Guillermo «El Concheto» Álvarez, ubicado en el podio de de los peores asesinos múltiples de la historia argentina, recibirá una indemnización de 11.000 dólares, equivalentes a más de 14 millones de pesos, por parte del Estado argentino.
Lo confirmó el decreto firmado por el presidente Javier Milei, junto con los ministros Francos, Cúneo Libarona, Caputo y Werthein y publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que dispuso el pago en efectivo «por un monto total equivalente a 11.000 dólares estadounidenses en concepto de indemnización por daño material e inmaterial» y estableció las partidas con la que se afrontará dicha erogación.
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La periodista Virginia Messi te cuenta todo sobre la historia de este asesino serial.
Como aclara el decreto, la medida se toma en cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre de 2023 condenó al Estado argentino por violaciones a las garantías judiciales durante uno de los juicios en contra de Alvarez.
En agosto de 1996, Alvarez tenía 18 años cuando la Policía fue a su casa de la localidad de Acassuso y se lo llevó preso, acusado de ser líder de una banda de asaltantes responsable de tres homicidios en ocasión de robo. Era un pibe de plata que había elegido salir a robar «de caño» junto a un grupo de chicos -algunos menores- que reclutaba en la villas Uruguay y La Cava.
Por su condición social -su padre era dueño de 15 salas de cine- se lo bautizó como «El Concheto», aunque sus horas de gimnasio también le valieron el apodo de «Patovica». Incluso detenido, siempre fue un preso de alto perfil: durante la pandemia, se convirtió uno de los interlocutores de los presos amotinados en la cárcel de Devoto ante las autoridades penitenciarias.
En la cárcel, Alvarez se recibió de abogado y llevó adelante su propia defensa. En 2023, logró que la CIDH pusiera en tela de juicio su condena a perpetua. En un fallo, el organismo consideró responsable al Estado argentino por la violación de los derechos y garantías judiciales de Álvarez. Le dio la razón en una serie de puntos planteados sobre el juicio en el que recibió la pena máxima del Código Penal.
Fue en la causa por cuatro asaltos a restaurantes y al pub Company de Belgrano, en el que murió una joven de 24 años, Adriana Carballido, y el policía Fernando Aguirre (28).
Los jueces internacionales consideraron que en el juicio de Company se vulneró el principio de inocencia porque Álvarez estuvo esposado de pies y manos todo el debate, que ningún tribunal superior revisó la sentencia a fondo y que su defensa no tuvo oportunidad de preparar su caso.
«En la actualidad es reconocido que ‘la pena de prisión o reclusión perpetua ha sido considerada como sustituto de la pena de muerte en el proceso de humanización de las penas’. Sin embargo, la sustitución de la pena de muerte por la de prisión perpetua desde nuestra perspectiva, no constituye una humanización de la pena, e incluso puede llegar a ser tan severa e indigna como la misma pena capital«, escribieron los jueces de la CIDH en uno de los pasajes del fallo.
Entre el 23 y el 28 de julio de 1996, “El Concheto” Álvarez concretó ocho asaltos en los que mató al empresario Bernardo Loitegui, además de Carballido y Aguirre. Ya preso por esa seguidilla de terror, en noviembre de 1998 asesinó de un facazo a un compañero de pabellón en la Unidad 16 de Caseros, Elbio «Monito» Aranda.
De todas las condenas que tuvo, la más alta fue la dictada el 28 de octubre de 1999 por el Tribunal Oral de Menores N° 1 (Caso Company), por el delito de «robo agravado por el uso de armas reiterado en cuatro oportunidades, una de ellas en grado de tentativa, homicidio calificado por haber sido perpetuado para consumarlo y, consecuentemente, lograr impunidad y lesiones graves».
Este es el fallo que cuestionó en noviembre de 2023 la CIDH, ordenando al Estado argentino el pago en el plazo de un año de una indemnización de 11.000 dólares «en concepto de indemnización por daño material e inmaterial», que se concretará ahora.