Martín Romeo, querellante y damnificado, aseguró que la Cámara Federal ordenó acelerar la investigación y cuestionó la falta de procesamientos en la causa.
A un año del escándalo cripto conocido como “caso Libra”, el denunciante y damnificado Martín Romeo sostuvo que el presidente Javier Milei “miente sistemáticamente” sobre lo ocurrido y reclamó avances concretos en la causa judicial.
En declaraciones radiales, Romeo señaló que tras la finalización de la feria judicial la situación dejó “un gusto dulce para la querella”, ya que —según explicó— la Cámara Federal de Buenos Aires instó al juez Ariel Lijo y al fiscal Carlos Stornelli Taiano a imprimir mayor celeridad al expediente.
“La Cámara Federal le dijo al juez y al fiscal que tienen que acelerar la instrucción. La etapa de pruebas se está extendiendo más de lo necesario”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que “las únicas pruebas de las que se hablan son de las que presentamos nosotros” y remarcó que “no hay procesados, no hay declaratoria” hasta el momento.
Romeo también aseguró que la querella logró reconstruir el recorrido del dinero presuntamente involucrado en la operatoria. “Nosotros logramos hacer toda la trazabilidad de la plata desde que sale de la billetera de Davis hasta que termina en las manos de Novelli, el prestamista de Milei”, indicó.
Según el denunciante, “era un secreto a voces que habían existido esos pagos” y agregó que el trabajo presentado ante la Justicia fue respaldado por auditorías internacionales. “Trabajamos con auditoras de nivel mundial para avalar todo lo que presentamos”, enfatizó.
Finalmente, apuntó contra el mandatario al afirmar que “Milei miente sistemáticamente cuando dice que no tiene nada que ver, porque la trazabilidad del dinero está probada y documentada en el expediente”.
Para Romeo, la evidencia presentada contradice la versión oficial y obliga a la Justicia a avanzar hacia eventuales indagatorias y definiciones procesales.
La causa continúa en etapa de instrucción y, pese a los planteos de la querella, aún no registra procesamientos ni llamados a indagatoria, en un expediente que mantiene repercusión política por la presunta vinculación del entorno presidencial con la operatoria denunciada.
Fuente: SFA/NA