El periodista de investigación Hugo Alconada Mon reveló este domingo que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) está elaborando “reportes” sobre actividades, reuniones y movilizaciones que protagonizan “líderes políticos, sociales y sindicales de todos los partidos y espacios, pero con una salvedad: no reporta datos sobre La Libertad Avanza o sus dirigentes ni sobre funcionarios nacionales”.
La SIDE versión libertariana está conducida por Sergio Neiffert, un publicista y productor mediático que antes de ser nombrado en el cargo no tenía ningún tipo de experiencia en el área. Su relación estrecha con Santiago Caputo lo colocó en ese lugar “estratégico” para las acciones clandestinas del Estado en perjuicio de la población. Porque los servicios de inteligencia ya no pueden pensarse tan sólo como las “cloacas” del Estado capitalista, parafraseando al italiano Norberto Bobbio, sino más bien como parte de sus “cimientos”.
Alconada Mon reprodujo en un artículo de La Nación fragmentos de uno de esos informes, titulado Hechos previstos 09JUL25 (fechado el martes 8 de julio), en el que se lee un reporte de actividades políticas realizadas el Día de la Independencia por parte de referentes políticos de izquierda, del peronismo y radicales, entre otros.
La redacción del informe estuvo a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) , una de las cuatro patas en las que Neiffert dividió la SIDE hace un año. A su frente está el también caputista Alejandro Cecati y, según el decreto de “necesidad” y “urgencia” (¿?) 614/24 que creó el nuevo organigrama, la función de la agencia debería ser investigar “amenazas susceptibles de afectar los derechos y garantías de los habitantes de la República Argentina y la plena vigencia y funcionamiento de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal”. Nada que ver con informes como éste.
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Según el artículo de La Nación, el reporte de inteligencia tiene nueve carillas y puntea “actividades públicas −todas lícitas− que se llevarían a cabo el miércoles 9 y días posteriores, como protestas gremiales, convocatorias callejeras y hasta actos culturales, además de actividades de colectivos de jubilados, personas con discapacidades, entre otros”. Precisa “horarios, recorridas y lugares específicos de concentración de cada una”, sin ninguna referencia a supuestas “amenazas a la seguridad” que justifique tal sistematización de información.
Bajo el rótulo de “obtención y reunión de información” (lenguaje típico de los informes basados en espionaje ilegal) hay datos sobre gobernadores como Axel Kicillof (Buenos Aires) y Alberto Weretilneck (Río Negro), legisladores como el senador Wado de Pedro y el diputado Facundo Manes, intendentes como Mayra Mendoza y exintendentes como Néstor Grindetti, referentes de la UCR , el PJ (Máximo Kirchner), el Frente Renovador (Sergio Massa) y la Coalición Cívica y organizaciones como la CGT , la CTA la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FePeViNa) , el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y La Bancaria .
También hay referencias específicas y las jubiladas y los jubilados que se movilizan al Congreso todos los miércoles.
“Sin identificar a su autor, autora o autores, el informe tampoco detalla la hora en que fue redactado y distribuido dentro de la SIDE ”, afirma Alconada Mon. Y destaca que a lo largo de las nueve carillas “no consignaron actividad alguna de funcionarios nacionales, figuras de La Libertad Avanza (LLA) o de ‘Las fuerzas del cielo’, como tampoco sobre las negociaciones y reuniones que por esas horas protagonizaban o estaban por protagonizar la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y algunos colaboradores, como Sebastián Pareja o Eduardo ‘Lule’ Menem con emisarios de PRO como Diego Santilli y Cristian Ritondo”.
“Según los analistas o agentes que redactaron el reporte, esos y otros temas permitían anticipar ‘un escenario de alta conflictividad tanto en el plano parlamentario como en el social’”, afirma el periodista de La Nación. Algo que le permitiría al Gobierno de Javier Milei “anticipar y mapear el accionar de actores políticos y sociales, y evidenció el seguimiento de estrategias electorales y construcción política de espacios opositores y sindicales”. Según expertos consultados por el propio Alconada Mon, eso por sí mismo “podría configurar una violación de la legislación vigente”.
En efecto, la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional prohíbe recolectar y sistematizar información sobre personas o grupos “por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
Para algunas fuentes trascriptas por La Nación, “el informe describe eventos públicos (como reuniones políticas y protestas) basados en datos de acceso público (redes sociales, prensa), sin que haya evidencia de espionaje ilegal, como podría ser la interceptación de comunicaciones privadas”. Pero sí es “cuestionable” que la SIDE “monitoree a actores políticos y releve estrategias partidarias, o haga un seguimiento de las protestas sociales”.
Otras fuentes sí afirman que reportes como el develado por Alconada Mon violan o están al borde de violar la Ley de Inteligencia Nacional. “Podría interpretarse como un ‘resumen de prensa’ elaborado por analistas de la SIDE basados en ‘fuentes abiertas’, sí, pero me pregunto para qué la SIDE destina personal, tiempo y recursos a algo que podría hacerlo el equipo de Adorni”, dijo uno de los consultados.
Otro agregó: “Informes de ese tipo los elaboraban −y acaso los sigan elaborando− en la Policía Federal , la Gendarmería o la Prefectura , pero si lo hace la SIDE , entonces debería consignar qué delitos investigaría o qué podría amenazar la seguridad pública, para de ese modo justificar este tipo de informes, pero no ocurrió. Y aunque ese tipo de informes se haya hecho en el pasado, es ilegal”.
Finalmente Alconada Mon dice que se contactó con el vocero presidencial Manuel Adorni para tener una versión oficial sobre el informe Hechos previstos 09JUL25, “pero no obtuvo respuesta a su consulta”.
El decreto de Milei que creó la SIDE aseguraba que “la desnaturalización del rol de la agencia de inteligencia durante décadas fue total; lejos de poner sus recursos al servicio de la protección del pueblo argentino, el organismo fue utilizado para actividades espurias, como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política e ideológica”. O sea, lo mismo que están haciendo los espías bajo las órdenes de Milei, Caputo y Neiffert.
Pasan los gobiernos y la SIDE sigue siendo un organismo dedicado a espiar ilegalmente, armar causas y perseguir política y judicialmente tanto a opositores como a organizaciones sociales, sindicales, políticas, estudiantiles, ambientalistas, originarias, culturales y a la izquierda. Su historia está plagada de complicidad o acción directa en hechos de magnitud como el atentado a la AMIA o participación en el gran delito organizado.
Como ya se escribió en este sitio, los partidos patronales se la pasan afirmando que los “servicios” son necesarios para la “seguridad” del país. Pero la historia demuestra que nunca se apartaron de su real misión: acumular información de la sociedad para utilizarla en beneficio de las clases dominantes y de los gobiernos de turno.
Las organizaciones de derechos humanos, la izquierda, sobrevivientes de la dictadura y familiares de víctimas de la represión en “democracia” llevan décadas exigieron que se abran los archivos del espionaje, donde están las explicaciones a muchos de los más atroces crímenes cometidos desde el propio Estado o con su complicidad.
Ningún gobierno, sea de derecha o “progresista”, ordenó poner en conocimiento de la población esa información secreta que sigue en manos la SIDE , de las fuerzas federales, policías provinciales, Fuerzas Armadas y servicios penitenciarios.
Los multimillonarios presupuestos destinados a sostener esos “servicios” nunca son cuestionados y siempre hay una nueva “necesidad” (excusa) para agrandarlos. Así, cada nuevo inquilino de la Casa Rosada los usa para controlar, perseguir y reprimir a gusto. No hay interés nacional ni popular que justifique la existencia ese espionaje. La cuestión de fondo pasa por disolver todo aparato de inteligencia montado para perseguir al pueblo trabajador y a los que luchan.