La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe aprobó un pedido de informes presentado por el diputado radical Martín Rosúa, mediante el cual se solicita a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia que remita todos los antecedentes judiciales de las personas detenidas o imputadas por el homicidio de Lucas Martín Cicarelli, ocurrido el pasado 20 de octubre en Rosario.
El objetivo del pedido es analizar el desempeño del Poder Judicial y verificar si existieron fallas en la aplicación de las herramientas legales vigentes, especialmente aquellas vinculadas a la reiterancia delictiva.
Rosúa recordó que fue autor de la modificación del artículo 221 del Código Procesal Penal de Santa Fe, sancionada en diciembre de 2024, que permite aplicar prisión preventiva cuando se acredita reiterancia delictiva o alta peligrosidad.
“Si esta norma se hubiera aplicado correctamente, este crimen podría haberse evitado. Es indispensable conocer si se invocó o se desestimó su aplicación en los casos previos de los imputados”, sostuvo el legislador.
El proyecto requiere a la Corte Suprema que informe, respecto de las causas en las que intervinieron los detenidos entre julio de 2024 y octubre de 2025:
•Fecha, carátula y número de legajo o expediente.
•Fiscal interviniente.
•Tipo de delito imputado.
•Medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público de la Acusación.
•Resoluciones judiciales adoptadas.
•Si se solicitó prisión preventiva, los fundamentos de dicha solicitud y la decisión judicial.
•Si se evaluó la aplicación del artículo 221 inciso 10 del Código Procesal Penal, referido a los supuestos de reiteración delictiva o riesgo de reincidencia, y en su caso, los motivos por los cuales no fue considerado procedente.
Rosúa sostuvo que la finalidad es “obtener información oficial y precisa sobre el tratamiento judicial previo de los individuos involucrados en el homicidio, para evaluar la eficacia del sistema de persecución penal y de las políticas de prevención de la violencia”.
Además, señaló que diversas fuentes periodísticas indicaron que uno de los presuntos autores había sido aprehendido en al menos 14 ocasiones entre octubre de 2024 y octubre de 2025 por delitos violentos, sin que se dispusiera su prisión preventiva.
“La provincia cuenta hoy con herramientas concretas, como la Ley de Reiterancia, para evitar que quienes cometen delitos violentos una y otra vez sigan en libertad. Lo que tenemos que entender es por qué no se aplicaron”, subrayó Rosúa.
Por último, el diputado afirmó que “el esclarecimiento de estos puntos permitirá a la Cámara analizar posibles falencias estructurales o interpretativas en la aplicación de las normas procesales, especialmente en materia de prevención y reiteración delictiva”, que pudieron haber contribuido a la ocurrencia de este trágico hecho