El nuevo Código Procesal Penal afronta un desafío clave: contar con los recursos tecnológicos y edilicios necesarios. Este último aspecto es indispensable para garantizar el correcto funcionamiento de la nueva modalidad que otorgará a los fiscales plena responsabilidad sobre los procesos de investigación y acusación en los casos. La llegada del Sistema Acusatorio a Comodoro Py se postergó porque entre los aspectos a resolver, a criterio de la Procuración General de la Nación, sobresalen las falencias edilicias. El Ministerio de Justicia dijo que no era motivo “para no cumplir la ley” y el enfrentamiento entre fiscales y el gobierno, suma capítulos.
El sistema acusatorio deja atrás el adversarial que rige en la mayoría de las jurisdicciones de nuestro país. Pone al frente del procesos de investigación y de las decisiones adoptadas en ese marco, a los fiscales. En el presente los jueces dirigen el proceso y toman las decisiones, tienen la potestad de delegar en los fiscales las investigaciones como no.
La oralidad en todo el transcurso del caso, es otra de las particularidades del Acusatorio que mantiene al juez garante del proceso. Sin la burocracia reinante en muchos distritos, este nuevo modelo de justicia pretende dar mayor celeridad a los expedientes.
Un reclamo en el que coinciden el Poder Judicial como el Ministerio Público Fiscal, refiere a la cantidad de cargos vacantes. Los números preocupan ante el cambio de sistema que demanda más recursos humanos, además de subsanar las dificultades edilicias. En el caso de los magistrados el 32,93% de los puestos están sin cubrir, en la Procuración la cifra trepa al 40%.
“Cubrir los cargos es una responsabilidad absoluta del Gobierno”, indicaron fuentes judiciales a Clarín. El Consejo de la Magistratura que confecciona las ternas después del procesos de concurso y evaluación, remitió 222 pliegos al Poder Ejecutivo que permanecen allí hace más de un año y medio. Sin fecha para su envío al Congreso, la crisis de los sillones vacíos sólo tiende a profundizarse.
En medio de ese dato estadístico, el Gobierno considera que en tres meses sin posibilidades a ninguna postergación, implementará el Sistema acusatorio en Comodoro Py, el fuero donde tramitan casos complejos y de impacto social.
Con el foco colocado en los problemas a resolver, el Consejo de la Magistratura presidido por el juez Horacio Rosatti -cabeza del Poder Judicial-, avanzó en una serie de reformas integrales en los Tribunales de Retiro donde las mayores dificultades se presentan: cableados de 1930, falta de espacio, problemas estructurales, provisión de agua, entre otros.
“Las deficiencias edilicias y tecnológicas no justifican ni habilitan que se incumpla una ley vigente desde hace más de una década. No obstante, como consecuencia de reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, vinculados a la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción, esta cartera resuelve diferir la entrada en vigencia por un plazo excepcional e improrrogable de tres meses”, expresó en un comunicado oficial el Ministerio de justicia que dirige Mariano Cúneo Libarona.
A esos aspectos respondió en una nota de doce páginas, el jefe de los fiscales, Eduardo Casal. La Procuración General de la Nación, “siempre estuvo enderezada a asegurar las condiciones mínimas para un desempeño adecuado para que no se vea comprometido el éxito de esta transición, indispensable para el cumplimiento de la ley, dentro del marco de austeridad que debe guiar toda gestión que involucre fondos públicos”, se señaló.
El mensaje expuso otra discusión: el cumplimiento de la Ley que ordena la implementación del Código Procesal Penal, señalaron desde el MPF “otorga potestad al Ministerio de Justicia que tiene bajo su órbita la puesta en marcha del sistema acusatorio, lo que implica responsabilidad a la hora de garantizar el debido funcionamiento del sistema”, explicó una fuente judicial a Clarín.
En ese punto se hizo particular énfasis en las falencias edilicias. La PGN señaló que es necesario contar con los recursos necesarios, especialmente en materia de equipamiento, infraestructura y personal “que surge de los diagnósticos elaborados en esta sede han informado”, dijo el jefe de los fiscales.
Insistir en este reclamo, entienden los fiscales federales no es un aspecto menor, ya que como dijo Eduardo Casal no contar con la debida infraestructura podría poner “en riesgo” la implementación del sistema acusatorio que como objetivo primario tiene garantizar “el éxito de las investigaciones y actuaciones penales actualmente llevadas adelante en casos graves y complejos”, señaló la PGN.
Se mencionó el anuncio del Gobierno respecto de la cesión del Edificio Raúl Ricardo Alfonsín del predio correspondiente a la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)-. Se dio intervención al servicio de Asesoría Jurídica Permanente del organismo que “formuló una serie de consideraciones acerca de posibles obstáculos para concretarla. A los fines de que esas circunstancias sean atendidas por su Ministerio y así garantizar el cumplimiento del marco normativo aplicable, se adjunta al presente el dictamen mencionado”, señaló en la nota enviada a Cúneo Libarona.
Llevar adelante la implementación del nuevo Código Procesal Penal, conlleva -detalló Casal-, el “desplazamiento significativo de personal y mobiliario, así como también de una serie de tareas de refacción de las oficinas abarcadas”. Por lo tanto, inevitablemente “demandará un considerable tiempo y disposición de recursos, dentro de un proceso que podría iniciarse sorteadas que sean las observaciones formuladas por la Asesoría Jurídica de la Procuración General de la Nación”.
Se recordó que a la fecha “no se han efectuado aún las adaptaciones necesarias para el correcto funcionamiento del organismo y, por ende, los edificios actuales no son adecuados para las nuevas competencias del MPF bajo el sistema acusatorio”.
Ante esta situación, también se han iniciado gestiones para buscar locaciones que satisfagan los requerimientos del nuevo sistema y, como plan de contingencia, “se contempla la posibilidad de mudar dependencias a otros edificios para facilitar la implementación”.
Hacer frente a esas locaciones, demanda indefectiblemente, un refuerzo presupuestario. Cabe recordar que este año habían requerido al Ministerio de Hacienda una partida de 641.000 millones de pesos, sin embargo sólo fueron aceptados 454.807 millones. La Procuración recordó que la ayuda financiera se está requiriendo desde marzo del año pasado ante el Ministerio de Justicia, “en su carácter de intermediario con el Poder Ejecutivo y de impulsor de este proceso de implementación”.
Así, explicó Eduardo Casal, las dificultades financieras que enfrenta el MPF “debido a restricciones presupuestarias impuestas a todo el Estado, complejizan el avance en las adecuaciones referidas y justifican que, en uso de las atribuciones y conforme a las obligaciones por usted asumidas al hacerse cargo del establecimiento del cronograma de implementación, se garanticen los recursos necesarios de acuerdo a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 27148”.