El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof brindó una entrevista en la que defendió la expropiación de YPF, un hecho que actualmente genera un dolor de cabeza para el Estado, a partir de la demanda que el fondo Burford lleva adelante en los tribunales de Estados Unidos.
En su declaración, Kicillof dijo que «208 diputados estuvieron de acuerdo en que la ley de Expropiación era superior al estatuto de la empresa». Además, el gobernador señaló que, pese a que en ese momento se habían cerrado los conflictos judiciales en el marco de la Ley de Expropiación, el fondo Burford compró el «presunto juicio a la quiebra de los Eskenazi» por u$s15.000.000 y que luego fueron a buscar un tribunal «para que les diera la razón».
La mención de los Eskenazi no es un tema menor. Es que la familia empresaria puede cobrar una fortuna, luego de haber adquirido un porcentaje de la petrolera prácticamente sin poner un peso.
Durante años, la familia Eskenazi se caracterizó por un perfil bajo en el mundo empresarial. Sin embargo, esa imagen comenzó a cambiar de manera notoria cuando su grupo desembarcó en el sector energético adquiriendo el 25% de YPF, en ese momento la compañía más grande del país y bajo control de la española Repsol.
Sebastián Eskenazi pasó a tener un rol visible, llegando incluso a ocupar posiciones ejecutivas dentro de la petrolera tras el ingreso accionario del Grupo Petersen.
La operación se concretó con respaldo político: con apoyo del entonces matrimonio presidencial Kirchner, el desembarco se dio en dos tramos. En 2008 compraron el 14,9% por u$s2.235 millones y, más adelante, otro 10,1% por u$s1.304 millones.
Ese movimiento llamó la atención por varios motivos. El primero: los Eskenazi no tenían antecedentes en energía y, de un día para el otro, se transformaron en accionistas relevantes y parte de la gestión de una de las compañías estratégicas del país.
En aquel momento, Antonio Brufau, entonces presidente de Repsol YPF, defendió la alianza afirmando que «el Grupo Petersen es el socio más idóneo por su experiencia en mercados regulados, por su estructura industrial y financiera y por su conocimiento de la realidad argentina».
Pero lo que más polémica generó fue el esquema financiero. La compra se hizo con créditos otorgados por la propia Repsol y un consorcio de bancos internacionales, con la promesa de pagar esos préstamos gracias a los dividendos futuros de YPF.
Esa ingeniería fue duramente cuestionada. El abogado especialista en fusiones y adquisiciones, Juan Javier Negri consideró que «la forma en que la familia Eskenazi adquirió las acciones de YPF francamente es escandalosa».
Negri explicó en más de una ocasión: «Prácticamente, compraron sin un centavo. Se comprometieron a pagar 100, y 98 llegaban vía dividendos en el futuro, con lo cual la inversión inicial fue muy escasa».
La maniobra, que en 2011 tuvo su foto oficial con el apretón de manos entre Enrique Eskenazi y Antonio Brufau, también fue blanco de denuncias judiciales. En aquel momento, diputados opositores la señalaron como una operación presuntamente ilícita, aunque hasta hoy la causa no tuvo avances significativos en los tribunales. Por su parte, representantes de las compañías involucradas siempre negaron cualquier irregularidad.
La reestatización de YPF y la posterior demanda en los tribunales internacionales
En 2012, el gobierno de Cristina Fernández impulsó la reestatización de YPF. Al comprar el 51% de la empresa a Repsol por u$s5.000 millones, el Estado argentino no lanzó una oferta pública a los demás accionistas, como exigía el estatuto.
Según explicó en una editorial tiempo atrás el periodista Carlos Pagni, entonces «los Eskenazi se quedan con el derecho a reclamar por algo que poseían sin haber puesto una moneda, y reclaman como empresa española, Petersen Energía». «Es una sociedad española cuyos accionistas son personajes bastante misteriosos de una sociedad australiana. Esos derechos los venden al fondo Burford, que es un fondo que compra litigios para hacer una fortuna con la diferencia entre lo que está comprando cuando el juicio todavía no empezó y el final del juicio, que ellos suponen con probabilidades de éxito», aclara.
«Quedaron asociados al fondo y vendiendo a Burford solo una parte: 70% lo tiene Burford y 30% los Eskenazi. Por eso los Eskenazi tienen derecho a cobrar el 30% del éxito o fracaso del juicio. Van a cobrar ese porcentaje de lo que finalmente la jueza asigne o pague. Hoy son u$s16.000 millones; de ese 30% tendrán que pagar los gastos de la quiebra o los gastos del concurso, que son básicamente honorarios profesionales, nada importante. Es decir, que los Eskenazi, que entraron de la mano de Néstor a YPF, van a hacer una fortuna», agregó Pagni.
Si bien el Grupo Petersen afirma que renunció al derecho a litigar contra el Estado argentino y «es totalmente ajeno a la demanda» que inició Burford, el abogado especialista Negri señaló a la BBC que «hay fundadas sospechas de que la familia Eskenazi retuvo una parte del pleito».
«Si alguna vez recuperan fondos por parte del Estado argentino, es probable que parte de esos fondos terminen de vuelta en la familia», dijo Negri. En tal caso, agregó la BBC, «luego de saldar cuentas con acreedores por el quiebre de sus empresas energéticas, los Eskenazi contabilicen ganancias una vez más».
Los Eskenazi y el juicio a YPF: de socios cercanos al poder a un litigio millonario
Entre 2007 y 2009, se registraron más de 50 ingresos de miembros de la familia Eskenazi a la Quinta de Olivos. En aquel entonces, Néstor Kirchner y Cristina Fernández -quien asumió la presidencia en 2007- residían en la casa oficial.
Para la fiscalía, esta asiduidad y los créditos millonarios otorgados a los Kirchner por un banco del Grupo Eskenazi podrían haber sido indicios de la cercanía entre ambas familias.
Esa conclusión fue esbozada años más tarde por el fiscal Diego Luciani, en el marco del juicio por corrupción que terminó con una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner, ratificada por la Corte Suprema en junio pasado.
Aunque los negocios de los Eskenazi no fueron eje del juicio, su apellido quedó vinculado a una trama mayor de poder y negocios con proyección judicial e internacional.
La expansión del Grupo Petersen -con intereses en construcción, agro, finanzas y servicios- fue liderada por Enrique Eskenazi, fallecido en enero a los 99 años. De origen santafesino, ingeniero químico de formación y con posgrados en EE.UU., transformó una empresa constructora en uno de los conglomerados privados más grandes del país.
La relación con los Kirchner podría haber comenzado cuando Néstor era gobernador de Santa Cruz y privatizó el banco provincial. La entidad quedó en manos del Grupo Petersen, en una operación que aún genera cuestionamientos por las condiciones favorables al comprador.
Según Luciani, esa misma entidad habría otorgado créditos por más de u$s10 millones a la familia presidencial, y fue el banco donde hizo carrera Lázaro Báez, el empresario acusado de ser testaferro de los Kirchner.
Además, señaló que la constructora Petersen podría haber simulado competencia en licitaciones donde se direccionaban contratos a favor de Báez. Cristina Fernández negó estas acusaciones en el juicio y las atribuyó a una persecución política.
Luego de su muerte, el manejo del conglomerado empresarial quedó en manos de sus hijos: tuvo 5 con su esposa Hazel Sylvia Toni Storey, también fallecida.