El 26 de enero de 2025 fue un día de alta tensión en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, pues la jornada comenzó con una serie de decisiones y reacciones que escalonaron rápidamente hacia una crisis significativa.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decidió negar la autorización para el aterrizaje de dos aviones del ejército de Estados Unidos, que tenían previsto traer de regreso a 160 colombianos deportados por estar en el país norteamericano de manera ilegal.
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Esta decisión desencadenó una serie de medidas punitivas por parte de Estados Unidos, que incluyeron sanciones económicas y restricciones migratorias, afectando tanto a sectores comerciales como a funcionarios del gobierno colombiano.
La tensión alcanzó su punto máximo alrededor de las 10:00 p. m., cuando la Casa Blanca anunció que se había llegado a un acuerdo entre ambos países.
Según el comunicado oficial, Colombia aceptó finalmente la devolución de los 160 colombianos deportados sin restricciones.
Este acuerdo implicó que las sanciones impuestas horas antes por Estados Unidos quedarían suspendidas, ofreciendo una salida diplomática a la crisis.
En su declaración oficial, el secretario de Prensa de la Casa Blanca señaló que el Gobierno colombiano había acordado aceptar a los deportados, incluidos los vuelos en aviones militares de Estados Unidos, sin limitación ni demora.
En compensación, las sanciones económicas y las restricciones migratorias que afectaban a funcionarios colombianos se mantendrán en reserva, no aplicándose mientras se cumpla el acuerdo; sin embargo, se indicó que las sanciones de visa y las inspecciones mejoradas seguirían en efecto hasta que el primer grupo de deportados colombianos fuera regresado exitosamente.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, aseguró que tanto el canciller Luis Gilberto Murillo como el embajador Daniel García-Peña viajarán a Washington para mantener reuniones que permitan seguir con los acuerdos.
En cuanto a los colombianos que serán deportados, en el comunicado quedó claro que se les garantizará condiciones dignas, razón por la que “el Gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro, tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana, en vuelos de deportación”.
El rechazo de Petro a recibir a los deportados fue interpretado como una firme postura en defensa de la soberanía de Colombia, pero la reacción de Estados Unidos no se hizo esperar.
El presidente Donald Trump impuso medidas represivas como aranceles del 25% a las importaciones colombianas y la revocación de visas para funcionarios del gobierno colombiano, además de una serie de sanciones financieras bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (Ieepa).
Estas acciones apuntaban a presionar al Gobierno colombiano para que cumpliera con las normativas internacionales sobre la deportación de inmigrantes ilegales.
A lo largo de la tarde, la incertidumbre aumentó cuando el presidente Petro se reunió con el canciller saliente Luis Murillo, la futura ministra de Relaciones Exteriores Laura Sarabia, y Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, con el objetivo de encontrar una solución a la crisis.
Mientras tanto, desde su cuenta de X, Sarabia pidió calma, asegurando que se mantenía un diálogo constante con las autoridades norteamericanas.
A pesar de los fuertes intercambios diplomáticos, el presidente Petro continuó enviando mensajes de resistencia, asegurando que no se arrodillaría ante Estados Unidos.
La postura de Petro se centró en defender la dignidad de los colombianos y rechazar cualquier trato que considerara humillante para el país.
Sin embargo, la presión internacional y la gravedad de las sanciones impulsaron al Gobierno colombiano a buscar una solución negociada.