El grupo inversor Cima SA, junto a una alianza de acreedores granarios de la agroexportadora defaulteada Vicentin, compraron la deuda que el emporio nacido en el norte santafesino tiene con bancos internacionales para así transformarse en un jugador decisivo sobre el futuro del holding: contra el concurso de acreedores con quitas de hasta el 80% y largos plazos para los pequeños y medianos perjudicados que plantea el directorio de la firma caída en desgracia por sus propios manejos fraudulentos, impulsan el esquema de cramdown, es decir la adquisición de activos para reflotar los negocios y cobrarse las acreencias en mejores términos. La decisión sobre si se ratifica el concurso o se va al cramdown está en manos de la Corte Suprema de Santa Fe.
Cima SA es la que aparece como la compradora de las acreencias de los bancos extranjeros a través de un esquema de captación de inversores mediante varias sociedades offshore con la promesa de tentadoras tasas de retorno. Es una alyc (Agente de Liquidación y Compensación) que preside Esteban Nofal. El grupo empresario informó en un comunicado que compró un conjunto de créditos correspondientes a los montos verificados en el marco del concurso de la cerealera por un total nominal de 447.194.396,91 dólares, pero no explicitó el desembolso efectivo realizado.
Según el detalle expuesto por Cima, las entidades financieras que le cedieron sus créditos con Vicentin son IFC (por 205.785.014,45 dólares nominales), FMO (122.278.129.55 dólares), ING (46.429.718,73 dólares), RaboBank Group (22.781.133.64 dólares), MUFG Bank (12.381.296,09 dólares), SMBC Group (12.381.296,09 dólares) y Natixis Investment Managers (9.934.586,27 dólares).
Vicentin, en su plan de concurso, les había propuesto a esos bancos devolverles el 30% de la deuda impaga, lo que en total suma unos 135 millones de dólares. Fuentes del mercado estiman que Cima SA compró esas acreencias a 11 centavos por dólar nominal, lo que da unos 70 millones de dólares.
La agroexportadora dejó un tendal de perjudicados falseando estados contables para mostrar una situación financiera ficticiamente saludable con la que siguió obteniendo préstamos y comprando cereal que nunca pagó. El proceso judicial de quiebra arrancó en 2019.
La oferta de pago presentada por Vicentin fue rechazada en primera instancia pero avalada en Cámara de Apelaciones de Reconquista. Ahora, es la Corte Suprema de Santa Fe la que tiene en sus manos la decisión de avalar la homologación de la propuesta o habilitar la instancia de salvataje (cramdown) tras admitir la queja de la firma acreedora Commodities SA y conceder el recurso de inconstitucionalidad al acuerdo homologado en segunda instancia. A esa última opción apuesta Cima, para lo cual sumó una serie de inversores que pusieron la plata para comprar las acreencias de las entidades financieras externas.
La alyc no operó este camino, que se explora desde hace dos años, sola. “Cima ha iniciado diálogos con diversos actores interesados en el proceso, incluyendo al Grupo Grassi, con miras a explorar su participación en un eventual cramdown. Es nuestra intención colaborar con todas las partes que deseen sumar valor, construyendo soluciones que atiendan de manera justa los intereses de los acreedores y demás actores involucrados, y que prioricen la preservación de las fuentes de trabajo, cuidando el valioso capital humano de la compañía”, admite el texto del grupo inversor.
El grupo liderado por Mariano Grassi es el segundo acreedor comercial de Vicentin detrás de la cooperativa ACA. Grassi es titular de Commodities SA, el que recurrió a la Corte, y uno de los impulsores del cramdown como “propuesta superadora” para saldar la deuda en default de Vicentin y quedarse con la explotación de los recursos de la firma, evitando el desguace que late como peligro en el esquema propuesto por el directorio de la cerealera defaulteada. Es que ese plan, cuyos socios estratégicos son Bunge, Viterra y ACA, solo contempla las plantas de San Lorenzo, Ricardone y Timbúes, dejando afuera los activos industriales que el emporio quebrado tiene en el norte santafesino. La estrategia de Grassi, en cambio, está acompañada por un grupo importante de acreedores granarios. Y se apoya en un complejo esquema de atracción de inversores que, se rumorea, es el que formalmente encabeza Cima SA.
De acuerdo a un paper que circuló hace unos días, la operación tuvo como eje a la sociedad Soripel, creada en 2022 y radicada en Uruguay que preside el titular de Cima SA, Nofal. Soripel es la depositaria del préstamo de los inversores, pero se lo extiende a la firma Deep Cap, con domicilio en el paraíso fiscal de Luxemburgo, que es la compradora de las acreencias de Vicentin con los bancos extranjeros verificadas en el concurso que se sustancia en Reconquista. El monto, de nuevo y según esos documentos, es de alrededor de 72 millones de dólares.
Vicentin reaccionó a la novedad de la compra de las acreencias de los bancos internacionales. En un comunicado, pidió definiciones a la Corte de Santa Fe. “Hacemos saber a nuestro personal, a nuestros acreedores y a todas las partes relacionadas con el concurso de la sociedad que, de confirmarse esta información, nada habrá cambiado en el proceso cuya terminación perseguimos hace más de dos años y medio”, dijo. El texto sigue: “Desde hace dos meses, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tiene en sus manos la homologación definitiva de la propuesta que aprobaron una mayoría contundente de acreedores, y esperamos que resuelva conforme a derecho. El Procurador General, por su parte, ya se ha expedido por el rechazo de la queja presentada por Commodities y ahora corresponde el voto de los jueces del Tribunal Superior”.