El Gobierno nacional anunció este jueves que enviará al Congreso el Proyecto de Ley de Principio de Inocencia Fiscal, que para promover el uso de los dólares del “colchón” justifica la evasión y otros delitos, al mejor estilo de los blanqueos impulsados por el oficialismo.
José Luis Espert, figura protagonista de la conferencia de prensa donde se presentó la iniciativa en clave de campaña electoral, con eje principal en la provincia de Buenos Aires, fundamentó la evasión como “la preservación del ahorro”. Mientras el titular de ARCA, Juan Pazo, a su lado, aseguró que no van a controlar a quien, por ejemplo, se compre cinco departamentos en un año porque el impuesto a las Ganancias lo va a pagar sobre sus ingresos anuales. Una argumentación grosera que encubre a quien se declare como monotributista o jubilado aunque haya comprado excesiva cantidad de bienes que no puede justificar. Pero también esconde una contradicción: Ganancias no es Bienes Personales, son tributos con declaraciones diferentes.
“La eliminación del régimen de información de escribanos, que controlan los gastos en bienes inmuebles, es muy serio. El GAFI ya nos dijo en diciembre del 2024 que los escribanos son esenciales en las transacciones inmobiliarias y que ya sabemos que el lavado del narco es sobre todo por la compra de inmuebles o autos de alta gama”, advirtió a PáginaI12 Federico Ledesma, secretario de Asuntos Sindicales de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), región Capital.
Bajo el lema “todos somos inocentes salvo que ARCA demuestre lo contrario”, presentaron el nuevo régimen que desde su óptica posibilita la formalización del dinero porque no hay “persecución del fisco”.
“Acá lo único que cambia es que desarman las matrices de riesgo del fisco para darle más poder discrecional al funcionario de turno, que ahora tiene un dedo más grande para seleccionar a quién fiscaliza”, dijo el titular de AEFIP región Capital. Esta medida, al revés, activa la persecución que podrá ser digitada y focalizada por la gestión.
Desde el gremio afirmaron a este diario que «el problema es gravísimo” porque Argentina tiene una evasión del 35 por ciento en IVA y del 50 por ciento en Ganancias “y estas acciones del Gobierno no hacen más que complicar la situación porque tratan de estúpidos a los contribuyentes y benefician a quienes no cumplen la ley”.
Los bombos y platillos con los que se presentó el proyecto tienen como objetivo:
*Convencer a las personas para que se desprendan de los dólares obtenidos por fuera del sistema formal, ante la necesidad urgente que tiene el Gobierno de conseguir ese circulante.
*Reinstalar discursos efectistas para intentar desviar la agenda, en un contexto económico crítico.
*Juntar votos que les permitan avanzar con la política de ajuste y motosierra.
*Consolidar la idea de que no pagar impuestos es lo correcto, premiando a los evasores y cuestionando a quienes cumplieron con la responsabilidad de pagar los tributos al Estado.
Ante las preguntas de los periodistas sobre el nivel de impacto, las garantías para quienes se adhieran y otros detalles específicos del nuevo esquema, los funcionarios respondieron con evasivas y slogans típicos de la propaganda oficialista: los diputados que no apoyan son la casta, eliminamos las amenazas del partido del Estado, la medida es para la libertad.
“Tendremos menos información y los procesos internos automatizados tendrán menos input para seleccionar casos, pero las facultades y obligaciones están intactas para ARCA y los contribuyentes. Acá nadie puede después decir que no sabía”, señaló Ledesma.
El cambio de régimen en materia tributaria abarca modificaciones en los plazos de prescripción para el pago de impuesto y la aplicación de multas; y reduce el rol del organismo de recaudación en el inicio de causas por defraudación.
La puesta en escena durante la rueda de prensa incluyó fuertes críticas a las provincias que aún no adhieren a la propuesta pero principalmente se centraron en el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Espert amenazó con apagar los datos de ARCA para que “el soviético” -como se refirió al mandatario provincial- no pueda “perseguir” a los ciudadanos.
El proyecto de ley se sostiene en dos esquemas, explicó Pazo: cambio de paradigma en el régimen general y blindaje del nuevo régimen simplificado del impuesto a las Ganancias.
En el primer caso rompe con los umbrales que activaban la alerta por evasión. El monto pasó de 1,5 millones de pesos a más de 100 millones de pesos para el delito de evasión simple, con penas de prisión de 2 a 6 años, y de 15 millones a 1.000 millones de pesos para evasión agravada.
Además, se modifica el plazo de prescripción para la determinación tributaria que pasa de cinco a tres años, siempre que los ciudadanos o las empresas hayan presentado su declaración jurada en tiempo y forma.
Sobre “blindar para siempre” a quienes adhieran al ya anunciado régimen simplificado de impuesto a las Ganancias, Pazo explicó que las personas no deberán informar su patrimonio y podrán normalizar su situación pagando Ganancias sólo por la facturación. También aclaró que los monotributistas se quedan afuera del esquema.
“Con esta ley, estamos garantizando que ninguna administración futura podrá perseguirlos”, remarcó. Sin embargo ante las preguntas sobre qué garantías tienen los ciudadanos de que la decisión se sostuviera en el tiempo, las respuestas fueron imprecisas y el efecto sobre las expectativas de quienes tienen los billetes guardados, también.