La Justicia dio marcha atrás con la suspensión del aumento del pasaje de subterráneos, lo cual habilitó que a partir del viernes pasado el valor del viaje aumente de 125 a 574 pesos. Mientras esta novedad se daba a conocer, el Gobierno nacional confirmó que analiza postergar el aumento de tarifas energéticas previsto para los meses de invierno en virtud de que los resultados fiscales son mejores de los previstos.
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«Aún no tomamos ninguna determinación, pero puede ocurrir», señaló el vocero presidencial Manuel Adorni al ser consultado al respecto durante su conferencia de prensa diaria en la Casa de Gobierno.
«El recorte del gasto público que hicimos de shock para equilibrar las cuentas tuvo resultados más veloces de lo esperado», afirmó el portavoz presidencial. En base a este escenario, señaló: «Cuando tenés superávit fiscal podés dosificar como debe recaer el peso (de los ajustes) en determinados sectores de la sociedad y no ponerles una espada en el cuello».
El aumento del subte originalmente previsto por el gobierno de la Ciudad para empezar a regir el viernes 17 de mayo había quedado en suspenso por la medida precautelar dispuesta por la jueza en lo contencioso administrativo Elena Liberatori. De esa manera, le había ordenando al gobierno porteño y a la empresa Sbase abstenerse de modificar la tarifa «hasta tanto se encuentre contestado el traslado» de la demanda.
Durante su presentación ante el CICyP, el Presidente Javier Milei admitió que en los primeros meses de su gobierno se había «sobre reaccionado el ajuste» en virtud de la situación heredada. Para los próximos meses estaban programados una serie de aumentos pendientes que ahora volverán a postergarse.
Ya sobre el fin del mes de abril, el gobierno había decidido postergar los aumentos previstos para este mes en gas, electricidad y combustibles con la intención de no cargar con más gastos el presupuesto de los hogares de clase media, según explicó en ese momento el ministro de Economía, Luis Caputo.
Para este mes de mayo, estaba programado el inicio de la aplicación de la fórmula de actualización mensual de las tarifas de electricidad y gas, contemplando la inflación acumulada en el o los meses anteriores.
Por otra parte, se informó en la misma oportunidad que «el Gobierno Nacional definió diferir la actualización correspondiente al cuarto trimestre de 2023 de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, al 1° de junio de 2024».
En cuanto a las tarifas de luz y gas, Economía dejó en ese momento en suspenso la quita de subsidios para los sectores de ingresos bajos (N2) y medios (N3) en gas y electricidad; y el aumento de la tarifa que debían pagar los comercios, industrias y hogares de ingresos altos. De acuerdo a lo que reconoció este jueves el vocero presidencial, se está analizando una nueva postergación de los ajustes durante todo el invierno, aunque no precisó si la decisión alcanzará también a los usuarios o clientes no residenciales.
Conflicto en el autotransporte
Las cámaras del autotransporte y el sindicato del sector, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), suspendieron la reunión prevista para el jueves pasado ante la falta de respuestas del gobierno nacional y pasaron a un cuarto intermedio hasta el martes 21. Los empresarios de colectivos dijeron que la postergación fue para evitar un paro de actividades este mismo jueves, aunque la amenaza queda latente para la semana que viene.
En el último acuerdo paritario, el sector patronal aceptó pagar dos cuotas de 250 mil pesos cada una en mayo y en junio, pero la UTA reclama además una actualización de ingresos que lleve el salario básico mensual a 987 mil pesos. Frente a esto, la estructura de costos reconocida por la Secretaría de Transporte autoriza a las empresas a pagar 737 mil pesos a los choferes o poner la diferencia de su bolsillo.
Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), en marzo el precio «real» de un boleto debió haber sido de 1198 pesos. Los pasajeros cubrieron con las tarifas un mínimo de 270 pesos, y el Estado, con subsidios, otros 354 pesos para llegar a los 624 reconocidos. La diferencia, de 574, fue a «pérdida» de las empresas, que ajustan frecuencias, unidades, extienden la renovación del parque en años de antigüedad y disminuyen la seguridad del servicio. Son casi 93.000 millones de pesos mensuales que no están reconocidos por el Estado.
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Artículo publicado originalmente el 17 de mayo de 2024