Milei lanza exámenes para empleados públicos y los gremios alertan por despidos

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Con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 26/2024 y oficializada por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el Gobierno presentó el reglamento que se aplicará para evaluar a aquellos trabajadores y trabajadoras que se desempeñen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde la Casa Rosada afirman que el objetivo es «nutrir de transparencia, hacerlo más ágil y eficiente, y acrecentar su eficacia y calidad» al sector estatal.

La secretaría de Transformación del Estado y Función Pública será la encargada de la reorganización, aunque todavía no está definido el cronograma oficial para aplicarlo. Voceros oficiales indicaron que las fechas se anunciarán mediante la página gubernamental oficial: Argentina.gob.ar.

Si bien las mismas fuentes admitieron que «el examen no busca ser un filtro, sino un requisito que deberán cumplir todos los empleados», tanto la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazaron de plano la resolución y se espera que haya medidas de fuerza en la actividad.

Javier Milei evalúa a empleados públicos: para UPCN, «un atropello a la dignidad laboral»

La iniciativa del Ejecutivo parece inscribirse en una reestructuración del personal estatal nacional, que comenzó con miles de despidos. El propio presidente Javier Milei anunció que su objetivo es cesantear unos 70.000 empleados públicos, lo que desató las protestas de los gremios, con ATE a la cabeza.

Si bien UPCN no actuó con el mismo grado de virulencia, afirmó que el sistema de evaluación pública sobre el personal de plantas transitorias del Estado, es un accionar «totalmente fuera de lógica». El titular del gremio, Andrés Rodríguez, consideró que «no tiene sentido tomar exámenes a compañeros que están trabajando hace diez años en sus puestos de trabajo y desarrollan su tarea con normalidad y pueden ser calificados a partir de esa comprobación».

Sostuvo que «todas estas cuestiones lo único que hacen es alterar el clima de trabajo y generar miedos», al tiempo que calificó al sistema como «un atropello a la dignidad laboral que solo busca humillar a quienes sostienen los servicios esenciales de nuestro país».

Gremios alertan por 58.000 empleos temporarios

En su rol de secretario Adjunto de la CGT, Rodríguez fue uno de los que rechazó el llamado a un paro nacional de la central obrera y alentó el diálogo con el gobierno. Sin embargo, en este tema planteó que estas evaluaciones «no cumplen con los estándares de seriedad y planificación necesarios» y carecen de transparencia.

En un documento, UPCN «no toma en cuenta las especificidades de las funciones laborales, poniendo en riesgo la estabilidad de trabajadores esenciales y profesionales con décadas de experiencia» y exigió «la revisión inmediata de ese sistema y la garantía de que las evaluaciones respeten la diversidad de funciones y conocimientos de los trabajadores y trabajadoras, priorizando siempre la igualdad y la transparencia».

El sistema de exámenes afecta a cerca de 58.000 trabajadores y trabajadoras estatales con contratos temporarios, según estimaciones gremiales. Estos empleados, muchos de los cuales llevan años en sus puestos, deberán someterse a una evaluación obligatoria para conservar su empleo.

ATE advierte que «no hay logística para un evento de esta envergadura»

En tanto, el secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, expresó que «las evaluaciones deben ser anuladas. Es notoria la falta de transparencia de todo este proceso. Además, no hay garantías sobre la integridad y seguridad de los soportes digitales que se van a utilizar». Explicó que «el Gobierno no cuenta con la logística para un evento de semejante envergadura. Todavía no está debidamente determinado el universo de trabajadores a evaluar. Tampoco pueden asegurar un manejo confiable sobre los datos personales de cada uno de los agentes estatales».

Advirtió que «con los antecedentes de ataque, persecución y asedio hacia los estatales, está claro que estos exámenes están destinados a perjudicar a los trabajadores», aseguró el referente estatal y cuestionó: «¿Adorni y sus 208 empleados que gastarán en un año 47 mil millones de pesos van a ser evaluados?».

En esta línea, Aguiar apuntó: «No nos quieren evaluar sobre nuestras capacidades, lo que quieren es seguir estigmatizando el empleo público», y agregó que «pretenden revisar los vínculos de trabajadores que llevan décadas prestando servicios en el Estado y que demuestran su idoneidad con el trabajo cotidiano que realizan. Esta idea macabra que lo que hace es precarizar a los trabajadores debe ser dejada sin efecto».

El gremio estatal porteño «soplará» las respuestas al personal 

ATE señaló que, además, son evaluaciones innecesarias, ya que actualmente existen métodos de evaluación laboral en el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional. Además, con el SEP se estará sometiendo a examen a profesionales con 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad en el Estado.

El que anunció medidas de fuerza concretas fue el líder de ATE Capital, Daniel Catalano con un paro y movilización y la presentación de un amparo. Avisó: «Si es necesario, voy a poner un camión con sonido dictándole las respuestas a mis compañeros que estén adentro».

También informó que «nos presentamos a la Justicia con un amparo que puede no prosperar, pero que lo hacemos por la arbitrariedad de lo que está sucediendo» y remarcó: «La verdad que este Gobierno es una porquería que abandona a la comunidad. (Sandra) Pettovello es la peor expresión de funcionaria que nos ha tocado transitar, compite con Patricia Bullrich en materia de perversidad».

Las pruebas del Gobierno serán presenciales y se podrán rendir hasta tres veces

El Gobierno anunció que la evaluación se realizará de forma presencial, no puede hacerse a distancia, será bajo la modalidad del anonimato y en formato digitalizado. Detalló que «se utilizará un procedimiento para que cada persona evaluada solo pueda ser individualizada luego de su calificación, ya que se conservarán los datos personales de las personas para poder notificarlos durante el proceso de evaluación».

Se confirmó que el examen de «idoneidad» contará con una primera etapa que abarca a unos 40.000 trabajadores y trabajadoras cuyos contratos vencen a fin de año. Aquí coincide con los datos gremiales, sobre empleados de planta transitoria, contratados y monotributistas (Categoría 1109).

La prueba se podrá rendir hasta tres veces y se estudia la posibilidad de extender un par de meses los contratos para aquellos empleados que no aprueben en la primera oportunidad. Asimismo, se resolvió que todo aquel que quiera ingresar al Estado Nacional debe realizar este examen, que será obligatorio junto con la presentación del certificado de antecedentes penales.

Lectura, matemática e idoneidad del cargo: los temas a evaluar

Serán dos tipos de exámenes: Uno para empleados administrativos y otro para profesionales, donde se evaluará la comprensión lectora, el razonamiento lógico matemático y, en el caso de los profesionales, el conocimiento de la administración pública. En cuanto a la puntuación, lo máximo que se podrá obtener serán 100 puntos, y es obligatorio tener una puntuación mínima de 60 puntos para la aprobación.

Los resultados se darán a conocer de forma online y podrá descargarse un certificado de aprobación digital, que contará con un código alfanumérico único, homologado por la Secretaría de Transformación de Estado y Función Pública.

Los trabajadores y trabajadoras deberán inscribirse en el sitio web oficial, en donde solicitarán un turno para el tipo de evaluación que le corresponda. Se aclaró que cualquier tipo de error en la inscripción será tenido en cuenta a la hora de evaluar los resultados globales, y confirmaron que el turno podrá ser cancelado o reprogramado hasta 72 horas antes del día asignado.

En el caso de los empleados que posean el certificado único de discapacidad (CUD) quedarán exceptuados de rendir, al menos, temporalmente. Esto, hasta que el mismo sea adecuado para garantizar la accesibilidad del mismo.

La intención del Ejecutivo es simplificar los convenios colectivos de trabajo, que en el sector son más de 50, teniendo en cuenta la diversidad de actividades. Las fuentes consultadas admitieron que el objetivo será premiar el desempeño de las áreas que mejor realicen sus tareas.

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