A pedido de Parques Nacionales y del Estado Nacional, el Juez Federal Guido Otranto dio la orden, el 30 de diciembre pasado, de desalojar a la comunidad Lof Pailako del Parque Nacional Los Alerces de Chubut. Debido a la feria judicial, la orden debería ejecutarse el próximo 9 de enero.
“Para manifestar nuestro rechazo, presentamos en el Congreso un proyecto de resolución, en repudio a la decisión del juez, que busca perpetrar un nuevo ataque a los derechos de las comunidades originarias. Junto al gobierno provincial y al gobierno nacional, buscan dar continuidad al negacionismo de sus derechos, avanzar con los desalojos, la represión y la violencia institucional contra los pueblos originarios. Todo en pos de beneficiar a los empresarios que lucran con nuestros bienes comunes naturales”, dijo al respecto el diputado del Frente de Izquierda Alejandro Vilca, quien también anticipó que participará este miércoles de la acción que se prepara en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar contra la medida.
En este sentido, el proyecto al que se refiere el diputado del FIT, que reproducimos abajo, también rechaza la campaña racista impulsada por el propio Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien sostuvo que quienes habitan sus territorios ancestrales son “delincuentes” a los que debe impedirse que “se apropien de lo que no les corresponde”, al tiempo que solicitó la intervención del Gobierno Nacional “para llevar a cabo el desalojo de las tierras usurpadas”.
Al respecto, cabe recordar que la decisión del juez federal encuentra fundamento en el decreto N° 1083/2024, que ordenó el 10 de diciembre pasado el Presidente Javier Milei, dando por tierra con la Ley 26.160, de Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas. Como denunciamos desde las bancas del Frente de Izquierda, en un proyecto de ley que reclama la nulidad de este decreto, el mismo habilita los desalojos de más de 300 causas contra los pueblos originarios de sus territorios ancestrales.
El inminente desalojo y la expulsión de la Comunidad Pailako Mew del Parque Nacional Los Alerces tiene un objetivo claro: dar vía libre al extractivismo y al negocio inmobiliario, ahora en el marco de la sanción del RIGI.
Por eso este ataque no debe interpretarse sólo como un ataque contra la comunidad Lof Pailako: apunta contra todas las comunidades originarias, contra sus derechos ancestrales al territorio que habitan.
“Las comunidades originarias son las primeras en defender nuestras tierras, el agua contra la explotación minera o inmobiliaria. El fallo en cuestión busca ‘liberar’ el territorio de posibles focos de resistencia a los planes de explotación de los bienes comunes naturales, así como sentar un nuevo precedente en el ataque racista a las mismas, ya que no solo niega la preexistencia de dichos pueblos sino también su genocidio”, manifestó Vilca en los fundamentos del proyecto de su autoría, que ingresó este martes por mesa de entradas de la Cámara baja.
Al mismo tiempo, el proyecto apunta que este nuevo ataque se inspira en la política del gobierno de La Libertad Avanza, que viene de impulsar la votación por la negativa, en noviembre pasado, de una resolución favorable a los derechos de los pueblos indígenas ante la Asamblea de la ONU; de suspender, desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), las solicitudes de personería jurídica de comunidades indígenas en trámite en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI); y de ordenar, como se mencionaba más arriba, el Decreto 1083/2024, que ataca particularmente la protección de sus tierras y abre paso a la política de desalojos a la que asistimos hoy, priorizando los intereses privados y estatales sobre los derechos de los Pueblos Originarios.
PR_ Desalojo de La Lof Pailako by Sol Bajar