El cierre repentino de la fábrica de neumáticos IBF, ubicada en la ciudad de Córdoba, dejó a alrededor de 40 trabajadores sin empleo y abrió un conflicto laboral que ya cuenta con la intervención del Estado provincial. La empresa comunicó el cierre de la planta y los despidos de un día para el otro, sin negociación previa con los empleados ni con el sindicato.
Según relataron los trabajadores en diálogo con Cba24N, la notificación se realizó con la presencia de escribanos y personal de seguridad privada, una modalidad que fue duramente cuestionada por el gremio del neumático y los delegados de la planta.
Despidos sin diálogo y denuncia sindical
Miguel Díaz, delegado de los trabajadores de IBF, sostuvo que la decisión fue “totalmente desmedida” y denunció que la empresa actuó sin respetar los procedimientos legales. “Llegaron con escribanos y patovicas para decirnos que estábamos todos despedidos y que la planta se cerraba, sin ninguna charla previa con los delegados ni con el sindicato”, expresó.
Desde el sector sindical remarcan que la empresa no abrió ninguna instancia de negociación, ni notificó formalmente a los representantes gremiales antes de avanzar con la medida.
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Ante la denuncia presentada por el sindicato, la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Córdoba intervino en el conflicto y dictó una resolución que declara ilegales los despidos. Además, intimó a la empresa a reincorporar al personal y otorgó un plazo para que los trabajadores regresen a sus puestos.
Permanencia en la planta y tensión judicial
Tras conocerse los despidos, los trabajadores iniciaron una permanencia pacífica dentro del establecimiento como medida de protesta. Sin embargo, durante la jornada se produjo una denuncia que derivó en una intervención judicial.
Germán Silva, representante del Sindicato del Neumático en Córdoba, explicó que se presentó una acusación por una supuesta retención de personas dentro de la fábrica. «Alguien denunció que teníamos un trabajador retenido adentro de la fábrica y lo estábamos compeliendo a la acción sindical. La fiscalía dictó una orden de desalojo y la Policía vino a sacarnos de prepo».
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Distintas organizaciones sindicales y sociales se acercaron al lugar para respaldar a los trabajadores. Desde sectores docentes y universitarios advirtieron que el conflicto se inscribe en un contexto de cierres de fábricas y precarización laboral, en medio del debate por una eventual reforma laboral a nivel nacional.