Actualmente, nos preocupa el déficit en dispositivos que brinden contención en salud mental, y cuando se logra la difícil inclusión, por ejemplo, en centros de día para realización de tratamientos por consumo de sustancias psicoactivas, aparecen otras dificultades económicas para garantizar hasta un traslado en colectivo
Desde el Colegio de Trabajo Social de la 2da circunscripción vemos con gran preocupación las políticas provinciales y nacionales hacia el sistema penal juvenil. El último periodo fue signado por recortes presupuestarios, vaciamientos institucionales de recursos materiales y humanos y políticas de mano dura que no hicieron más que agravar la situación de vulnerabilidad de este sector social, ya desguarnecido de políticas de integración e inclusión social.
Recientemente a nivel provincial, fue sancionada y promulgada la Ley 14228 que establece un nuevo Código Procesal Penal Juvenil en la Provincia de Santa Fe y que entrará en vigencia en el año 2025 regulando el proceso penal para personas que al momento de la comisión del delito tengan menos de 18 años. Esto implicará pasar de un proceso escrito a oral pasando la investigación a cargo del Ministerio Público de la Acusación y el juzgamiento por los Jueces del Colegio de Jueces.
Esta reforma pone en debate el campo penal y como colectivo profesional, nuestra practica acerca de la implementación de esta nueva modalidad en el juzgamiento de las y los jóvenes. Principalmente nos insta a pensar en cómo se garantizará la especialidad juvenil en las diversas etapas del proceso penal, ya que está pensado,organizado y desarrollado desde el sistema de adultos. Como bien sabemos en esta profesión, el abordaje con las y los adolescentes requiere de otros tiempos que el de los adultos, y el solo hecho de estar atravesando esta etapa de la vida deberá resignificar sus singularidades.
Los nuevos escenarios de políticas para las adolescencias santafesinas guarda su correlato con el contexto nacional. El pasado 15 de julio del 2024 el Poder Ejecutivo de la Nación presentó un proyecto de ley que pretende estructurar un nuevo régimen penal juvenil y bajar la edad de punibilidad a los 13 años. El mismo, se encuentra en tratamiento legislativo en diversas comisiones del Congreso de la Nación, junto a otros 17 proyectos legislativos de similares características.
Ante esto, decidimos participar de la Multisectorial “No a la Baja” junto a otras organizaciones, colegios profesionales y movimientos territoriales que se desempeñan en el área de las infancias y las adolescencias en la ciudad de Rosario, con el fin de coordinar acciones conjuntas, generar debates, nuevos consensos y sensibilización con la problemática.
Como Colegio de Trabajo Social planteamos que discutir un nuevo régimen penal juvenil basado solo en la baja de edad es una discusión sesgada. Ya que evita analizar que políticas públicas son necesarias para garantizar sus derechos. Esto no implica negar la existencia de delitos y situaciones de violencia provocadas por adolescentes no punibles (menores de 16 años), sino que afirmamos que debe el Estado actuar desde un área de protección de derechos y no criminizarlos por algún acto.
Las estadísticas de la Base General de datos de Niñas, Niños y adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación muestran que el primer semestre de este año 907 niños, niñas y adolescentes tuvieron causas penales iniciadas en la Justicia nacional de Menores. Lo que demuestra un descenso del 8%, en comparación con igual período de 2023. El 90% de los 907 NNyA con causas penales en la Justicia Nacional de Menores son varones, mientras que el 84% de las causas corresponden a delitos contra la propiedad (principalmente robos de distintos tipos). En cuanto a la edad de los NNyA involucrados el 60,1% tenía 16 o 17 años al momento del hecho, un 38% entre 13 y 15 y un 1,9% 12 años o menos.De acuerdo a los datos aportados por el último censo del 2022 , la Junta Federal de Cortes , la Base de Datos mencionada anteriormente Unicef da cuenta que el porcentaje nacional de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la Ley en Argentina representa el 0,45% del total de niños a nivel nacional. Estos números no solo reflejan un numero escaso de población infantojuvenil, sino que como toda estadística reviste el dato frio, sin el correlato de sus historias de vida y las ausencias del Estado como garante de sus derechos.
Por su parte, las diferentes leyes de rango constitucional e internacional (Convención de los derechos del niño, leyes nacionales y provinciales en materia de niñez y derechos humanos) son el marco desde donde nos situamos para poder contextualizar nuestras intervenciones en este campo. Legislación que promueve políticas de Derechos Humanos acorde a estándares internacionales, con prácticas humanizantes, abordajes integrales y principalmente no punitivistas.
En este sentido, el Trabajo Social puede -y debe- aportar otra mirada que nos interpela y da cuenta de historias de trayectorias de vida, donde creemos que sin un Estado presente en los barrios no es posible garantizar derechos en niños, niñas y adolescentes. El abordaje debe estar dado en ayudar a pibes y pibas a resolver los conflictos interpersonales, a poder recuperarse de consumos problemáticos, a ayudarles a construir horizontes de futuros posibles y a poder reparar con sus vecinos las consecuencias de sus actos, como así también acompañar a sus familias en el cuidado cuando no pueden con ellos.
Tenemos la convicción de que en esta nueva instancia se deben reforzar los programas y dispositivos para jóvenes con políticas públicas que las y los incluyan, con recursos presupuestarios acordes, en donde los recursos humanos interdisciplinarios cuenten con salarios acordes y sean priorizados. Actualmente, nos preocupa el déficit en dispositivos que brinden contención en salud mental, y cuando se logra la difícil inclusión, por ejemplo, en centros de día para realización de tratamientos por consumo de sustancias psicoactivas, aparecen otras dificultades económicas para garantizar hasta un traslado en colectivo. Tales medidas sin todo lo necesario no hacen más que obturar el sostenimiento de estos/as jóvenes en diversos espacios.
Finalmente, no queremos deja de poner de manifiesto que tenemos la firme convicción que cada causa que se tramite en el fuero penal juvenil está atravesada por una historia de vida, por lo que necesitamos seguir sumando al discurso jurídico otros discursos disciplinarios. Es por ello prioritario continuar también desde el Poder Judicial y todo el sistema penal en general (seguridad, dispositivos de las Direcciones Provinciales penal Juvenil, adolescencia y familia, servicios locales) con un abordaje y una mirada social propia de nuestra disciplina y quehacer profesional.
COMISIÓN NO A LA BAJA
COLEGIO DE PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL DE SANTA FE 2DA CIRCUNSCRIPCIÓN