El plan del Gobierno para bajar la inflación encontró en junio el primero de los múltiples obstáculos que lo ponen en duda. Llevar el índice de precios al rango de 1 o 2 por ciento mensual en la segunda mitad del año, como pretenden Javier Milei y Luis Caputo, será imposible mientras dure la incertidumbre cambiaria, se mantenga la dolarización de las tarifas de los servicios públicos y los combustibles, se habilite la libre exportación de alimentos sin resguardar el mercado interno y se les dé vía libre a sectores oligopólicos – telecomunicaciones, prepagas, fabricantes de insumos difundidos, alimenticias, entre otros- para aumentar los márgenes de ganancia a costa del resto de los actores de las cadenas de valor y de los consumidores.
El rebote de la inflación del mes pasado, además, es un golpe a las expectativas de agentes económicos y del mercado, que ahora proyectan un estancamiento del IPC entre el 4 y 5 por ciento mensual hasta fin de año, lo que hará el proceso todavía más difícil.
El discurso del desplome de la inflación empieza a quedar en off side y le quita credibilidad a las proyecciones del Gobierno. Más aún cuando la economía no da señales de una recuperación en V, como también pregonan Milei y Caputo.
El bluf de la desinflación
El desplome de la economía y el consumo provocados por el Gobierno con la devaluación inicial, el ajuste del gasto público y el apretón monetario solo alcanzó para bajar la inflación desde la cumbre del 25,5 por ciento a la que fue lanzada con el salto cambiario de diciembre al 4,2 por ciento en mayo. Es una estrategia destructiva para la sociedad en su conjunto y para los más vulnerables en particular, que debería traer como recompensa de tanto sacrificio -de acuerdo al relato oficial- una solución de fondo para el problema de la inflación.
Sin embargo, el incremento del IPC al 4,6 por ciento en junio dejó en evidencia que las dificultades para estabilizar los precios en un nivel más bajo son más profundas de lo que reconoce el Gobierno y demandan otro tipo de intervenciones que no figuran en su manual. La inflación actual no es muy distinta, además, de la registrada en buena parte de los gobiernos de Alberto Fernández y Mauricio Macri, y se encuentra muy por encima del 1 o 2 por ciento mensual que sí había con Cristina Fernández de Kirchner.
En siete meses de gobierno, de diciembre a junio, la gestión libertaria acumuló 125,5 por ciento de inflación.
Costos
«El proceso de formación de precios en la Argentina está más ligado a la evolución de los costos que al comportamiento de la demanda«, señala Hernán Letcher, titular del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), para marcar una primera discrepancia con lo que está haciendo el Gobierno.
Como se señaló más arriba, la principal herramienta del plan económico para buscar la desinflación es reducir el consumo de manera drástica, al punto de tornar inviable la continuidad de miles de empresas. Enac, una de las cámaras que agrupa a las pymes, reveló esta semana que ya cerraron 10 mil firmas -en base a datos oficiales- desde que arrancó la gestión libertaria.
Pero ni siquiera con semejante crisis la inflación pasó del 4,2 por ciento como mejor marca y en junio volvió a trepar al 4,6. Es decir, con la demanda por el piso los precios aumentaron igual.
El cambio, el incremento de las tarifas de luz y gas que se aplicó el mes pasado fue determinante para el recalentamiento inflacionario. El propio Caputo lo admitió al anunciar la postergación de las subas previstas para julio para usuarios residenciales, aunque las mantuvo para industrias y comercios, y tiene previsto volver a los ajustes generalizados en los próximos meses, a fin de reducir la cuenta de subsidios y sostener el equilibrio fiscal.
Esa política tarifaria le pone un piso a la desinflación.
Letcher agrega: «El Gobierno considera que los precios y las tarifas se tienen que acomodar a la lógica del libre mercado, a la desregulación, y eso atenta contra la reducción de costos y la planificación. Las empresas se cubren ante cualquier eventualidad. Los formadores de precios mucho más. Por ejemplo, qué pasaría si se disparara el precio internacional del petróleo. Con el esquema actual, los precios internos de los combustibles seguirían la tendencia, lo cual es un sin sentido porque Argentina produce hidrocarburos, pero en la práctica es lo que ocurriría. Entonces hay un riesgo latente que provoca que ante cualquier ruido externo o interno, las empresas suban sus precios ya sea para resguardarse o como excusa para sacar ventajas».
En resumen, la presión de costos, que es clave en el proceso inflacionario, conspira contra la estabilización de los precios, y frente a ello el Gobierno responde con más desregulación. Es una política que favorece a los sectores concentrados, con poder para imponer condiciones.
«El Gobierno lo que dice que hará para bajar costos es disminuir impuestos«, completa Letcher, quien reconoce que la quita de 10 puntos del impuesto PAIS, desde el 17,5 por ciento actual, ayudará en ese sentido. «No creo que vayan a bajar los precios por eso, pero colaborará en quitar presiones en la formación de costos», apunta.
Tipo de cambio y salarios
«El otro gran punto débil es el tipo de cambio, que es el costo principal en la economía argentina«, señala el titular del CEPA. La escalada del blue a 1500 pesos y la ampliación de la brecha entre el dólar oficial y los financieros también marca límites a la aspiración oficial de que haya un desplome de la inflación.
Aunque el consumo está por el piso, la disparada de los dólares financieros tuvo impacto en los precios en los últimos días. «En la segunda semana de julio medimos un alza de alimentos y bebidas del 1,87 por ciento, con un acumulado de 2,6 en dos semanas. Es el mismo valor de todo junio y parece improbable que haya un freno abrupto en lo que queda del mes. Si julio termina con una inflación en alimentos del 3,5 por ciento, como apunta, se confirmaría lo que cree el mercado de que el tipo de cambio se atrasa cada vez más, subiendo al 2 por ciento mensual», revela el economista.
«Otro tema es qué pasa si mejora el poder adquisitivo. Con la lógica de Milei, si suben los salarios indefectiblemente habrá presiones inflacionarias. Para que no suceda es que endurece el apretón monetario. No hay plata, se reducen las transacciones», indica. Quedó claro en estos meses que ni el salario ni la puja distributiva fueron factores que impulsaran el índice de precios.
«Este Gobierno tiene otra mirada de la inflación. Cree que es un problema solo monetario, que tiene que haber menos plata. Es decir, que los jubilados y los asalariados tienen que ganar menos. Lo que plantea es una economía más chica, menos desarrollada, con salarios más chicos, ese es un objetivo en sí mismo», advierte.
Es decir, la prioridad no sería bajar la inflación, sino que las mayorías populares acepten que pueden consumir menos.