Las declaraciones de Donald Trump muestran un reactivado interés de Estados Unidos por Groenlandia, una región autónoma del Reino de Dinamarca con alto valor estratégico. Mientras el gobierno estadounidense analiza diferentes opciones para hacerse con el territorio, el gobierno danés y diversos países europeos defienden la soberanía de Dinamarca y un orden internacional basado en reglas ya conocidas
Por: Laura Ruiz / Especial para El Ciudadano
El domingo 4 de enero, el mandatario estadounidense Donald Trump sostuvo ante la prensa que el país necesitaba el territorio de Groenlandia “por razones de seguridad nacional». Alegó que la isla es en la actualidad un lugar estratégico, con presencia de barcos rusos y chinos, y que Dinamarca no sería capaz de asegurar la seguridad nacional del país. Diferentes funcionarios estadounidenses han hecho declaraciones similares. En una entrevista con CNN, el jefe adjunto de Gabinete, Stephen Miller, cuestionó la base jurídica de la soberanía danesa sobre la isla, mientras que su esposa, Katie Miller, publicó en la red social X un mapa de Groenlandia con los colores de la bandera estadounidense y la palabra “pronto”. Este martes, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la administración analiza “diversas opciones” para hacerse con el territorio, señalando que el uso de la fuerza militar “siempre es una opción”.
Groenlandia es una región autónoma perteneciente al Reino de Dinamarca y su estatus actual no es objetado por ningún Estado significativo. El territorio ha experimentado un proceso gradual de autonomía: fue una colonia danesa hasta 1953, cuando se transformó en una región integrada dentro del gobierno danés; para 1979 Dinamarca le otorgó a Groenlandia cierta autonomía para gobernar asuntos internos y le permitió obtener su propio parlamento. A partir del referéndum de 2008, el territorio logró su autonomía en todos los ámbitos, exceptuando la defensa y la política exterior.
La administración Trump ha expresado la idea de adquirir Groenlandia tanto en su primer como en su segundo mandato. El interés de Estados Unidos en la isla no es nuevo: existen antecedentes de intentos de compra en 1867 y 1910, y un ofrecimiento formal en 1946, cuando el presidente Harry Truman propuso adquirir el territorio por 100 millones de dólares.
La importancia estratégica de Groenlandia para Estados Unidos radica, por un lado, en su ubicación entre América y Europa, siendo un corredor clave del Atlántico Norte. A ello se suma que el deshielo provocado por el cambio climático está abriendo nuevas rutas marítimas en el Ártico, relevantes tanto para el comercio —al permitir trayectos más cortos— como para fines militares, así como lo fue durante las dos guerras mundiales y la Guerra Fría. Además, Groenlandia cuenta con importantes reservas de petróleo, gas y minerales de tierras raras, esenciales para la producción tecnológica y militar, cada vez más accesibles debido al retroceso del hielo. También es relevante que China y Rusia han intensificado su presencia en la región mediante ejercicios militares conjuntos.
La intervención a Venezuela con la posterior captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el sábado 3 de enero supuso que tales amenazas sean tomadas con mayor seriedad. Según expertos, estos sucesos violaron el derecho internacional público al incumplir diferentes tratados internacionales y principios de organismos internacionales como la no intervención en asuntos internos de otros Estados. En gran medida, esta fue la razón por la que el accionar estadounidense fue rechazado por una gran variedad de actores de la comunidad internacional. Sin embargo, Trump y sus funcionarios han amenazado e insinuado volver a accionar sobre Venezuela y realizar maniobras similares en Dinamarca y otros países como Irán, México, Colombia y Cuba.
En paralelo, Trump firmó un memorando presidencial ordenando la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, incluidas 31 del sistema de las Naciones Unidas, bajo el argumento de que ya no responden a los intereses del país. En este marco, Stephen Miller advirtió en CNN que Estados Unidos no estaba siguiendo las “leyes de hierro” de un mundo gobernado por la fuerza, el poder y el dominio.
Como señala Debra DeLaet, Directora Ejecutiva de la Asociación de las Naciones Unidas de Iowa, existen dos principios jurídicos clave para comprender la situación de Groenlandia en el marco del derecho internacional: la soberanía estatal y la autodeterminación. La soberanía estatal se basa en la idea de igualdad soberana y obliga a los países a abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en sus relaciones con otros Estados. Por lo tanto, cualquier amenaza a la integridad territorial o la independencia política de Groenlandia es una amenaza a la soberanía estatal danesa. Por otro lado, el principio de libre determinación afirma que todos los pueblos tienen derecho a determinar libremente su condición política y a perseguir su desarrollo económico, social y cultural. Al ser Groenlandia un gobierno autónomo dentro de un estado soberano, el Reino de Dinamarca estaría respetando dicho principio.
En consecuencia, Estados Unidos no podría usar la fuerza militar contra Groenlandia sin violar el derecho internacional y no podría comprar el territorio a menos que Dinamarca estuviera dispuesta a venderlo. El gobierno danés ha declarado reiteradamente que Groenlandia no está en venta, y la postura fue respaldada este martes por los gobiernos europeos de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Polonia y España, quienes a partir de una declaración conjunta defendieron la soberanía danesa, calificaron la seguridad del Ártico como una prioridad para Europa y subrayaron que el futuro de la región compete exclusivamente a los pueblos groenlandés y danés.
Sin embargo, las últimas acciones de la administración Trump sugieren que este país no solo no estaría respetando el derecho internacional, sino que tampoco mostraría interés en cumplirlo. Como Miller advirtió, cree que las leyes no son de hierro en un mundo gobernado por el poder. La pregunta abierta es si otros actores —como la Unión Europea— estarán dispuestos y capacitados para sostener las normas de juego existentes, o si emergerá un nuevo esquema de reglas definido por las potencias con capacidad para imponerlas.