El 9 de febrero de 2018 se reglamentaba la norma provincial, la cual cumple, este lunes, siete años de vigencia
Por Juan Pablo Sarkissian
El 9 de febrero de 2018 se reglamentaba la Ley de Empresas Recuperadas, la cual cumple este lunes siete años de vigencia.
La historia reciente señala que el jueves 30 de noviembre de 2017 la Legislatura provincial sancionó en forma definitiva la Ley de Empresas Recuperadas, por la cual el Estado santafesino brinda asistencia técnica, jurídica y económica a las cooperativas de trabajo que gestionen por cuenta propia emprendimientos productivos en cualquier rama de la economía.
El proyecto había sido presentado por el diputado socialista Joaquín Blanco y ya tenía media sanción de la Cámara baja.
En ese marco, en la última sesión ordinaria del año, el Senado lo terminó de aprobar por unanimidad y la ley fue girada al Poder Ejecutivo para su reglamentación y promulgación.
Así, la reglamentación de la norma fue publicada en el Boletín Oficial el 9 de febrero de 2018 y entro en vigor al día siguiente.
La ley provincial
La ley de empresas recuperadas establece que la autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria, dependiente del Ministerio de la Producción de la provincia.
Entre otros puntos significativos, la norma establece que las cooperativas que gestionen empresas recuperadas tendrán preferencia como proveedoras del Estado, recibirán un tratamiento fiscal acorde a la situación en que se encuentran y podrán acceder a líneas de créditos blandos para equipamiento e insumos.
Beneficios fiscales
El objeto de la ley, según sus fundamentos, es “contribuir al mantenimiento de puestos de trabajo dignos, destinados a empresas recuperadas por sus trabajadores organizados en cooperativas, con el propósito de conservar las fuentes de producción y de trabajo que se encuentren en funcionamiento o en proceso de reactivación, posibilitando la recuperación de la empresa por parte de sus trabajadores”.
De esta manera las empresas recuperadas podrán acceder a los siguientes beneficios:
- Asistencia técnica y jurídica
- Acompañamiento del Estado para que la empresa pueda ser sustentable en los aspectos económico, productivo y social
- Tratamiento fiscal preferencial
- Acceso a líneas de créditos, programas de fomento y desarrollo tecnológico;
- Capacitaciones en oficios por parte del Ministerio de Trabajo
- Difusión, por parte de la provincia, de los productos elaborados por las cooperativas;
- Consideración diferencial por parte de la Empresa Provincial de la Energía en cuanto a la tarifa de electricidad.
Claro como el agua
En 2018, cuando se promulgo la Ley de Empresas Recuperadas Blanco remarco al diario El Ciudadano que la ley «además de darle herramientas concretas al Ejecutivo provincial para poder acompañar a las empresas recuperadas, tiene una concepción muy importante que tiene que ver con una definición amplia de la empresa recuperada en el marco de la ley».
Y agregó: “Se entiende por empresa recuperada a toda experiencia de autogestión en la cual los trabajadores se organizan en cooperativas con la misión de llevar adelante un emprendimiento productivo. Buscamos que se adecue la ley a los tiempos que corren”, casi una premonición.
“Esta ley también es un mensaje al Poder Judicial. Siempre con las empresas recuperadas estábamos corriendo atrás del problema. Jurídicamente, a partir de la quiebra, había que demostrar ante el juez la necesidad de organizar a los trabajadores en cooperativas. Ahora es al revés: acá se plantea que, ante un proceso de vaciamiento de una empresa, se constituye un grupo de trabajadores para sostener esas fuentes y hay un reconocimiento jurídico a partir de esta ley”.
“Es un mensaje hacia el futuro porque, en un momento de crisis, aquellos que estén pensando en vaciar una fábrica o iniciar un proceso de quiebra fraudulenta deben saber que los trabajadores cuentan con un derecho más”, continuó Blanco.
Para muestra basta una cooperativa
Con la promulgación de la ley por parte del Ejecutivo, se allanó el camino en la Justicia para las cooperativas.
Ese fue el caso de la cosmética Prunelle, que 2014 cerró sus puertas y fue recuperada por sus trabajadoras y trabajadores.
“No tengo dudas que el caso Prunelle será una de las primeras empresas que se beneficiará con la nueva ley”, en aquel momento el diputado Blanco. Y así fue.