El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), mediante la Resolución Ministerial N° 045-2025-VIVIENDA, establece medidas clave para permitir que el Fondo MIVIVIENDA SA restituya la condición de elegibles a los grupos familiares beneficiarios del Bono Familiar Habitacional (BFH) en la modalidad de adquisición de vivienda nueva. Este anuncio se dio a conocer en una edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales de El Peruano y marca un paso importante en el acceso a la vivienda social para aquellos grupos que cumplan con determinados requisitos.
El MVCS establece que los beneficiarios deben cumplir con los supuestos establecidos en el artículo 6-A de la Ley N° 27829, modificado por la Ley N° 32196, y especifica que “ninguno de los miembros del grupo familiar cuente con propiedad a su nombre”. El medio informó además que el beneficio será válido por un período de dos años desde la publicación de la restitución respectiva, según se detalla en la resolución oficial.
Para organizar el proceso, el reglamento fija un orden específico para la devolución de la condición de elegibles. Inicialmente, serán priorizados los proyectos donde haya comenzado “el proceso de ejecución del patrimonio fideicometido”. A continuación, se atenderán los proyectos involucrados en procedimientos de liquidación de entidades financieras o de seguros que afianzaron los bonos, así como los casos judiciales relacionados con la recuperación del BFH debido a irregularidades de las inmobiliarias, promotores u otras entidades involucradas.
El ministerio subraya que el Fondo MIVIVIENDA SA publicará en su plataforma oficial (www.mivivienda.com.pe) “la relación de grupos familiares a los que se les haya restituido la condición de elegibles”. Esto permitirá un acceso transparente y organizado para las familias beneficiadas.
Otro aspecto importante de la resolución es la introducción de un valor excepcional del BFH destinado a los grupos familiares cuya elegibilidad haya sido restituida. El Peruano detalla que este valor se aplicará únicamente para la modalidad de adquisición de vivienda nueva, aunque no se especifica en la norma cuál es esta cifra excepcional. Este ajuste, según expertos citados por medios locales, busca responder a las necesidades económicas de los hogares afectados por proyectos inmobiliarios en problemas.
Además, para garantizar la equidad del programa, se han establecido mecanismos estrictos para evitar nuevas irregularidades en la administración de los recursos destinados al BFH. Funcionarios del MVCS citados recalcaron que uno de los objetivos clave de esta disposición es no dejar sin protección a las familias afectadas por situaciones que escaparon de su control.
Esta disposición tiene implicaciones importantes, tanto para el sector inmobiliario como para las millas de beneficiarios afectados. Entre los proyectos señalados en la norma se incluyen aquellos donde se han identificado problemas financieros o legales. Esto representa un esfuerzo por parte del MVCS para recuperar la confianza en el programa y en los desarrolladores que participan en el mismo.
Cabe destacar que en los últimos años, el Bono Familiar Habitacional se ha erigido como un instrumento central para facilitar el acceso a una vivienda digna. Sin embargo, las críticas no han sido menores en torno a la falta de regulación y control, especialmente frente a desarrolladores incumplidos. Por ello, medidas como estas buscan, según indicó un miembro del ministerio, “hacer justicia para las familias que vieron frustrado su sueño de la casa propia”.
Para aquellas familias interesadas en verificar la restitución de su elegibilidad, la principal recomendación es monitorear las publicaciones en el sitio oficial del Fondo MIVIVIENDA. Asimismo, expertos en derecho inmobiliario sugieren que los afectados cuenten con asesoramiento técnico para facilitar los trámites y evitar nuevos retrasos.
El ministro de Vivienda, Durich Whittembury Talledo, firmó esta resolución, que no buscará solo beneficiarios a quienes fueron perjudicados previamente, sino también evitar futuros conflictos en la ejecución de este tipo de proyectos. “Garantizar una vivienda digna es una de nuestras prioridades, y por ello estamos adoptando estas medidas excepcionales”, señaló al respecto.
Con este anuncio, se pone en marcha un esfuerzo por parte del gobierno peruano y los entes reguladores para reforzar el acceso a viviendas seguras y sostenibles, un tema que sigue siendo prioritario en un país donde el déficit habitacional sigue afectando a millones de ciudadanos.