“El RIGI es un retroceso más para la industria nacional”. Tras la sanción en el Senado de la Ley Bases, las pymes industriales advirtieron sobre la desventaja competitiva que representa Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para las empresas locales. “En ninguna parte de la Ley Bases el Gobierno dice que esto va a favorecer a las pymes”, sostuvieron las agrupaciones empresarias que día a día intentan no desaparecer. La semana próxima le acercarán al ministro Francos una serie de propuestas de política.
El RIGI representa la vulneración de los recursos económicos del país en manos de grandes empresas extranjeras, y sin la potestad del Estado de legislar sobre los mismos y establecer condiciones que no sean tan desfavorables para la Nación. Como la fuga de las ganancias realizadas o la evasión de impuestos. Más bien facilita que las empresas consigan esos “beneficios”. Lejos quedaron los tiempos en que los gobierno buscaban mejorar Ley de Inversiones Extranjeras, vinculada a proyectos extractivos como la minería o el petróleo históricamente, para promover el desarrollo argentino.
Al Gobierno de Milei solo le interesan las ganancias de las grandes empresas. “Es confuso quién redactó el RIGI. El texto original abarcaba a todos los sectores, pero cuando fueron a negociar al Senado decidieron que aplicaba a la minería, el sector forestal y la tecnología. ¿Pero qué es ese sector: satélites al espacio o SQL-código de datos? Es muy confuso y va a generar un agujero enorme en el mercado argentino donde las pymes que operan allí tendrán que correrse o desaparecer”, sostuvo Leo Bilanski, empresario y presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (Enac).
Por su parte Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), advirtió que entre los cambios más importantes al RIGI se decidió la compra de un 20 por ciento de la inversión a los proveedores locales “siempre y cuando la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado”, lo cual supone que las empresas ofrezcan buena o mejor calidad y precio, aunque los estándares competitivos locales sean muy diferentes. “En Argentina no somos competitivos por pecio porque tenemos costos muy altos, de modo que con esto queda por entendido de que en su mayoría las compras no se van a hacer a nivel local. Esto sin duda tiene que ver con que no fue contemplada ninguna medida para que las pymes puedan tener herramientas competitivas a nivel internacional”, señaló Rosato.
Para las pymes locales industriales el RIGI representa una “desventaja desleal competitiva” y por ese motivo llevarán la semana próxima una serie de medidas alternativas que permitan recuperar la productividad al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La situación los obliga a tener que negociar con el Gobierno, “con propuestas concretas para ver qué vamos a hacer de ahora en más, no solo con el RIGI sino con lo que tenemos por delante”, precisó el titular de IPA.
Para Bilanski de la Enac “es todavía prematuro aventurar los efectos de la sanción del RIGI, las modificaciones que se hicieron en el Senado son cosméticas para lograr la aprobación pero ahora trascendió que podrían revertirlas, con todo lo que ello supone”. Y aclaró: “Estamos absolutamente en contra del RIGI. No creemos que sea necesario un régimen de estas características. En todo caso habría que trabajarlo como una ley puntual que involucre a todo el empresariado, y no sólo a las empresas extranjeras que invertirán más de 200 millones de dólares”.
El RIGI establece un desmesurado conjunto de beneficios fiscales para proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares, entre ellos se encuentran las garantías de estabilidad tributaria por 30 años, un tope del 25 por ciento en el impuesto a las Ganancias y la posibilidad de computar a cuenta de este todo lo que se pague por «impuesto al cheque» y créditos fiscales transferibles para el pago del IVA.
Otro polémico punto es la libre disponibilidad de las divisas generadas por la exportación de esos proyectos, que en el cuarto año de vida del mismo alcanza al 100 por ciento de lo exportado. Además, en la norma original, las empresas no debían limitarse a ninguna norma de «compre local» y podían importar con arancel cero todos los insumos de capital o trabajo que consideren necesarios. Esto las hará funcionar como verdaderas economías de enclave: las empresas llegan al país, invierten y explotan los recursos naturales pero todo el dinero que ganan en su operación (de exportación, claro) puede salir del país, sin dejar ni un duro.
Las modificaciones que hizo el Senado al RIGI fueron meros retoques. Que las empresas canalizaran a través de proveedores locales un “mínimo” del 20 por ciento del total de su inversión siempre y cuando la oferta se encuentre “en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”, como se dijo. También se limitó a una lista acotada de sectores (minería, petróleo, gas y otras fuentes de energía, infraestructura, siderurgia, tecnología, industria forestal y turismo). Y la libre disponibilidad de divisas fue trazada según un esquema del 20 por ciento después de los dos primeros años del proyecto, 40 por ciento desde la finalización del tercero y 100 por ciento una vez transcurrido el cuarto.