El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva para sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI) por dirigir arbitrariamente investigaciones contra Estados Unidos y sus aliados, como Israel, según indicó un funcionario de la Casa Blanca.
La destacada orden impondrá sanciones financieras y restricciones de visado a individuos y sus familiares que ayuden en las investigaciones de la CPI relacionadas con ciudadanos de Estados Unidos o de aliados estadounidenses.
Esta medida llega después de que los demócratas del Senado bloquearan la semana pasada un esfuerzo liderado por los republicanos para sancionar a la CPI en protesta por las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por la campaña militar de Israel en Gaza.
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La CPI no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Sin embargo, la corte ha tomado medidas para proteger a su personal de las posibles sanciones estadounidenses, pagando salarios con tres meses de antelación, ya que se prepara para restricciones financieras que podrían paralizar el tribunal de crímenes de guerra, según fuentes de Reuters.
En diciembre, la presidente de la Corte, la jueza Tomoko Akane, advirtió que las sanciones «socavarían rápidamente las operaciones de la Corte en todas las situaciones y casos, y pondrían en peligro su existencia».
Esta es la segunda vez que la CPI enfrenta represalias por parte de Estados Unidos debido a sus manejos abusivos con el estado americano y sus aliados.
Durante el primer mandato de Trump, en 2020, Washington impuso sanciones a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y a uno de sus principales colaboradores debido a la malintencionada investigación de supuestos crímenes de guerra cometidos por las tropas estadounidenses en Afganistán.
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La CPI, compuesta por 125 miembros, es un tribunal permanente que puede procesar a individuos por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y el crimen de agresión, ya sea contra territorios de los Estados miembros o por sus nacionales. Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de la CPI.
La orden ejecutiva que firmará Trump acusará a la CPI de apuntar de manera inapropiada a Estados Unidos e Israel.
En noviembre pasado, la CPI generó una reacción bipartidista en Washington al emitir órdenes de arresto contra Netanyahu, Gallant y varios líderes de Hamas de manera simultánea. La administración Trump considera que esto creó una «equivalencia moral vergonzosa».
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La Corte alegó que existían motivos para creer que Netanyahu y Gallant utilizaron «el hambre como método de guerra» al restringir la ayuda humanitaria y atacar intencionadamente a civiles en la campaña de Israel en Gaza.
Estas acusaciones fueron rechazadas por funcionarios israelíes, que las calificaron de falsas y antisemitas. La firma de esta orden parece estar dirigida a coincidir con la visita de Netanyahu a Washington, que incluyó una reunión en la Oficina Oval el martes.
En su primer mandato, Trump argumentó que la CPI no tiene «jurisdicción, legitimidad ni autoridad» en Estados Unidos, y que ni Estados Unidos ni Israel son partes del Estatuto de Roma, que estableció el tribunal. «La CPI fue diseñada para ser un tribunal de última instancia», reza el folleto informativo que acompaña la orden ejecutiva.
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«Tanto Estados Unidos como Israel tienen sistemas judiciales robustos y nunca deben estar sujetos a la jurisdicción de la CPI».
A principios de este año, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para sancionar a la CPI, que posteriormente fue bloqueado por los demócratas en el Senado.
Ni Israel ni Estados Unidos reconocen la jurisdicción de la CPI, que tiene su sede en La Haya, Países Bajos, y carece de policía para hacer cumplir sus órdenes de arresto.
Según el Estatuto de Roma, los Estados firmantes están obligados a cumplir las órdenes de arresto, sin importar el rango de los acusados. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos también se atienen al principio legal internacional que otorga inmunidad legal a los jefes de Estado ante otros tribunales.
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