El Gobierno oficializó esta semana la postergación del aumento en las tarifas de gas y electricidad de mayo, que había anunciado a comienzos de mes pero que nunca llegó a confirmar oficialmente. Disminuye la velocidad del ajuste tarifario al suspender –presumiblemente también en junio- el ajuste mensual del valor del metro cúbico consumido. En medio de una ola polar, los tarifazos de Milei se combinan con el congelamiento de los salarios y presionan sobre la clase media. Un servicio interrumpido e importaciones millonarias que no estaban programadas completan el estado de cosas, mientras el gasoducto podría transportar el doble de fluido si el Gobierno no hubiera decidido paralizar las obras.
A través de una Resolución publicada en el Boletín Oficial el lunes 20, emitida por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) dependiente del Ministerio de Economía, se frenó la suba en las tarifas de gas prevista para mayo y que tendría otro incremento extra en septiembre, según había anunciado el Gobierno a principios de mes. Se trata de la suspensión del ajuste mensual del valor del metro cúbico consumido pero los nuevos cuadros tarifarios aprobados en abril –con incrementos que oscilaron entre el 250 y 375 por ciento respecto a marzo- se aplicarán nuevamente en junio, afirman desde la Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco).
Todavía el Gobierno no confirmó el congelamiento tarifario de junio, pero sí ratificó el que había frenado la Justicia en mayo para el caso del servicio de agua, que tuvo incrementos por encima del 200 por ciento.
El nuevo esquema tarifario que puso en marcha la administración de Milei a comienzos de año supuso dolarizar el precio del gas, elevar en hasta 3.900 por ciento los cargos fijos residenciales y elevar el valor del metro cúbico que además seguiría una indexación mensual. Esto ha sido congelado, “con el objeto de consolidar el proceso de desinflación llevado a cabo por el Gobierno”, decía la Resolución de Enargas. Los números que avalaron esta práctica fueron los 4 y 5 puntos del índice de inflación de abril explicados por la suba del gas, en un contexto donde el item de los servicios públicos aumentó un 35,6 por ciento mientras el índice general subió 8,8 por ciento según Indec.
Es la velocidad del ajuste tarifario lo que obligó a graduar la dinámica de los precios. No queda claro si se busca “apuntalar la desaceleración de la inflación”, como dijo el ministro de Economía Luis Caputo cuando dio a conocer la decisión del congelamiento, o se quiere evitar una “persistencia inflacionaria” en niveles altos, como indicó el posteriormente atacado exministro de Economía, Domingo Cavallo.
El «ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad» encontró como límite, paradójicamente, la dinámica de precios y el empeoramiento del contexto social. Presionado, Caputo no dudó en sopesar los negocios entre privados con la fuerza del Estado, tal como hizo esta semana cuando intervino para contener la suba de los dólares paralelos. La necesidad del Gobierno sigue siendo reducir los subsidios a la energía, que en 2023 llegaron al equivalente de 1,6 por ciento del PBI hasta 1,1 puntos porcentuales este año.
Aumentos y aumentos
En abril de 2023, el gobierno de Alberto Fernández, cumpliendo con el pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) para contener el gasto público, avanzó en la quita de subsidios energéticos mediante el proceso que se conoció como “segmentación tarifaria”, que ubicaba a los usuarios en distintos niveles según sus ingresos. Pero entonces los aumentos en el gas promediaron un 25 por ciento sobre las facturas finales.
Colmando las expectativas del FMI, los aumentos que aplicó Milei a comienzos de año a partir de la quita de subsidios implicaron que en abril casi se triplicó el precio del gas que venían pagando los hogares de altos ingresos de la segmentación (N1) y los usuarios de uso no domésticos (el «Servicio General P» de las industrias y comercios). Mientras que los hogares de ingresos bajos (N2) vieron duplicadas las facturas del gas. En el caso de los usuarios de ingresos medios (N3) el precio se triplicó para una canasta de consumo medio subsidiado, pero debían pagar el precio de los N1 por el resto de su demanda: en estos casos la tarifa se quintuplicó.
Según los cálculos de Deuco, un hogar de ingreso medio con un consumo de 100 metros cúbicos de gas por mes pagaba una factura de gas de 3.303 pesos en marzo de este año y al mes siguiente, luego de la quita del subsidio, abonó 15.266 pesos. Ese valor se conformó de un cargo fijo que en abril fue de 7.687 pesos (versus 1.122 pesos en marzo) más un costo por metro cúbico de 75,79 pesos en abril (contra 21,81 en marzo). La suba fue del 362 por ciento, de las más altas para los residenciales.
Para los usuarios del nivel 1, en tanto, el valor de la factura pasó de 6.472 pesos en marzo a 22.395 pesos en abril de este año. Valor que se conformó por un cargo fijo de 7.687 pesos (versus 1.541 pesos en marzo) más un costo por metro cúbico consumido de 147 pesos en abril (contra 49,3 pesos el mes anterior), también siguiendo las estimaciones de Deuco. El aumento tarifario fue del 246 por ciento.
Por otra parte, a partir de la ola polar que empezó este miércoles, el Enargas declaró el estado de “pre emergencia” e instruyó a las empresas distribuidoras y transportistas de gas a que garantizaran el fluido a los usuarios residenciales (que son demanda prioritaria) activando los servicios interrumpibles. Así, muchas estaciones de servicio GNC que tienen “contratos interrumpibles” debieron suspender el suministro esta semana, al igual que algunas industrias de manera preventiva: 120 estaciones de servicios restringieron la venta al público de gas la semana pasada, en su mayoría en la provincias de Buenos Aires.
Lo curioso, además, es que por la inacción oficial, el gasoducto Néstor Kirchner está funcionando a la mitad de su capacidad: transporta 11 millones de metros cúbicos diarios de gas –pero podría estar transportando 22 millones- debido a que el Gobierno retaceó el giro de fondos a constructoras a cargo de las obras, según informó el portal especializado EconoJournal. Economía mantiene una deuda de 40 millones con las constructoras Sacde y Contreras, que impidió terminar las plantas para este invierno.
Ahora el Gobierno debe importar combustibles líquidos de urgencia para afrontar el faltante de gas y evitar más interrupciones de servicios. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) abrió este miércoles una licitación para adquirir 12 cargamentos de fueloil y gasoil, cuyo costo estimado rondará los 600 millones de dólares. Una suma no menor si se consigna que la puesta en marcha del Gasoducto Néstor Kirchner de Vaca Muerta, en agosto del año pasado, permitirá al país ahorrar en importaciones de combustibles líquidos (como gasoil, fuel oil y también de Gas Natural Licuado) unos 2.000 millones de dólares este 2024. A la limitación en la provisión local, se sumó la suspensión de los envíos de energía de Brasil hacia Argentina a causa de las inundaciones en el sur del territorio.
En el caso del servicio del gas, el Estado no subsidia directamente a los usuarios, como ocurre con electricidad, sino que mantiene subvenciones al sector a través del Plan Gas. Esto es: cubre la diferencia entre los costos medios de producción y el valor del precio mayorista, o en «boca de pozo», denominado PIST. Si el PIST es más bajo que los costos medios, el Estado le transfiere la diferencia a las petroleras. Otros componentes de la tarifa final del gas son los márgenes de transporte, distribución y los impuestos.