El miércoles 12 de marzo el trabajador Jonathan Navarro se calzó la camiseta de su Charita querido y viajó desde San Martín al centro porteño para acompañar la marcha semanal de jubiladas y jubilados frente al Congreso. Aquella fue la movilización en la que Patricia Bullrich y sus propagandistas mediáticos agitaron histéricamente el “peligro” de que hordas de barras bravas de fútbol llegarían al Congreso dispuestas a “romper todo”.
No hubo barrabravas ni se rompió el Congreso. Sí hubo decenas de detenidos y cientos de heridos. Todos atacados por las fuerzas represivas de Bullrich, junto a la Policía porteña. Algunos con secuelas de extrema gravedad, como el fotógrafo Pablo Grillo.
Navarro terminó hospitalizado tras recibir en su ojo izquierdo un impacto de proyectil de uno de los rifles Byrna TCR que ese día usó Prefectura como parte de su arsenal de “disuasión” en manifestaciones públicas. Perdió la visión de ese ojo y hasta hoy continúa con estudios médicos y rehabilitación.
Al momento de recibir el disparo, Jonathan estaba sobre la Avenida Rivadavia casi Rodríguez Peña. Una de las cámaras domo ubicadas en el Congreso (que forma parte del expediente judicial abierto) muestra el momento en que un agente de Prefectura apunta y dispara directamente a su cara. Tres minutos antes, del otro lado de la Plaza Congreso, el gendarme Héctor Guerrero le había partido la cabeza al fotorreportero Grillo con una de las granadas de gas lacrimógeno que disparó esa tarde.
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A partir del trabajo colaborativo entre la querella que patrocina a Navarro y el colectivo Mapa de la Policía , se logró reconstruir la secuencia en la que el joven termina gravemente herido. Y también identificar al tirador del Rifle Táctico Disuasivo Byrna TCR . El 28 de julio el Mapa de la Policía difundió esa reconstrucción, donde varios elementos despejan toda duda acerca de quién efectuó el disparo criminal: el rifle es de un color naranja particular que contrasta con las demás armas de la Prefectura; el prefecto tiene una marca blanca en su casco que lo distingue de sus compañeros y accesorios como protecciones en sus antebrazos y un guante negro.
Este martes el Mapa de la Policía difundió un nuevo video en el que cuenta que, a partir de la reconstrucción del disparo, “la Justicia logró identificar al autor material. Se trata del oficial auxiliar Sebastián Emanuel Martínez, de la Agrupación Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, quien quedó imputado y citado a indagatoria el 16 de septiembre. Además, la jueza ordenó la prohibición de salida del país para el efectivo”. La jueza es María Romilda Servini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de la Ciudad de Buenos Aires.
Como ya se relató en este diario, y al igual que en el caso de Pablo Grillo, el oficial Martínez disparó violando las indicaciones expresas del “manual de uso” del Byrna TCR . “Se evitará apuntar a las siguientes áreas, a menos que se justifique un nivel elevado de fuerza: cara-cabeza-cuello / garganta y genitales”, dice el instructivo oficial. En el caso de Navarro, además, el disparo fue a poco más de tres metros, lo que convierte al proyectil de “disuasión” en una munición letal que puede alcanzar una velocidad de 300 kilómetros por hora. Todas cosas que saben bien desde Bullrich hasta Martínez, pasando por toda la cadena de mandos.
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El lícito preguntarse si la jueza Servini hubiera llamado a indagatoria al prefecto Martínez de no haber existido la reconstrucción colectiva que le proveyó a la querella pruebas contundentes en su búsqueda de verdad y justicia. ¿Cuánto más podría investigar ella, con todos los recursos del Estado a su alcance? ¿Sólo el perro rabioso Martínez será imputado en el caso?
Desde el Mapa de la Policía afirman que es a través de reconstrucciones como las que realizan, con aportes de infinidad de reporteros, camarógrafos y manifestantes que registran lo que pasa, que “cada agente policial, gendarme o prefecto que ejerza violencia ilegal tendrá que responder por sus acciones frente a la Justicia y podrá ser sancionado. Y podrían cumplir condena efectiva en una cárcel común”.
A su vez alertan que “los funcionarios políticos que hoy empujan a las fuerzas de manera irregular y desmedida más tarde o más temprano dejarán el poder y serán los efectivos en calle los que padecerán las consecuencias de la irresponsabilidad de sus mandos”. Sin dudas, cuando se trata de crímenes de Estado contra la población, desde hace décadas la impunidad de los funcionarios está a la orden del día.
Desde este espacio creemos que, más que de “irresponsabilidad de los mandos”, se puede hablar sin dudas de una convicción represiva desplegada a pleno, aún conociendo las consecuencias. Y de un cumplimiento también convencido de parte de las tropas. Ningún pistolero con uniforme debería poder alegar algún tipo de “obediencia debida” para zafar de una condena.
Claramente, como agrega el Mapa de la Policía , “cuando cada uno de estos actos ilegales contra la población fueron ordenados y coordinados por el Comando Unificado de las Fuerzas Federales”, queda más que claro que también “la sanción judicial debe apuntar hacia quienes deciden y encubren la violencia estatal”. ¿Es eso lo que hará la jueza Servini? ¿Tendrá el coraje, con todas las pruebas sobre la mesa, de imputar a la ministra de “Seguridad Nacional” y todos sus secuaces del Gabinete y de las fuerzas federales involucrados en el caso? No dependerá de ella. Como lo demostró la historia, la organización y movilización popular deberán estar a la altura para imponérselo.