La maratónica audiencia pública sobre el futuro de la Vía Navegable Troncal del río Paraná se convirtió, el último lunes, en un acto de impugnación masiva y contundente, con cerca de 250 participantes de todo el país que, con argumentos científicos, técnicos, legales, ambientales y políticos, cuestionaron la decisión del gobierno de avanzar con la licitación. Desde la falta de sustento ambiental hasta la entrega de la soberanía nacional, las críticas expusieron un proceso viciado que busca legitimar obras ya decididas, como la profundización del dragado a 44 pies.
Representantes de organizaciones sociales, productivas, ambientalistas, técnicas y de la Iglesia Católica impugnaron el proceso de convocatoria, principalmente por la ausencia de un estudio de impacto ambiental serio y profundo. Nueve de cadas diez exposiciones se enmarcaron en rechazo a los planes de relicitación que impulsa el gobierno de Milei.
La audiencia se desarrolló en medio de un silencio mediático y político que a contrapelo de la importancias estratégica que el tema tiene para el futuro de la Argentina dio cuenta del intento de utilizarla como legitimación de los planes de saqueo del gobierno y las grandes exportadoras extranjeras, sostuvieron desde el Foro por la Recuperación del Paraná.
Soberanía en riesgo y vaciamiento estatal
Las voces críticas, como la de Luciano Orellano (del mencionado Foro), señalaron que la iniciativa se enmarca en la idea planteada por la dictadura y los gobiernos liberales de que «achicar el Estado es agrandar la Nación», lo que se evidencia en la disolución de la Administración General de Puertos y el vaciamiento de la Subsecretaría de Vías Navegables.
Orellano interpeló a la necesidad de recuperar la soberanía fluvial y marítima, señalando la inaudita situación de la Argentina: «Han producido un milagro, un Estado con el 63% de su territorio en el agua que no tiene flota».
La falta de control es alarmante, describió: «La Argentina, de sus 100 puertos, no controla, no gestiona, no administra ninguno de sus puertos». Para el Foro, la solución es política: «La primera soberanía es la política… pregunto: ¿quién gobierna la cuenca? No hay medio ambiente, no hay comercio, no hay un desarrollo que integra a la mayoría, sino discutimos primero esto».
El mensaje final fue un llamado a pelear por la soberanía: «Los paisanos, los gauchos, los indios, los que derramaron la sangre en la Vuelta de los Obligados de nuestra emancipación americana, lo hicieron para que el río sea nuestro». Concluyó con una dramática advertencia: «Lo hemos perdido al río y no hay ninguna posibilidad de felicidad del pueblo argentino si nosotros no lo recuperamos».
Facundo Retamoza, también del Foro, fue enfático al describir la actual gestión como peligrosa: «Resulta muy peligroso y perjudicial abandonar la posibilidad de ejercer soberanamente la planificación, administración y control de nuestro río Paraná, objetivo que sólo el Estado debe y puede cumplir, y que hace a nuestra seguridad nacional».
El núcleo de la resistencia ambiental se centró en la exigencia de las multinacionales, que «evaden, subfacturan, contaminan y trafican ilegalmente o casualidad, las mismas que hoy exigen regar a 44 pies sin estudio de impacto ambiental». El Estado, al vaciar sus organismos, corre el riesgo de dejar de ser actor: «Es insostenible que frente a la propuesta de semejante obra, el llamado a audiencia pública se realice sin presentar un estudio de impacto ambiental serio y profundo».
A pesar del abandono, Retamoza destacó que en las delegaciones de vías navegables «permanecen recursos vitales» que se debe «proteger y volver a poner en valor» , como las dragas Capitán Núñez, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes.
El clamor por el ambiente y el agua como derecho
Uno de los ejes centrales del rechazo fue el intento de avanzar con las obras, como el dragado a 44 pies, «sin estudio de impacto ambiental». Abogados/as Ambientalistas denunciaron que las obras de dragado ya están en curso sin línea de base ni evaluación de impactos acumulativos, lo que vulnera el Acuerdo de Escazú.
Martha Arriola, en representación de Cuidadores de la Casa Común, leyó un documento de la Comisión Episcopal de Pastoral y Obispos de la Iglesia Católica, invocando la encíclica «Laudato Si». El texto puso en el centro la preocupación por la «profunda crisis civilizatoria» y la tendencia a «privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía».
«El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas.», afirmó Arriola.
Se insistió en que los barcos deben adaptarse a los ríos y no al revés. Las organizaciones exigieron la anulación del proceso y la suspensión inmediata de la licitación proyectada, demandando que se conceda el tiempo necesario para la escucha efectiva de todas las comunidades que habitan la cuenca.