Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario sancionada por el Congreso y necesita hoy de un tercio de los presentes en el recinto de Diputados para sostenerlo. El apoyo que Mauricio Macri le proporcionó al jefe del Estado sería decisivo, además del aporte de gobernadores aliados, que acercarían al Gobierno al tercio. Uno de ellos, es el peronista Osvaldo Jaldo, de Tucumán, que ordenó a tres de sus legisladores a alienarse con el oficialismo. Es decir, La Libertad Avanza tendría asegurados 84 votos para sostener la medida presidencial.
Con 144 diputados presentes, la sesión comenzó a las 11.18 y se esperan entre cuatro y cinco horas de debate. Se tratará exclusivamente lo del veto de Milei al financiamiento educativo. El Gobierno todavía no cuenta con la garantía del éxito, pero está cada vez más cerca, a partir del aporte de Pro, los diputados que dependen de los gobernadores, los radicales libertarios y las ausencias.
Lourdes Arrieta, que integró hasta el mes pasado el bloque de La Libertad Avanza (LLA), confirmó que votará en contra del veto de Milei y complejiza los planes del Gobierno para blindar la decisión presidencial. “Lo público no es tan público. Quería reflexionar acerca de este debate sin sentido para pensar dónde realmente va el dinero: si va al estudiante, que estudia en el piso o con baños hacinados; o va para ellos o muchos rectores que son amigos del poder de turno. Quiero reafirmar mi compromiso hacia todos los estudiantes que nunca van a poder acceder a la universidad pública. Estan financiando a los ñoquis, trolls, a la SIDE, por eso la universidad pública no tiene que ser un debate, aunque sí las auditorías para ver si va a los estudiantes o a los rectores”, planteó la mendocina.
Hubo cuatro definiciones que ajustaron aún más el marcador. Las dos diputadas del gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, y el legislador rionegrino que responde al mandatario provincial, Alberto Weretilneck, dejaron entrever en la noche del martes que rechazarían el veto presidencial.
Así lo ratificó Nancy Picón, aliada de Orrego, en pleno recinto. “Fui alumna, soy hija de la universidad de San Juan, fui docente en la misma universidad y estoy convencida de que tenemos muchos lugares donde hay que seguir trabajando para mejorar las partidas, con el debate del presupuesto 2025. Desde ese lugar, el voto de San Juan va a ser a favor de las universidades y de la educación pública”, anticipó.
En tanto, la cordobesa Alejandra Torres, aliada de Martín Llaryora, anunció que se ausentará de la votación por cuestiones de salud. Lo mismo sucedió con Jorge “Loma” Ávila, de Chubut, aliado al gobernador Ignacio Torres, quien avisó que faltaría “por cuestiones de salud”. Un golpe para quienes buscan insistir con la ley dado su manifiesto apoyo al presupuesto universitario.
En el bloque UCR, Martín Arjol -uno de los cinco radicales conversos- se pronunció a favor del veto y Francisco Monti se mostró en duda. Hasta ayer, el catamarqueño se inclinaba por la insistencia de la ley.
Todas las miradas están puestas en los que aún no tomaron partido. Allí se encuentran los tres misioneros que esperan las órdenes del mandatario provincial Hugo Passalacqua y su jefe político Carlos Rovira; y dos diputados radicales, Francisco Monti y Pablo Cervi, quienes podrían abstenerse.
La norma sancionada por el Congreso establece una recomposición retroactiva de los salarios de docentes y no docentes del sistema universitario nacional por la inflación acumulada al 1° de diciembre del 2023. Define, además, una actualización mensual de los mismos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que arroje el Indec, solo en el caso en que no se llegue a un acuerdo paritario.
Respecto de los gastos de funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios, indica que se actualicen al 1° de enero de 2024. Para lo que resta del año, determina que se revisen estas partidas de manera bimestral con el índice de inflación publicado por el Indec.
El propósito de la ley es garantizar el presupuesto a las altas casas de estudio, más allá de los aumentos esporádicos que ofrezca el Poder Ejecutivo.
Según el decreto de Milei que oficializó el veto a la ley de financiamiento universitario, ese proyecto significa un gasto adicional para este año de $811.569 millones. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en cambio, estimó que para este año tendrá un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI.
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