El Presidente Javier Milei echó al titular de la ANSeS, Mariano de Los Heros, por adelantar detalles de una reforma previsional que, según el primer mandatario, no está “en carpeta”. El Presidente no se refirió a esos cambios sino que señaló que antes de modificar el régimen de las jubilaciones debe discutirse una reforma laboral dada la enorme informalidad que impera en el mercado de trabajo, de más del 35% con picos del 70% como en el personal doméstico.
Así, en apenas 12 meses, fueron eyectados de la ANSeS los dos titulares de ese organismo designados por el Presidente. En febrero 2024 fue desplazado Osvaldo Giordano porque su mujer, la diputada cordobesa Alejandra Torres votó en contra de la “ley Omnibus” . Y De los Heros por sus declaraciones sobre la reforma previsional.
ANSES es un super-organismo que concentra el pago de 9,2 millones de jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas, casi 9 millones de asignaciones familiares y AUH, unas 120.000 prestaciones por desempleo, entre otros pagos. Así cualquier cambio impacta de lleno, sobre 20 millones de personas y además, sobre 13 millones de aportantes y otros 8 millones que tienen trabajo pero están en la informalidad.
Además, la ANSeS maneja el FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) (“la plata de los jubilados”) con activos, como titulos públicos y acciones, por $ 72.639.417 millones según datos a diciembre 2024, en un 78,8% en distintos instrumentos en pesos y 21,2% en dólares o en euros. Si ese stock se convirtiera a dólares, serían U$S 65.480 millones
La necesidad de una reforma previsional “que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron” figura en el Pacto de Mayo firmado en Tucumán el 9 julio de 2024 por el Presidente Javier Milei y un conjunto de gobernadores. Estuvieron presentes los ex Presidentes Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá, legisladores y representantes sectoriales. También Milei se refirió a esa reforma previsional en el discurso del 10 de diciembre del año pasado.
De Los Heros, como consignó Clarín, planteó que el Gobierno impulsaría esa reforma no de manera inmediata sino “antes de fin de año”. De aquí se desprendería que lo que irritó o molestó al Presidente, en un año electoral, es que el ahora ex titular de la ANSES le pusiera fecha a esa reforma y señalara que se buscaría incrementar la edad mínima para jubilarse ( hoy 60 años las mujeres y 65 años los varones) y aprobar una jubilación proporcional a los años efectivamente aportados al sistema.
El aumento de la edad jubilatoria en otros países provocó fuertes protestas, como en Francia. Y la Prestación Proporcional que figuraba en el proyecto de Ley Bases, el Gobierno la retiró luego porque se descontaba que no sería aprobada por el Congreso.
Consiste en una jubilación según los años aportados, con la garantía de un haber mínimo equivalente a la PUAM ( Prestación Universal al Adulto Mayor) del 80% del haber mínimo ( en febrero ese mínimo es de $ 218.469).
Por la enorme informalidad, al alcanzar las edades jubilatorias, más del 85% las trabajadoras y trabajadores no reúnen los 30 años de aportes porque los empleadores no hicieron esos aportes y tampoco aportaron los que trabajan por cuenta propia.
Las moratorias fueron una alternativa de jubilación para esos sectores, descontando la ANSeS del haber jubilatorio (en su mayoría la mínima) la deuda por los años no aportados.
Pero, como la moratoria vence el próximo 23 de marzo, la Prestación Proporcional buscaría perfeccionar la PUAM ( Prestación Universal al Adulto Mayor), aprobada a fines de 2017 en medio de fuertes protestas, que también paga un 80% del haber mínimo, al margen de los años aportados, si a los 65 años ( mujeres y varones) no tienen los 30 años de aportes y se encuentran en situación de vulnerabilidad social. O sea, para la mayoría de las mujeres implica una extensión de 5 años para jubilarse.
Sobre una población activa de 21 millones de personas, aportan al sistema 13 millones. Hay 8 millones de ocupados que se desempeñan en la informalidad.
Los haberes jubilatorios perdieron en promedio un 25% ( lo que cobraron bonos) y más del 40% ( sin bonos), en los últimos 7 años. En 2024, con una inflación del 117,8%, la pérdida del poder adquisitivo de casi 5 millones de jubilados y pensiones fue de entre el –5,8% y – 8,6%. En la Justicia se acumulan más de 250.000 juicios, de los cuales 90.000 tienen sentencia firme pero la ANSeS no está pagando las retroactividades pese a que la ley dice que deben cancelarse dentro de los 120 días hábiles.