Un magistrado federal presto a rescatar del agua un negocio ahogado en lo técnico, jurídico y político. Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal 1 de Rosario, rehabilitó las obras del barrio privado Estancia Damfield, proyectado en terrenos ya previstos como área de inundación de la presa retardadora del arroyo Ludueña. Lo hizo al declarar nulos dos decisiones del Gobierno de Santa Fe por las que se ordenó clausurar los trabajos y se retiraron los permisos provisorios concedidos con flojedad de papeles. Además, el fallo privilegia un supuesto perjuicio patrimonial de empresarios e inversores avanzando por sobre la autonomía provincial y haciendo caso omiso de los rigurosos informes de hidráulica que fundamentan la inviabilidad de una urbanización en esa zona, en las afueras del casco urbano de Funes.
El juez Salmain aceptó una presentación de la constructora Vial Norcar SRL, con sede en la ciudad de Buenos Aires, consistente en una «demanda declarativa de derechos y preventiva de daños» por la que se solicitaba una medida cautelar. La firma, cuyo titular es el controvertido empresario Claudio Ariel Carrill, adujo que se siente perjudicada por la decisión provincial puesto que realizó trabajos de movimiento de suelos para «levantar» la cota del predio donde se construye el barrio privado Damfield y que se cobraría esas obras civiles, una vez concluido el desarrollo inmobiliario, con la adjudicación de lotes por un total de 790 millones de pesos.
Ingenieros de la UNR advierten que un desarrollo inmobiliario puede convertirse en la Atlántida
Vial Norcar argumentó que la decisión de quitar los permisos al emprendimiento afecta su patrimonio y también el de sus inversores, que se verán impedidos de obtener ganancias por el dinero que aportaron. El levantamiento del nivel de los terrenos mencionados por la constructora porteña ya es un contrasentido, porque fue rechazado por violar las normativas de hidráulica: la cota fue elevada más de dos metros cuando el máximo permitido es de 50 centímetros.
Salmain aceptó la pretensión de Vial Norcar para que el fuero federal interviniera contra un dictamen del propio fiscal general federal de Rosario, Fernando Arrigo, para quien «no está en juego un interés nacional, una política federal, el patrimonio o la responsabilidad del Estado» en el conflicto.
Arrigo agregó, incluso, que tomar resoluciones federales sobre el caso viola «la preeminencia de las autonomías provinciales» porque implica avanzar sobre «normas y actos locales» sin justificación atendible.
Vecinos de Rosario objetaron ante el Concejo las urbanizaciones sobre la cuenca del Ludueña en Funes
El juez federal avanzó aún más en sintonía con las pretensiones de la constructora porteña y, lo que es lo mismo, el fideicomiso que desarrolla Estancia Damfeld y tiene como figura visible al ex jugador de Newell’s Maxi Rodríguez: falló que no deberá tenerse en cuenta el informe técnico del Instituto Nacional del Agua (INA, con sede en la ciudad de anta Fe) que le ponía al proyecto el sello de «inviable» por ubicarse en terrenos inundables. Lo mismo habían alertado ingenieros del Centro Universitario Rosario de Investigación Hidroambiental (Curiham) y del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNR, con rigor de mediciones, modelizaciones matemáticas y estadísticas.
Un largo derrotero
El 29 de junio pasado, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó junto con todo su gabinete el decreto que ordenaba paralizar la construcción de Estancia Damfield. También el de otro desarrollo, La Reserva, porque ambos carecían de los estudios de impacto ambiental y de los certificados hídricos correspondientes y sólo esgrimían permisos provisorios otorgados durante la gestión de Omar Perotti con flojedad de papeles.
El desarrollo de 200 hectáreas alrededor del campo deportivo del mismo nombre y propietario está dentro de la Reserva San Jorge, frente al barrio privado Kentucky, a 14 kilómetros de Rosario. El loteo está dentro de un área de preservación de la Represa “Gualberto Venesia” destinada a acumular agua durante épocas de lluvias intensas para descomprimir el caudal del arroyo Ludueña y reducir el riesgo de inundación de barrios rosarinos, pendiente abajo. .
Estancia Damfield by LPO
El 5 de septiembre último, la Resolución 1130 del Ministerio de Obras Públicas provincial que tiene bajo su órbita a la Secretaría de Recursos Hídricos avanzó más. Revocó los certificados hídricos que primero a modo provisorio y después, definitivo, habían sido otorgados en los años 2021, 2022 y 2023. Con la firma del ministro Lisandro Enrico, remitió al informe técnico “en el cual se determina con acabados fundamentos la necesidad de revocar los certificados de la primera y segunda etapa, oportunamente otorgados”.
El ministro de Ambiente provincial, Enrique Estévez, consideró en ese momento que el certificado n° 1 de hidráulica no permite el inicio de la construcción, como avanzaron los desarrolladores. “Para construir necesitás el estudio de impacto ambiental aprobado”, ejemplificó el funcionario la serie de irregularidades.
La desarrolladora apeló esas decisiones en la justicia santafesina. Con poca fortuna, porque la titular del Juzgado Civil y Comercial 17, Silvia Beduino, rechazó en octubre «in límine» la cautelar y el fondo de la cuestión planteados por Davik SA para retomar las obras que había paralizado la provincia. La presentación empresaria argumentaba que la clausura y quita de permisos del Gobierno santafesino afectaban «la libertad de trabajar y de ejercer toda industria lícita, de comerciar libremente y de usar y disponer de la propiedad privada».
El Ejecutivo provincial, ante la consulta de la jueza y a través de la Fiscalía de Estado, respondió que una decisión judicial favorable a Damfield «implicaría una severa violación a las normas y garantías consagradas en la Constitución de Santa Fe y en la Carta Magna Nacional vinculadas al principio de división de poderes» si, como pretendía la desarrolladora, un tribunal revertía decisiones de la gestión política.
Con el rechazo de la vía política, con abundante documentación técnica en contra de sus pretensiones, a Damfield sólo le quedaba confiar en una decisión favorable de segunda instancia. Pero con las obras sin avance. Y en esa instancia, llegó el salvataje del fuero federal mediante la aceptación de una cautelar pedida por una constructora con sede porteña.
Fallos controvertidos
El juez federal que aceptó la cautelar, Salmain, ya tiene problemas en la provincia por sus decisiones. Fue denunciado penalmente y ante el Consejo de la Magistratura por el dueño de la tabacalera santafesina Bronway, Darío Ippolito, luego de que a poco de asumir como titular del Juzgado Federal 1 de Rosario, firmara un fallo en septiembre de 2023 ordenándole a la Afip que no le venda más estampillas a la empresa local en el marco de una causa impulsada por la multinacional Massalin Particulares.
La guerra judicial de multinacionales contra tabacalera local: 260 puestos de trabajo en riesgo
Esa disputa sigue y es por los impuestos internos a los cigarrillos: por cada atado, las tabacaleras deben pagar una alícuota del 70% sobre el precio de venta –con todos los impuestos, salvo el IVA, incluidos–, siempre y cuando ese monto sea superior a un mínimo.
Las empresas nacionales del sector, Bronway o Sarandí, consideran que el gravamen afecta el libre mercado y la libre competencia y beneficia a las multinacionales (además de Massalin, British American Tobacco) porque el piso mínimo del impuesto termina igualando el precio de los atados de las firmas nacionales con los de las internacionales, beneficiando a las últimas al forzar una diferencia de precio de venta lo suficientemente escueta como para que el consumidor termine optando por las marcas con mayor marketing.