En los próximos días, los afiliados a la medicina prepaga recibirán un mail desde la empresa que les presta servicio. Como viene sucediendo desde diciembre tras la flexibilización, es la debida comunicación que llega a mitad de mes en caso de un aumento de la cuota. Pero esta vez, y en especial para el grupo de 1,4 millón de trabajadores que hasta ahora derivaban sus aportes a través de obras sociales, nadie puede anticipar qué dirá ese correo.
Es que la próxima será la primera factura después de que el Gobierno eliminara la «triangulación» o intermediación entre obras sociales y prepagas, lo que permite que los aportes y contribuciones de los afiliados, salvo que se exprese lo contrario, sean transferidos directamente a las prestadoras.
Sin ese «peaje», como al Ejecutivo le gusta definir al porcentaje que se quedaban las obras sociales, sugieren que la decisión se traducirá en una reducción efectiva del costo de las cuotas para los afiliados. Pero fuentes de la medicina privada que están en la mesa chica de estas negociaciones dijeron a Clarín que «la baja de las cuotas es un malentendido«.
El real misterio comenzará este jueves, porque se conocerá el índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y desde ese momento las prepagas tienen cinco días para informar a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los incrementos en el valor de las cuotas.
Esa obligación implica también desglosar finamente los conceptos incluidos en las cuotas facturadas mes a mes, para una mayor transparencia sobre los costos.
Si ya no hay un «goteo» en los aportes y el caudal va directo a las prepagas, ¿qué impide que se baje el costo mensual de tener la cobertura? La respuesta desde esas fuentes es que «no hay que pensarlo linealmente» y el énfasis en que «con el fin de la triangulación no se terminan los problemas de financiamiento del sistema de salud privado».
Hasta la implementación de esta nueva normativa, quienes están en relación de dependencia y elegían una prepaga debían derivar una parte de sus aportes a una obra social, que retenía entre un 3% y un 10% en concepto de intermediación. Según la SSS, ese «peaje» permitió durante décadas la creación de estructuras que no brindaban servicios reales, denominadas “sellos de goma”, unos veinte, que se dedicaban, como se apuntó, «a captar esos fondos».
¿A dónde va esa plata que no se quedan las obras sociales? La no linealidad que pide el sector privado de la salud al analizar este tema es que aunque consideren a la medida «excelente, porque se elimina un peaje innecesario«, no tendría impacto directo en el costo de las cuotas.
«Lo que sí se podría ver, quizá en los sueldos más altos, es una disminución del dinero de bolsillo, digamos, que antes iba a la obra social entre sus aportes y ahora les va a cubrir más del diferencial que antes pagaban por su prepaga, pero eso no tiene que ver, para la gran mayoría de los afiliados, con las necesidades de financiamiento que tienen hoy las prepagas, empresas que tendrán que aumentar o no según sus situaciones particulares», señalan en el sector.
Desde las prepagas dicen a este diario que «es más fácil para el Gobierno decirnos que bajemos las cuotas que generar soluciones para que podamos, sin subir las cuotas, sostener el nivel de servicio».
Y dan como ejemplo los medicamentos de alto costo: «Afiliados que necesitan un medicamento oncológico, para uso fuera de etiqueta (que no se usa para esa afección en particular sino para otra cuya eficacia aún no tiene la evidencia científica plena) que sale 800.000 dólares por año, y no hay apoyo para esa prepaga sino sólo exigencias de que lo cubra».
Fuentes del Gobierno dicen a Clarín exactamente lo contrario respecto al presunto beneficio en la cuota derivado del fin de la triangulación.
Cuentan que la semana pasada se reunieron con las prepagas («que son muchas y, por problemas de agenda, seguramente quedará un remante de reuniones») y hubo una bajada de línea clara: «no aumento, por no decir baja en relación con los niveles actuales».
Más a fondo, explican que «las prepagas deben comunicar sus valores a la SSS en los días siguientes a la publicación del IPC, dado que en base a ese índice calculan sus costos, veremos cuáles son esos valores, pero aumentar no es el único verbo que debieran conjugar, según lo conversado».
El Gobierno asegura que con la eliminación de este mecanismo de intermediación se redirigirán aproximadamente unos 180.000 millones de pesos mensuales «de manera más eficiente, lo que beneficiará económicamente a las prepagas». También hay expectativa oficial de que con un proceso de inflación a la baja y normalización de costos, este cambio «debería impactar directamente en lo que paga el afiliado todos los meses».
Sobre ese punto, y como contrapartida, desde las empresas dicen a Clarín que «hay que tener en cuenta que el aporte al IPC de la medicina prepaga es 0,08% y que si todos los costos de la salud, incluyendo medicamentos, no hubieran aumentado nada durante diciembre, el costo de vida hubiera sido 2,53% en lugar de 2,7% de variación respecto al mes anterior. La salud y la medicina prepaga no tienen relevancia de peso sobre el índice».
Cuando hablan de «malentendido», se refieren a que «en las reuniones con el Gobierno a algunas prepagas se les dice que este porcentaje de aumento no va, que deberíamos haber aumentado menos, o entienden que aumentamos lo que corresponde, pero siempre nos piden bajar las cuotas… de ahí es que se espera que, con este fin de la triangulación, también bajemos las cuotas, o que no aumentemos«.
AS