La comisión investigadora aprobó recurrir a la Corte Suprema y citó al presidente tras conocerse que más de 1.300 usuarios locales habrían sido afectados por la criptomoneda.
La Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $Libra volvió a reunirse esta semana en el Congreso y resolvió volver a citar al presidente Javier Milei para que brinde explicaciones sobre el caso, tras confirmarse que hubo más de mil argentinos estafados con el token.
Durante el encuentro, los legisladores aprobaron además recurrir a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario federal, en caso de que la Cámara Federal confirme el fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi que rechazó el uso de la fuerza pública para hacer comparecer a los funcionarios que se niegan a declarar.
La investigación avanza sobre posibles vínculos entre la criptomoneda Libra y funcionarios del gobierno nacional, entre ellos Milei y su hermana Karina. La comisión pedirá información detallada a plataformas de intercambio de activos virtuales —entre ellas Binance, Ripio, Lemon, Buenbit, OKX y Coinbase— sobre billeteras y movimientos vinculados a altos cargos del Ejecutivo.
Argentinos afectados y declaraciones cruzadas
Durante la reunión, el diputado Juan Marino (Unión por la Patria) pidió citar nuevamente al presidente “para que venga a dar explicaciones y clarificar sus dichos”, luego de que Ripio informara oficialmente que 1.358 usuarios residentes en Argentina operaron con Libra, de los cuales 1.329 son argentinos.
El dato contradice las declaraciones de Milei, quien había minimizado el alcance del caso al sostener que “no hay más de cinco argentinos” perjudicados. “Quedó demostrado que el presidente faltó a la verdad: hubo cientos de afectados en el país y no se trató de un negocio para expertos, sino de un producto abierto al público general”, sostuvo Marino.
El presidente de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro explicó que se presentó un recurso de apelación contra la resolución del juez Martínez de Giorgi, que había denegado la posibilidad de citar por la fuerza pública a los funcionarios que evitaron declarar. Si la Cámara rechaza la apelación, la comisión recurrirá a la Corte Suprema “para garantizar la colaboración judicial”.
Además, se solicitó al Ministerio de Justicia que entregue los expedientes de la Unidad de Investigación de Criptomonedas, ante sospechas de encubrimiento o falta de actuación. “Podrían estar ocultando información relevante”, advirtió Marino.
Fuente: SFA/R2