Los reclamos de la Ciudad de Buenos Aires al Estado nacional por la restitución de la alícuota del 2,95% de la Coparticipación, en consonancia con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, fue más allá del propio Gobierno porteño y también abarcó a legisladores del PRO y hasta el expresidente Mauricio Macri.
En clave política, el pedido excede el marco de las relaciones fiscales entre la Nación y las 24 jurisdicciones subnacionales y tiene como telón de fondo la relación entre La Libertad Avanza y el PRO, con la tensión propia de quienes alientan una fusión y aquellos que propugnan que el apoyo al Gobierno no pase más allá de una alianza.
Pero en tiempos en los que «no hay plata» y el presidente Javier Milei no admite condiciones para abandonar la meta de equilibrio fiscal, el fallo de la Justicia representa un monto difícil de afrontar y obliga a negociar una salida que conforme a las dos partes. Un resultado difícil de alcanzar si se tiene en cuenta la dimensión del problema.
Coparticipación: de cuánto es la deuda de Nación con la Ciudad de Buenos Aires
«En pesos corrientes, la deuda de la Nación con CABA entre enero de 2023 y el 30 de junio de 2024 es por $796.128,6 millones«, señaló al respecto Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politikon Chaco, pero aclaró que «si se la recalcula a precio de junio, esa deuda asciende a $ 1.647.883 millones«. Casi cinco veces el superávit financiero del primer semestre de $340.000 millones, según el último análisis del resultado devengado de la Oficina de Presupuesto del Congreso. O el equivalente a cinco meses de recaudación del impuesto PAIS, cuya vigencia vence a fin de año y el Gobierno no prevé renovar.
Pero el reloj del taxi sigue su marcha y ese monto crece en forma permanente: cada día hábil, desde el Banco Nación se distribuyen automáticamente los recursos coparticipables entre las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires; es decir que en la medida que no se actualice la alícuota del 1,4% actual al 2,95% estipulado por la Corte, también la deuda se incrementará cada 24 horas.
La Coparticipación Federal comenzó a regir en 1935, pero la distribución de recursos vigente data de enero de 1988, cuando se sancionó la ley 23.548. Desde entonces, con casi 37 años transcurridos, el esquema sufrió una serie de modificaciones que los analistas suelen denominar «parches» que, en definitiva, dejaron poco del planteo inicial.
En pesos corrientes, la deuda del Gobierno nacional con la Ciudad por la coparticipación asciende a casi $800.000 millones
La historia del conflicto
En lo que respecta exclusivamente a la relación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, el «pecado original» de la ley de Coparticipación estriba en que al momento de su sanción legislativa la entonces Capital Federal no contaba con autonomía y, por ende, no participó del reparto, al igual que Tierra del Fuego, por aquella época territorio nacional.
De todos modos, la resolución del caso para porteños y fueguinos no fue similar: los patagónicos -una vez lograda su autonomía en 1991- se sumaron como la provincia 23 dentro de la distribución secundaria (reparto porcentual entre las provincias, luego de la división entre los recursos destinados a estas y los correspondientes a la Nación), pero a CABA se le concedieron los recursos por fuera de ese conjunto, detrayéndolos directamente de la masa reservada al Estado nacional.
Por otra parte, a diferencia de las 23 provincias, con alícuotas determinadas por ley, la Ciudad estuvo hasta 2021 pendiente de la asignación de los recursos a través de sucesivos decretos del Poder Ejecutivo Nacional.
A través de decreto 705 del 25 de marzo de 2003, el presidente Eduardo Duhalde le asignó a la Ciudad un coeficiente del 1,40%.
Poco después de su asunción presidencial, Mauricio Macri elevó esa alícuota al 3,75% mediante el decreto 194 del 18 de enero de 2016, «en aras de asegurar el desenvolvimiento fiscal y patrimonial que permita consolidando la organización y funcionamiento institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y proseguir asumiendo sus competencias, servicios y funciones inherentes a su régimen autónomo».
El ex presidente Mauricio Macri se sumó en los últimos días al reclamo de Ciudad por los fondos y tensó la relación con La Libertad Avanza
El decreto 399 del 24 de febrero del mismo año aclaró a qué se refería el anterior, al precisar que la diferencia entre el 3,75% y el 1,4% previo será destinada «para consolidar la organización y funcionamiento institucional de las funciones de seguridad pública», es decir el traspaso de la Policía Federal a la Metropolitana, tema que ya había generado varias rispideces con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuando Macri se desempeñaba como jefe de Gobierno del distrito.
El 28 de marzo de 2018, luego de la firma del Consenso Fiscal y ante el reclamo de las provincias, Macri reduce el porcentaje al 3,50% mediante el decreto 257, «de forma tal de mantenerla en condiciones de igualdad con el resto de las jurisdicciones».
El 9 de septiembre de 2020, en medio de una crisis que desencadenó una protesta de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández anunció el decreto 735, que le adjudica a la Ciudad un coeficiente del 2,32%, además de indicar en sus considerandos que el Congreso deberá fijarlo en el 1,40%, a fin de cumplir «con la manda constitucional de proveer al crecimiento armónico de la Nación» y cuestionar los aumentos dispuestos por Macri, por entender que con ellos «se vieron afectados los intereses generales de la Nación en su conjunto».
Ese 1,40%, vigente hasta que el Gobierno concrete la alícuota del 2,95% fijada por la Corte Suprema de Justicia, fue establecido en la ley 27.606 sancionada el 10 de diciembre de 2020.
Coparticipación: la comparación con las provincias
Las alteraciones que tuvo la asignación de recursos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires -cinco alícuotas diferentes en veinte años- se reflejaron en las oscilaciones que tuvo la posición del distrito dentro del conjunto de jurisdicciones.
Con las alícuotas del 3,50% y del 3,75%, CABA se ubicaba en el cuarto puesto entre las jurisdicciones de acuerdo con los recursos asignados, después de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
Al reducírsele el coeficiente al 2,32%, quedó relegada a la novena posición, superada, además de las tres provincias mencionadas, por Chaco, Entre Ríos, Tucumán, Santiago del Estero y Mendoza.
El golpe de gracia vino de la mano de la asignación de una alícuota del 1,40%. De esa forma, un distrito que es el cuarto en población y segundo por su aporte al PBI quedó en el decimoséptimo lugar, detrás de las ocho provincias citadas y Salta, Corrientes, Formosa, San Juan, Misiones, Jujuy, Catamarca y Río Negro.
Con el 2,95% de coeficiente, CABA retomaría su cuarto puesto. Pero la discusión está lejos de haber quedado saldada: hace 30 años, los convencionales constituyentes dispusieron en una cláusula transitoria de la reforma a la Carta Magna que antes del 31 de diciembre de 1996 debía sancionarse una nueva ley de Coparticipación. Faltan menos de seis meses para que se cumplan 28 años del incumplimiento de ese mandato.