La oposición ahora exige tratar las propuestas en las comisiones paralizadas por el oficialismo. Esta semana, también se dictaminaron proyectos jubilatorios.
-
Suma respaldo el proyecto de gobernadores por el reparto de fondos
-
Primera reacción del Congreso ante el fallo por YPF: rechazo a la entrega de acciones a fondos buitre
La Comisión de Población y Desarrollo Humano alcanzó el dictamen de la emergencia en discapacidad.
Se acerca la posibilidad de aprobar la declaración de la emergencia para discapacidad, que atendería las deudas con los proveedores y la restauración del sistema de pensiones. El Senado dictaminó el proyecto en la Comisión de Población y Desarrollo Humano, aunque aún resta conseguir un nuevo dictamen para elevarlo a la sesión, en donde la oposición es optimista respecto a conseguir las mayorías para convertirse en ley.
El dictamen mayoritario fue firmado por senadores del peronismo y del radicalismo (estos últimos, en disidencia, acompañando pero con modificaciones). Al igual que en la Cámara de Diputados, el oficialismo sostiene una estrategia de paralización de la actividad legislativa, que es señalada por miembros de la oposición. En ese sentido, le exigen al jujeño Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) que convoque a la Comisión de Presupuesto, que él preside, para elevar el proyecto a una sesión.
Se trata del segundo dictamen que consigue la oposición en los últimos días. El anterior fue el pasado martes, cuando la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO), quiso levantar el encuentro de la comisión al retirarse. Sin embargo, el vicepresidente del espacio, el porteño Mariano Recalde (Unión por la Patria), ejerció como autoridad parlamentaria y logró avanzar en el respaldo mayoritario (nueve firmas, ocho de ellas peronistas, junto con la larretista Guadalupe Tagliaferri) de los proyectos de incremento a los ingresos jubilatorios, el aumento del bono extraordinario y la restauración de la moratoria previsional.
Al conseguir media sanción en Diputados, la iniciativa de emergencia para discapacidad alcanzó 148 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones. En caso de aprobarse, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, es decir que traspasará el corriente mandato presidencial de Javier Milei. Sin embargo, el Presidente de la Nación ya advirtió que vetaría cualquier propuesta alternativa a su agenda de gobierno, incluyendo también todas las propuestas jubilatorias.
Emergencia en Discapacidad.jfif
@LicDanielArroyo
Emergencia en Discapacidad: qué dice el proyecto
El proyecto de emergencia de Discapacidad propone saldar deudas y actualizar las retribuciones para los prestadores de servicios (transportistas, acompañantes terapéuticos, hogares). Asimismo, postula aumentar los fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales, remuneración que no se modifica desde febrero del 2023.
A su vez, se solicita una mayor eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones, dado que en los últimos 14 meses se otorgaron apenas 586 de las 500.000 solicitudes. La iniciativa tendría un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
El Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), expresó su postura en un comunicado en donde «manifiesta su enérgico rechazo al proyecto» al entenderlo como «una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión».
La ANDIS interpreta que «la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el modelo social promueven la vida independiente y la eliminación de barreras que perpetúan desigualdades. Las personas con discapacidad no buscan una asistencia pasiva, económica y permanente, sino políticas públicas que garanticen inclusión plena en todos los ámbitos». «Es fundamental avanzar hacia un modelo que priorice la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad, asegurando que sus derechos sean respetados y protegidos en todos los ámbitos de la sociedad», concluye.
Informe Fernando Brovelli.-