Tras una audiencia pública que duró más de tres horas y reunió a unas 300 personas, el juez Fabián Lorenzini emplazó al directorio de Vicentin a presentar en tres días un informe detallado sobre su situación económica.
La finalidad de la medida es que el directorio proponga un plan de pagos de los sueldos de los trabajadores y para hacer frente a los acreedores.
También deberán informar los problemas críticos de las plantas y presentar medidas para reabrirlas. Asimismo, el juez invitó al gobierno provincial a incorporarse en este proceso.
Según Andrés Schocron, uno de los veedores judiciales, la deuda posconcursal de Vicentin ya asciende a u$s 38 millones, u$s 18 millones de los cuales son con Renova, la empresa que opera la planta de Timbúes y en la que cerealera defaulteada todavía tiene acciones.
En tanto, la deuda por salarios es de u$s 3 millones y la de luz y gas, u$s 5 millones. También confirmó que la empresa no tiene hoy actividad industrial y que para recuperar la actividad en San Lorenzo, por ejemplo, se necesita, como mínimo, un millón de dólares en mantenimiento.
El informe deberá incluir contratos vigentes, saldos en el exterior vinculados a Vicentin Uruguay y Europa, stock disponible, bienes ociosos, y un diagnóstico técnico de las plantas detenidas.
Durante la audiencia, el dirigente aceitero Daniel Succi denunció riesgos de incendio por abandono de insumos inflamables y acusó a Pedro Vicentin de frenar la producción. El juez también escuchó propuestas empresariales para trabajar a fasón en Avellaneda y Ricardone, lo que permitiría generar ingresos para sueldos y energía.