Hay conflictos sindicales que exceden largamente la situación particular de un gremio y que pueden tener derivaciones sobre el resto de la economía. En este momento, el que afecta a los aceiteros constituye un caso de preocupación para el gobierno, porque sintetiza los riesgos que el equipo de Toto Caputo detecta en la marcha de su plan.
No se trata de cualquier sector, claro está, sino del que maneja la principal fuente de divisas, y en un momento en que las liquidaciones por exportación de granos supera los u$s100 millones diarios. Pero, por otro lado, de cómo se resuelva este conflicto puede depender la marcha de las paritarias para el resto de los gremios, algo que al ministro de economía le preocupa porque teme que pueda desalinearse la política salarial con el proceso de reducción de la inflación.
Después de seis días de paro, el gobierno decidió intervenir y dictó la conciliación obligatoria, por pedido de las cámaras empresariales. La paralización de actividades ya empezaba a generar preocupación por su impacto en el comercio exterior: frente al área portuaria de Rosario se habían estacionado más de 20 barcos a la espera de poder cargar su mercadería -soja, principalmente-.
Cada día de conflicto implica un costo operativo adicional de u$s50.000 por barco, además del riesgo de que Rosario pase a ser calificado a nivel internacional como «puerto sucio», lo que implica una baja confiabilidad sobre el cumplimiento de la carga. Y eso puede derivar en que los operadores internacionales opten por otros polos exportadores regionales, como los puertos brasileños.
Y, mientras tanto, unos 15.000 transportistas quedaron varados, al tiempo que otros 10.000 tenían carga pero no salían hacia los puertos, según las estimaciones de Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera. El directivo insinuó que el conflicto no estaba en realidad motivado por una aspiración salarial, sino que había una postura política por parte de la dirigencia sindical. Su argumento es que la pérdida del premio por presentismo más los descuentos por paro superará cualquier mejora que se pueda obtener en la negociación paritaria.
Las cámaras del sector aceitero solicitaron al gobierno la mediación ante un conflicto con potencial de daño a la economía
El conflicto más importante del momento
Del lado de enfrente, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros sostuvo la visión opuesta: niegan motivaciones políticas sino de pura recomposición salarial. Hablando en números, reclaman que el salario básico del sector se eleve desde los actuales $1.240.202 a $1.550.000. Un nivel que, por más que se aproxima al nuevo piso del impuesto a las Ganancias -con un salario promedio superior a los $3 millones-, el sindicato argumenta que apenas cubre la canasta familiar de los aceiteros.
«Las empresas se están negando a pagar un salario que nos permita cubrir nuestras necesidades. Eso es lo que estamos discutiendo con las empresas del polo sojero más grande del mundo», dijo el secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, Daniel Yofra.
Los sindicatos argumentan que el año pasado, en plena crisis por la sequía histórica, el costo salarial apenas representaba un 1,7% del costo operativo de las empresas aceiteras, un monto que se ha reducido tras la devaluación de fin de año y que no se ha recompuesto a pesar de que la producción de este año implica una sustancial recuperación de volúmenes de exportación.
El riesgo en la entrada de dólares
Hasta ahí, un panorama conocido y ya visto en innumerables conflictos salariales, sobre todo en los de sectores que se encuentran en un proceso de crecimiento. Sin embargo, en este caso hay algunas características que lo tornan especial, por su capacidad para influir en el resto de la economía.
Es una situación comparable con la que, en otros momentos, han tenido los transportistas, por ejemplo: se trataba de una paritaria con capacidad para influir en los costos de toda la cadena logística y, además, por la alta visibilidad del gremio, de establecer una referencia de aumento salarial que el gobierno veía como reñida con la marcha de la economía.
Fue por eso que a comienzo de año Toto Caputo intervino directamente con un «veto» de facto a una paritaria que, él entendía, no estaba justificada por la evolución inflacionaria. De ahí surgió la negativa a homologar paritarias que no estuvieran alineadas con la proyección oficial de caída de la inflación, un tema que hasta el día de hoy constituye un motivo de conflicto entre el gobierno y la central sindical CGT.
El caso de los aceiteros implica varios riesgos para el gobierno. Para empezar, porque afecta la logística del sector más dinámico de la economía, y el que aporta la mayor parte de las divisas, justo en un momento en que el gobierno intenta detener el deterioro de las reservas del Banco Central.
En el mercado se había generado nerviosismo por el flojo nivel de liquidación de junio pasado, un mes en el que tradicionalmente se produce uno de los mayores flujos de exportación de la cosecha agrícola. Sin embargo, los modestos u$s1.978 millones ingresados hacían temer lo peor, en un momento en que volvían al tapete los rumores sobre devaluación y se escapaba el dólar en el mercado paralelo.
El respiro llegó en julio, cuando la liquidación retomó un buen ritmo y cerró en u$s2.616 millones, un buen nivel considerando la época del año y, sobre todo, que se constató una caída de las cotizaciones de materias primas en el mercado internacional. El arranque de agosto también venía arrojando buenos números: por caso en las primeras siete jornadas de agosto ya se acumulan liquidaciones por u$s805 millones, algo que abría expectativas de otro mes con ingresos bien por encima de los u$s2.500 millones.
Esto haría prever otro muy buen mes de recuperación de las reservas del BCRA gracias al aporte del agro, a pesar de las quejas por el retraso cambiario y a pesar de que en la semana de turbulencia del mercado financiero global, las pantallas de Chicago mostraron para la soja un retroceso de u$s9 por tonelada y un desplome de u$s25 para el aceite de soja.
La preocupación es obvia: la pérdida de mercados y, por consiguiente, una ralentización en el ingreso de divisas justo en el momento en que el Banco Central más las necesita para transmitir al mercado financiero el mensaje de que el tema cambiario se encuentra bajo control.
Toto Caputo contra la «distorsión» salarial
Pero, más allá de las eventuales complicaciones con el ingreso de divisas, hay para Caputo otro riesgo asociado con esta paritaria conflictiva: puede significar un desalineamiento con su política de desinflación, justo en un momento en que el mercado empezó a dudar sobre su promesa de que el IPC continuará bajando mes a mes.
En su última reunión con agentes de bolsa, Caputo había asegurado que el índice de julio sería el más bajo en lo que va del año, lo que implica un nivel menor al 4,2% de mayo, algo que quedó en duda tras el 5,1% registrado para la Ciudad de Buenos Aires.
Ya en su adelanto del presupuesto, Caputo había dicho que la inflación acumulada para todo el año sería inferior a 130%. Como el acumulado del primer semestre fue de 79,8%, la promesa del ministro implicaba que para la segunda mitad del año habrá un acumulado semestral de 27% como máximo. En otras palabras, esto implica que en la segunda mitad del año el promedio de inflación mensual debería ubicarse debajo del 4%.
el ministro Caputo destacó en las redes el punto de inflexión que desde abril tuvieron los salarios
Y Caputo ya dejó en claro que considera que uno de los factores que pueden atentar contra el proceso de desinflación es un desborde en las paritarias. Ya se había referido al tema en abril, en un momento en que la CGT le reprochaba su actitud de no homologar acuerdos salariales que se iban por encima de lo que él consideraba debía ser un sendero descendente de la inflación.
«Si homologamos esto, el próximo va a decir dame 30% en abril y 40% en mayo, y obvio que puede disparar la inflación. Hay que dar algo razonable y compatible con la marcha de la economía», decía el ministro en una entrevista, interviniendo directamente en la negociación del gremio camionero.
Era un momento en que Caputo estaba enojado con los empresarios, porque habían remarcado los precios pensando en un escenario de disparada del dólar, y luego, en vez de corregir a la baja, optaban por hacer promociones. «Pero tiene consecuencias porque después el INDEC no capta eso y dice que la inflación es tanto y cuando toca negociar las paritarias se toma un salario que no es. Ahí todo se distorsiona».
Hasta ahora, el gobierno se jacta de haber mantenido la política salarial bajo control, porque no hubo desbordes que pusieran en riesgo la expectativa desinflacionaria pero, al mismo tiempo, se empezó a constatar una recuperación del poder adquisitivo. Así, el propio Caputo destacó que en abril se produjo un punto de inflexión y desde ahí el salario está creciendo por encima de la inflación, con una ganancia real de 4% en la última medición correspondiente a mayo, que presumiblemente se confirmará también cuando se conozcan las cifras de junio.
Paritarias alineadas con el IPC
Durante ese período, las principales paritarias se mantuvieron dentro de los parámetros pedidos por el gobierno.
En el sector del neumático, tras una larga discusión, se acordó un 16% de aumento trimestral, en tres tramos mensuales, con un primer incremento de 8% en agosto. Mientras que la Unión Obrera Metalúrgica, uno de los sindicatos más combativos, firmó 3,5% para julio, 3,5% en agosto, 2,5% en septiembre y 2,5% en octubre.
Otro que acaba de firmar, el gremio de pasteleros, fijó dos aumentos de 6%, en agosto y en noviembre. Y unos días antes, la paritaria más masiva del país, la de comercio -con casi un millón de adherentes- había acordado 4,5% en julio -a cobrarse a inicios de agosto- y otro tanto para el mes siguiente.
En definitiva, la tónica es que los ajustes están dentro del rango de lo que Caputo definió como el sendero descendente de la inflación, con un pequeño margen de recuperación salarial. En ese contexto, la negociación de los aceiteros se salía de la línea: la aspiración de incremento era de 27% mientras las cámaras ofrecían un 17%. Y los directivos de las empresas aseguran que el objetivo de recuperar poder adquisitivo por encima de la inflación ya estaba asegurado.
Las cámaras recuerdan que hubo un ofrecimiento de 12% de incremento en julio -con efecto retroactivo- y otro de 5% para septiembre, con lo cual el total acumulado anual llegaría a 107%. El sindicato, sin embargo, plantea otro punto de vista, y aspira a mantener un porcentaje del volumen que mueve el sector, en un momento de recuperación de la actividad.
Esa es, en definitiva, la pulseada que se está jugando como fondo del conflicto portuario. Más allá de algunos días de paralización en la logística exportadora, Caputo ve el riesgo de un efecto contagio que afecte dos de sus principales objetivos: la acumulación de reservas y el sostenimiento del sendero desinflacionario.