por cambios políticos, crisis económicas, tensiones ambientales y resistencias sectoriales en ambos bloques.
En 2019 se anunció un acuerdo político que luego debió ser revisado y complementado, y en los últimos años volvió a ganar impulso en un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania, la competencia con China y la necesidad europea de diversificar socios comerciales.
En ese marco, la Comisión Europea había retomado el liderazgo del proceso y en las últimas semanas transmitía señales de optimismo respecto de la firma definitiva y la posterior ratificación. Sin embargo, el Parlamento Europeo volvió a convertirse en un escollo central, reflejando las divisiones internas que el acuerdo genera dentro del bloque.
Por qué interviene la Justicia europea
El núcleo de la decisión adoptada por la Eurocámara fue el envío del acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evalúe si el texto es compatible con los tratados fundacionales del bloque. En particular, se cuestiona la base legal utilizada por la Comisión para avanzar con el proceso y la posibilidad de que el acuerdo sea ratificado de manera parcial, sin pasar por todos los parlamentos nacionales de los Estados miembro.
Ese punto es sensible porque toca uno de los debates estructurales de la Unión Europea: hasta dónde puede avanzar la política comercial común sin el aval explícito de cada país. Para un sector de los eurodiputados, el acuerdo con el Mercosur excede las competencias exclusivas de la Unión y debería atravesar un proceso de ratificación más amplio y complejo. Hasta que el Tribunal no se expida, el Parlamento no podrá retomar el tratamiento del texto.
Hasta dos años de bloqueo
El paso por la Justicia introduce un factor de tiempo determinante. Un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es inmediato y puede extenderse durante varios meses, incluso años. Fuentes comunitarias admiten que el proceso podría llevar hasta dos años, lo que en los hechos desplazaría cualquier definición hacia 2027 o 2028.
Ese plazo no sólo afecta el calendario político europeo, sino que también reconfigura las expectativas de los países del Mercosur, que ven cómo un acuerdo presentado reiteradamente como inminente vuelve a dilatarse. Además, el escenario judicial agrega incertidumbre sobre el contenido final del tratado, ya que un fallo adverso podría obligar a revisar aspectos clave del texto o incluso su arquitectura institucional.
La presión del agro europeo y el rol de Francia
Detrás de la decisión parlamentaria aparece con fuerza la presión de los productores agropecuarios europeos, uno de los sectores más críticos del acuerdo desde sus inicios.
Las resistencias más marcadas provienen de Francia, donde el agro tiene un peso político significativo y donde las organizaciones rurales vienen alertando desde hace años sobre el impacto del tratado en la competitividad del sector.
Los productores franceses sostienen que el acuerdo con el Mercosur expone a la agricultura europea a una competencia que consideran desigual, especialmente en rubros sensibles como la carne bovina, la aviar, el azúcar y otros productos agroindustriales. A esos argumentos se suman cuestionamientos vinculados a los estándares ambientales y sanitarios, que han sido utilizados como bandera para frenar el avance del tratado.
En los últimos meses, ese malestar se expresó en protestas y movilizaciones en distintos países europeos, en un contexto más amplio de crisis del sector agropecuario. El acuerdo con el Mercosur quedó así atrapado en una discusión interna más profunda sobre el modelo productivo europeo, la apertura comercial y la protección de sus economías rurales.
El impacto para el Mercosur y la Argentina
Para los países del Mercosur, el nuevo freno representa otro capítulo de un proceso marcado por la incertidumbre. El acuerdo con la Unión Europea es visto como una oportunidad estratégica para ampliar el acceso a uno de los mercados más grandes y exigentes del mundo, mejorar condiciones arancelarias y generar previsibilidad para las exportaciones.
En el caso de la Argentina, distintos sectores productivos y exportadores seguían de cerca la evolución del tratado, en un contexto de necesidad de generar divisas, diversificar mercados y consolidar el perfil agroindustrial del país. La postergación vuelve a enfriar esas expectativas y obliga a recalibrar estrategias comerciales y diplomáticas.
Un futuro abierto y cargado de incertidumbre
Aunque el acuerdo Mercosur-Unión Europea no está formalmente caído, su futuro inmediato quedó condicionado por una decisión judicial y por la capacidad política de la Unión para resolver sus tensiones internas. El envío al Tribunal de Justicia marca un punto de inflexión que aleja cualquier definición rápida y deja al tratado en un limbo institucional.