En el marco del superávit fiscal obtenido en los primeros meses del año, el gobierno de Javier Milei aplicó una fuerte caída del 30 por ciento en la ejecución del Presupuesto en el primer cuatrimestre. Así surge de un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analizó la dinámica de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional en ese período.
Entre las principales conclusiones detectó una fuerte caída de la ejecución real respecto del mismo período del 2023, lo cual implica un «significativo ajuste del gasto público en áreas sensibles de la administración». Además, verificó un gran peso de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos, de tal forma que dicha función representó nada menos que el 15 por ciento del total de gastos. De hecho, es la única que se mantiene estable en términos reales respecto al mismo período de 2023, con un leve descenso del 3,7 por ciento.
Al analizar el gasto por organismos, se detectaron fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud (-42 por ciento), ANMAT (-14), hospitales nacionales e incluso en el Instituto Nacional del Cáncer (-14) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-13).
En materia científica la situación no es mejor, ya que hubo fuertes recortes en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y otros organismos como la Conae, Conicet y Coneau.
Los organismos de la seguridad social están sufriendo fuertes recortes. En la Anses llega al 26 por ciento respecto al año pasado. También se detectaron recortes del 71 por ciento en el INAES y de 39 en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
En materia de desarrollo productivo, la Secretaría de Agricultura tiene un recorte del 89 por ciento, producto en buena medida de la eliminación de los programas para la agricultura familiar y cooperativa, mientras que la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo cae más del 88 por ciento. Otros programas como Senasa, INTA e INTI también tienen caídas en su ejecución presupuestaria.
Los casos de los organismos de seguridad también tienen marcados retrocesos en su ejecución, especialmente las fuerzas federales. Es el caso de la Policía Federal (-26 por ciento), Gendarmería Nacional (-25), Policía de Seguridad Aeroportuaria (-21) y Prefectura Naval (-25). La misma realidad se presenta para las Fuerzas Armadas, con reducciones de las partidas del Ejército (-11 por ciento), la Armada (-16) y la Fuerza Aérea (-10).