La inseguridad alimentaria infantil llegó al 35,5% en el país en 2024, afectando a 4,3 millones de niños y adolescentes, en tanto que la forma más extrema del flagelo alcanzó al 16,5% de las infancias.
Así lo determinó un relevamiento del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) basado en el período 2010-2024.
De acuerdo con lo que indica la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su sitio web, “una persona puede caer en la categoría de inseguridad alimentaria cuando carece de acceso regular a suficientes alimentos seguros y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales”.
El estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que relevó la situación de personas de hasta 17 años, detectó una tendencia sostenida al alza en los últimos años, con picos en 2018, 2020 y 2024.
“La inseguridad alimentaria afecta especialmente a hogares pobres, con jefas o jefes con inserción laboral precaria, familias monoparentales y numerosas”, alerta el informe al respecto coordinado por Ianina Tuñón y Agustín Salvia, que se difundió en parte y a modo de adelanto, debido a que será presentado con mayores detalles a las 18 de este jueves.
El estudio advierte que, si bien hubo políticas públicas tendientes a mitigar los contextos críticos, fueron limitadas frente a los factores estructurales persistentes que afectan a los hogares más vulnerables.
“La permanencia escolar opera como un factor de protección frente al agravamiento de la inseguridad alimentaria”, sostiene el informe, titulado “Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual”.
En el documento se explica que “la escolarización suele estar asociada al acceso a comedores escolares y otros recursos del sistema educativo, así como a una mayor integración social y contacto con redes de contención y cuidado”.
El informe, además, detalla que transferencias de ingresos como los generadas por la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar tienen un efecto protector. Según el reporte, redujeron la inseguridad alimentaria en 0,81 puntos en la escala del índice. No obstante, su impacto es limitado frente a la precariedad laboral estructural.
El relevamiento, además, reveló que, en hogares monoparentales, la incidencia de la inseguridad alimentaria fue 12 puntos más alta que en los biparentales a lo largo de la serie 2010-2024.
Asimismo, detectó que las familias de cinco o más miembros registraron niveles superiores del flagelo, con una brecha que se amplió en los últimos años.