El futuro de 900 familias del parque de casas móviles Li’l Abner en Sweetwater, Miami-Dade, se encuentra en la cuerda floja. Con el anuncio del cierre definitivo del establecimiento para mayo de 2025, los residentes enfrentan la posibilidad de ser desalojados de este lugar que fue su hogar durante décadas.
La comunidad afectada se moviliza desesperadamente, mientras los propietarios del terreno avanzan con planes de reurbanización que prometen viviendas asequibles, pero que dejan a muchas personas sin alternativas viables. En específico, juegan su última carta: una demanda colectiva que busca frenar los desalojos.
En noviembre de 2024, las familias del parque Li’l Abner recibieron una notificación que marcó el inicio de una lucha por mantener sus hogares. El terreno, estratégicamente ubicado cerca de universidades, centros comerciales y hospitales, será destinado a un ambicioso proyecto inmobiliario. La administración del parque, gestionada por Urban Group, ofreció incentivos económicos para quienes decidan mudarse antes del plazo.
Según los términos comunicados, las familias que desocupen antes del 31 de enero de 2025 recibirán hasta 14.000 dólares como compensación. Aquellos que se marchen antes de marzo obtendrán US$7000, mientras que los que esperen hasta abril solo recibirán US$3000. Sin embargo, estos montos resultan insuficientes para cubrir los elevados costos de reubicación en una de las zonas más caras de Florida.
En diálogo con Telemundo el abogado David Winker, quien representa a los residentes en una demanda colectiva, explicó que este desalojo plantea irregularidades legales. “El propietario no siguió los procedimientos adecuados. No notificaron a la asociación de propietarios ni ofrecieron el derecho de preferencia. Además, aumentaron los alquileres dentro de los 90 días posteriores al aviso, lo cual está prohibido por la ley estatal”, afirmó.
El terreno donde se encuentra Li’l Abner será reurbanizado para construir viviendas subsidiadas, un centro comunitario y servicios de salud. Según Urban Group, esta decisión se tomó tras evaluar diversos factores y se llevó a cabo conforme a las normativas locales.
No obstante, los residentes alegan que el proyecto no garantiza que podrán acceder a las viviendas planificadas. Milagro Pérez, quien llegó de Venezuela hace tres años y compró su casa móvil en agosto pasado, manifestó su indignación: “Antes de firmar los papeles pregunté si había estabilidad en el parque. Jamás hubiera comprado si hubiera sabido que iban a cerrar”.
Pérez, junto con otros afectados, enfatizó que las familias desplazadas no podrán pagar las rentas de los nuevos proyectos. “Con lo que compré aquí, pude haber pagado lo inicial de una casa en otro lugar”, agregó.
El alcalde de Sweetwater, José “Pepe” Díaz, señaló que trabaja en busca de financiamiento adicional para mitigar el impacto del desalojo. Sin embargo, el tiempo apremia y las soluciones parecen lejanas.
El caso de Li’l Abner refleja una problemática que afecta a gran parte de la población de Miami-Dade: el acceso limitado a viviendas asequibles en un contexto de creciente desigualdad. El alza de los alquileres y la escasez de opciones económicas generan una presión insostenible sobre las familias de bajos ingresos.
La comunidad del parque se organiza para resistir. Más de 200 residentes presentaron una demanda colectiva en un intento por aplazar el desalojo. Allí, argumentan que la administración violó normas legales al no informar a nuevos propietarios sobre los planes de cierre y al implementar aumentos de alquiler irregulares.
Los afectados cuentan con el respaldo de grupos de abogados, quienes prometieron explorar todas las vías legales disponibles. “Estas personas están siendo desplazadas sin alternativas reales. Es una injusticia que necesita resolverse”, indicó Winker.
Los residentes, lejos de rendirse, buscan visibilizar su lucha a través de protestas y reuniones comunitarias. La última carta que les queda por jugar es la demanda presentada, que les permita una extensión del plazo de desalojo o una cancelación de los mismos debido a las irregularidades que alegan.
Aunque la administración del parque insiste en que cumple con todas las normativas, los residentes exigen un trato más justo. Desde Diario Las Americas aseguran que la empresa que gestiona la reubicación llegó a un acuerdo con 117 inquilinos que se mudaron y con otros cientos que ya tienen planes concretos.