8.000 infracciones en tan solo tres meses. Uno de los radares instalados en la frontera franco-española ha provocado la indignación entre los habitantes y conductores que transitan a diario por la zona. El dispositivo en cuestión comenzó a operar a mediados de octubre de 2024 y fue instalado en la carretera francesa N-11 por el ayuntamiento de La Jonquera, con el objetivo de reducir los accidentes y mejorar la seguridad vial en un tramo donde la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora.
Según una información del medio francés L’Indépendant, la medida fue implementada poco después de la inauguración de la ampliación del Gran Jonquera, un importante centro comercial en la región. El tramo controlado atraviesa toda la localidad y es una vía de gran tránsito de coches, especialmente por su proximidad a la frontera entre España y Francia.
El dispositivo ya se ha materializado en un impacto económico considerable. Según el medio, las multas emitidas por el radar en este periodo podrían haber generado cerca de 500.000 euros para las arcas municipales, una cifra que en tan solo tres meses representa la mitad del millón de euros que la municipalidad había proyectado recaudar con este sistema durante todo el año 2025.
La instalación del radar fue justificada por la alcaldesa de La Jonquera como una respuesta a las “numerosas quejas” y accidentes registrados en la zona, muchos de ellos relacionados con el exceso de velocidad.
A pesar de los argumentos de seguridad esgrimidos por las autoridades, el radar sigue generando un fuerte rechazo entre los habitantes y usuarios de la carretera. Según una información de Diari de Girona, en un solo día se recogieron 300 firmas en una petición que exige la retirada del dispositivo al considerarlo demasiado estricto e innecesario. Sus detractores alegan que en ese tramo no se ha registrado un aumento de accidentes en una vía que no cuenta con pasos de peatones ni semáforos.
En todo caso, el radar ha dividido a la comunidad local, con algunos residentes apoyando la medida como una forma de controlar el tráfico en una zona de alto riesgo, mientras que otros la ven únicamente como una herramienta de recaudación que penaliza de manera desproporcionada a los conductores.
A medida que crece la oposición al radar, el futuro de este dispositivo en La Jonquera es incierto. La presión de los ciudadanos, reflejada en la rápida recolección de firmas, podría llevar a las autoridades locales a reconsiderar su ubicación o incluso su permanencia.
Según un informe reciente de la Dirección General de Tráfico (DGT), el radar del kilómetro 20,2 de la M-40 en Madrid es el dispositivo de control que más infracciones detecta en toda España, además de ser el más activo desde 2017. Durante el último año, este radar, ubicado en una zona con límite de 80 kilómetros por hora, registró 118.149 denuncias por exceso de velocidad, lo que equivale a una multa cada cuatro minutos y medio.
En comparación, el segundo radar más sancionador del país se encuentra en el kilómetro 127,6 de la A-15, en Navarra, con 49.677 multas emitidas en el mismo periodo. El tercer lugar lo ocupa el dispositivo situado en el kilómetro 978,9 de la A-7, en Málaga, que detectó 45.522 infracciones. Así, el radar madrileño supera ampliamente a los demás en número de sanciones impuestas.