La oposición le propinó al Gobierno una dura derrota política en el Senado al sancionar una ley que recompone el presupuesto de las universidades nacionales. La norma camina con destino al veto del presidente Javier Milei, que podría pagar un duro costo político por aplicar una medida de ese calibre en un tema que motivó, en abril último, una masiva marcha en contra de la resistencia del Poder Ejecutivo a financiar las casas de altos estudios.
La ley fue sancionada por un mosaico de fuerzas políticas de la oposición en la que confluyeron radicales, kirchneristas, fuerzas provinciales y otros bloques menores, que impusieron su criterio por 57 votos a favor, tan sólo 10 en contra y una abstención. El débil rechazo a la iniciativa fue aportado por siete libertarios y tres senadores de Pro, bancada que votó dividida, ya que otros tres lo hicieron a favor y la pampeana Victoria Huala se abstuvo.
Según los defensores del proyecto, el costo fiscal de la norma es de apenas el 0,14% del producto bruto interno (PBI). En números, serían unos $780.000 millones de pesos. El oficialismo acusó a la oposición de hacer demagogia con un tema tan sensible como la educación, amén de destacar que la iniciativa no establece la fuente de financiamiento de la mayor erogación que implicará para el presupuesto nacional.
Como parte de su enfrentamiento con parte de la oposición en el Congreso, el jefe del Estado ya anunció que vetará la norma, tal como lo hizo con la ley de recomposición de las jubilaciones. Esto sumará tensión a la reunión del próximo domingo, cuando Milei asistirá al recinto de la Cámara de Diputados a presentar el presupuesto nacional 2025.
La ley que sancionó esta madrugada en la Cámara alta establece la actualización por inflación del presupuesto para las universidades nacionales con retroactividad al 1° de diciembre del año pasado. Hacia el futuro, el mismo mecanismo deberá aplicarse de manera mensual para actualizar los fondos que el Estado debe destinar a las 60 casas de altos estudios de todo el país.
La inyección de fondos se distribuirá en función del número de estudiantes que ingresan y alumnos de cada universidad, las carreras ofrecidas, la cantidad de egresados, los hospitales y escuelas secundarias que posean a su cargo y la actividad científica, tecnológica y de extensión que lleven a cabo.
“El proyecto no busca incrementar los presupuesto de las universidades nacionales, sino que busca resguardar los gastos de funcionamiento, que representan menos del 10% del gasto total asignado”, afirmó Flavio Fama (UCR-Catamarca), quien destacó que el 90% restante se consume en la recomposición salarial del personal docente y no docente.
El legislador radical, que fue rector de la Universidad Nacional de Catamarca, destacó que “más de un millón y medio de argentinos, que esperan tener un futuro, están en las universidades públicas”, cifra que, dijo, representa el 70% del total de estudiantes de las casas de alto estudios de todo el país.
Por su parte, el kirchnerista Daniel Bensusán (La Pampa) apuntó sus críticas a Milei. “El presidente se la pasa diciendo en cada viaje al exterior que quiere insertar al país en el mundo. Cómo se va a insertar en el mundo si no tenemos garantizadas las carreras y las investigaciones estratégicas universitarias”, sentenció.
“En vez de pensar en la motosierra para las universidades nacionales y para los jubilados, pensemos en garantizar que haya mayor cantidad de ingresados y mayor inversión en investigación para el desarrollo de nuestro país”, remató Bensusán, antes de afirmar que “votar en contra de este proyecto es votar en contra del progreso de nuestro país”.
El oficialista Bruno Olivera (San Juan) aseguró que la iniciativa no cumple con la ley de administración financiera porque no especifica de dónde deberían salir los fondos para que el Poder Ejecutivo para solventar el incremento presupuestario. “No se entiende bien cómo se van a financiar estos aumentos”, afirmó el legislador, quien mencionó informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que señalan que “gran parte de los fondos universitarios no se canalizaron de manera eficiente”.
“Es claro que hoy la oposición quiere establecer un discurso en el cual quieren decir que ellos llevan la bandera de la educación y nosotros somos los malos”, remató el senador por San Juan.
En sintonía con el oficialismo, el peronista Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta) criticó al kirchnerismo “por hacer política creando universidades”, tras lo cual recordó que en los últimos 20 años pasaron de 45 a 61 las casas de altos estudios. “Debemos invertir mejor, pero también debemos tener mejor calidad educativa”, agregó.
La ley sancionada esta noche prevé la realización de auditorías sobre la ejecución de los fondos universitarios, las que estarán en manos de la Auditoría General de la Nación (AGN). La cláusula fue introducida en la Cámara de Diputados por impulso de la UCR en respuesta a la denuncia del Gobierno, repetida por el oficialismo en el Senado, acerca de una supuesta opacidad en el manejo de los fondos por parte de las universidades.
“Estamos hablando de docentes que nos les alcanza la plata para ir a dar clases”, denunció el radical Martín Lousteau (Capital), quien se enojó porque la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro) calificó como parte de la casta a los funcionarios universitarios por los malos resultados de la gestión educativa de las casas de altos estudios.
Lousteau volvió a la carga con los beneficios que la Ley Bases le otorga a aquellos que ingresen al blanqueo. “A esos nos les cobran un peso, pero para las universidades no hay plata”, afirmó, para concluir: “Primero decidieron no cobrarle a los que blanquean, por eso no hay plata”, concluyó.