El Gobierno desclasificó información de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y del Ejército sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman y comenzó a girar los documentos a la Justicia, a una semana de que se cumplan 10 años de su muerte.
Ocurrió luego del requerimiento que hizo el fiscal Eduardo Taiano, que recibió el material este viernes por la tarde. En los días siguientes habrá más entregas de documentos, conforme se vayan procesando.
Taiano había hecho un pedido expreso al Gobierno con la intención de reconstruir qué pasó el 18 de enero del 2015, luego de que Nisman fuera encontrado muerto en el baño de su departamento con un tiro en la cabeza. Por entonces, investigaba la voladura de la AMIA y había denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuesto encubrimiento.
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En la información que se giró a la fiscalía figuran diez datos, entre ellos información de agentes «inorgánicos», también denominados «buches», además del entrecruzamiento de teléfonos de esos espías, en especial en la actividad que tuvieron en los momentos previos y posteriores a que se lo hallara sin vida a Nisman.
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La Justicia busca determinar si hubo responsabilidad de integrantes de la SIDE durante la era kirchnerista sobre la muerte del fiscal. También existen sospechas sobre la actividad del entonces jefe del Ejército, César Milani, y hombres cercanos a él ligados a posibles tareas de espionaje ilegal.
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La fiscalía ratificó este viernes en un informe que la muerte del fiscal se trató de un homicidio vinculado a su investigación del atentado a la AMIA y a su denuncia por la firma del Memorándum con Irán.
«El fiscal federal Natalio Alberto Nisman fue víctima de un homicidio y que su muerte estuvo motivada en su labor en la UFI- AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán», subraya el informe de 56 carillas en la investigación que lleva adelante el fiscal Taiano.
Los investigadores remarcan que hasta hoy «se encuentran en curso la producción de medidas tendientes a determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron, conforme a la hipótesis de la fiscalía».
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La investigación está delegada en la fiscalía de Taiano por decisión del juez del caso, Julián Ercolini y según el informe difundido se apunta, entre otros aspectos, al rol de los servicios de inteligencia en el gobierno de Cristina Kirchner, además del desarrollo de medidas de prueba para dar con los autores materiales y con quienes ordenaron el crimen.
«La vinculación de los servicios de inteligencia con la investigación del atentado a la sede de la AMIA fue algo que se verificó desde sus albores. Esta relación tomó mayor relevancia luego de la creación de la UFI-AMIA por orden del Presidente Kirchner y el mandato de colaboración de la entonces SIDE al fiscal Nisman», expresa el documento.
Pero, la fiscalía advierte que, en relación a esa colaboración, «se incorporaron constancias indicando que con posterioridad al fallecimiento del Presidente Kirchner la situación cambió», explica en el informe difundido por el sitio web de la Procuración General de la Nación.
«Aproximadamente para finales del año 2010 y principios de 2011, el Poder Ejecutivo Nacional, en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, decidió un viraje en su política exterior respecto de la República Islámica de Irán, que se tradujo en una orden a la Secretaría de Inteligencia para que cese en la investigación del atentado a la sede de la AMIA y su colaboración con el fiscal que llevaba adelante la causa», asegura la fiscalía.
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Ante ello, aseguran que hubo una «negativa de un sector del organismo dedicado a la inteligencia nacional de cumplir esa orden, se dio comienzo a una fractura entre este grupo y las máximas autoridades nacionales y las dependencias de la Secretaría de Inteligencia que continuaban respondiéndole».
En ese período ubicó la fiscalía la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado y «la labor desplegada por Nisman para sostener su inconstitucionalidad». Taiano y su equipo de investigación ubican en ese lapso medidas del Poder Ejecutivo para «favorecer y fomentar» la labor de inteligencia del Ejército Argentino, uno de los aspectos que se investiga en la causa.
En la investigación se «han solicitado nuevas medidas de prueba a distintas dependencias. Se libraron nuevas órdenes de presentación a empresas telefónicas a los efectos de obtener los registros entrantes y salientes de abonados que siguen surgiendo en la trama descripta, que se traducen en cerca de 100 nuevas líneas telefónicas que serán incorporadas a las actividades de entrecruzamiento y análisis de comunicaciones que se encuentran en trámite».
«Se imputó a Luis Alberto Heiler -prefecto general de la Prefectura Nacional Argentina-, Román Di Santo -jefe de la Policía Federal Argentina-, Sergio Berni -secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación- y Darío Ruiz -secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación-, quienes intervinieron en el procedimiento llevado a cabo en el complejo Le Parc Puerto Madero a raíz de las irregularidades detectadas en el
ámbito de su accionar», recordó además la fiscalía.
En la actualidad sigue la declaración como testigos de agentes de inteligencia que mantuvieron «comunicaciones relevantes» el fin de semana de la muerte de Nisman y continúa el entrecruzamiento de la información.
Gi