El gobernador Maximiliano Pullaro, a través de sus abogados Jorge M. Ilharrescondo e Ignacio E. Martín pidió 10 años de prisión para el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, en la causa en la que está acusado de regentear una supuesta asociación ilícita y la realización de acciones de inteligencia prohibidas. El pedido de penas también alcanza a parte de quienes trabajaron como colaboradores en el Ministerio. Por otro lado, la Fiscalía de Estado a cargo de Domingo Rondina también hizo lo propio en representación del Estadio provincial, pero en esta ocasión el pedido es de 11 años de cárcel. Para el resto de sus colaboradores el pedido de penas es menor, ya que a Sain lo ubican como jefe de la asociación ilícita.
La acusación se basa en la participación de los imputados en una supuesta asociación ilícita y la realización de acciones de inteligencia prohibidas. En la investigación se develó que la estructura cread por Sain espió a abogados, periodistas y opositores al gobierno que integraba.
Asociación Ilícita
A Sain lo acusan de formar una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada, que funcionó desde el 30 de diciembre de 2019 hasta el 26 de noviembre de 2021 . Esta organización estaba compuesta por funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe y del Organismo de Investigaciones.
- Marcelo Sain está señalado como el jefe de la asociación.
- Nadia Schujman y Débora Cotichini son identificadas como las organizadoras .
- Esteban Germán Montenegro, Diego Alfredo Rodríguez, Pablo Álvarez, María Agustina Moulins y Milagros Bernard son considerados miembros de la asociación.
Se alega que la organización tenía un objetivo criminal: cometer diversos delitos contra la administración pública y personas. Esto incluye utilizar recursos, instalaciones y herramientas del Estado para fines ajenos a la seguridad, como hostigar o intimidar a rivales políticos y empresarios.
Acciones de Inteligencia Prohibidas 🕵️
Se acusa a los mismos ex funcionarios de realizar acciones de inteligencia prohibidas por la ley 25.520 . El propósito era obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas basándose en su opinión política, afiliación partidaria, o actividades lícitas.
Estas actividades se realizaban a través del acceso a bases de datos públicos y privados (como Sudamericadata, Nosis, Veraz, Migraciones, etc.), así como de redes sociales y medios de comunicación. Con la información recabada, se crearon «perfiles» o «dossiers» que incluían datos personales, financieros, patrimoniales y de relaciones.
En este contexto, la querella de Maximiliano Pullaro se centra en tres puntos específicos:
- Perfilamiento de Maximiliano Pullaro y su entorno : Se acusa a la asociación ilícita de obtener información sobre Pullaro, sus hermanos, su exsecretario privado y otros allegados. Se habrían confeccionado informes de inteligencia para influir en la situación política de la provincia y en la opinión pública. La acusación menciona una conversación en la que Marcelo Sain ordenó un «perfilado» de las empresas de «pullarito» para dárselo a un grupo de periodistas.
- Informe de inteligencia sobre Pablo Cococcioni : Se documenta la elaboración de un informe titulado «Historia Política de Pablo Cococcioni», con la finalidad de analizar su trayectoria política.
- Investigación sobre Ana Viglione : La acusación detalla la orden de Débora Cotichini para obtener y sistematizar información sobre Ana Viglione. Se menciona que esta información, que incluía datos de expedientes judiciales, fue revelada posteriormente en un programa de televisión.
Fiscalía