Apenas una semana después de haber logrado la aprobación de la ley Bases y Puntos de Partida, ya se empiezan a observar movimientos nada menos que en el área energética que pueden significar una importante reconfiguración de todo el sector . Los anuncios de un importante acuerdo privado con una empresa marítima noruega para exportar gas licuado en un volumen significativo, el intento de avanzar en una nueva privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue, y el anuncio de la reprivatización de una planta fabricante de insumos tecnológicamente estratégicos para el sector, se sucedieron con una diferencia de horas entre uno y otro, sin que se observe una reacción en el frente político advirtiendo el alcance de tales definiciones.
Al repasar estos anuncios, se percibe que se trata de mucho más que del aprovechamiento de «una oportunidad de negocios». Pan American Energy y Golar LNG, de Noruega, anunciaron la firma de un acuerdo por 20 años para la instalación de una planta flotante de licuefacción en Argentina que producirá gas natural licuado (GNL) destinado a los mercados de exportación.
Según se anunció, el barco a instalar cerca de las costas argentinas, propiedad de Golar LNG, tendrá una capacidad de producción de 2,4 millones de toneladas anuales de GNL, equivalente a 11,5 millones de metros cúbicos / día de gas natural, previéndose el inicio de la operación comercial en 2027.
Teniendo en cuenta que la producción bruta de gas natural en Argentina osciló en los últimos 15 años entre los 115 y los 130 millones de metros cúbicos diarios (considerando el promedio de cada año), el emprendimiento señalado representa el equivalente al 10 por ciento de la producción nacional total. Dicha producción de gas saldría en línea directa desde el yacimiento hasta el lugar de instalación del barco, que la convertiría en GNL ya embarcado para partir hacia el país de destino de esa exportación. No hay procesamiento en tierra de ese fluído ni su utilización para el consumo local, ya sea de industrias o residencial. Es un proyecto enteramente exportador, casi sin participación de mano de obra argentina desde la salida de yacimiento.
Marcos Bulgheroni, director ejecutivo de PAE, afirmó que «el acceso del gas a los mercados mundiales a través de esta planta flotante de licuefacción es un primer gran paso para que nuestro país se convierta en un polo exportador generador de divisas». Informó además que PAE está «en negociaciones con YPF y otras compañías del sector para que se sumen al joint venture que fomamos con Golar».
YPF, Total Austral, Tecpetrol, PAE y Pampa Energía son, en la actualidad, las principales productoras de gas natural de Argentina y, sin duda, principales protagonistas en el modelo de concentración económica con eje en la exportación que sugiere la política del actual gobierno. «La Ley Bases y el RIGI permitirán iniciar un camino de crecimiento y fomentar las inversiones que el país necesita para desarrollar su enorme potencial energético», subrayó Bulgheroni, lo cual pone de manifiesto por qué el lobby petrolero era el más activo para lograr la aprobación de la ley.
La convocatoria de PAE al resto de las principales empresas que extraen gas de los yacimientos argentinos va de la mano de otro aspecto importante del acuerdo con la empresa noruega: su implementación prevé la posibilidad de sumar un número mayor de plantas flotantes de licuefacción, «sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones». Este último señalamiento estaría referido a la disponibilidad que vayan a tener las empresas sobre el gas que extraen y, en sentido contrario, si se les impondría alguna «obligación» con respecto al abastecimiento interno.
Inicialmente, se prevé que la planta flotante de Golar se abastezca del gas «utilizando la infraestructura y capacidad existente del sistema en los meses del año con menor demanda local», es decir excluyendo los meses de invierno. «Posteriormente, el objetivo es que pueda operar todo el año», refieren. Teniendo en cuenta que cada barco podría absorber un 10 por ciento de la producción promedio diaria actual, el funcionamiento de más barcos solo podría darse mediando un compromiso de incremento significativo en la producción. De todos modos, la gigantesca atracción del precio internacional del gas licuado hará que inevitablemente haya una puja importante entre la demanda para exportación y la local. Con la inevitable consecuencia, en ese marco, de un aumento de precios para esta última.
El mecanismo de extraer gas con el objetivo premeditado de exportarlo ya licuado no es nuevo, ya que Total Austral (petrolera francesa) lo aplica en su explotación offshore en el Atlántico Sur. Del gas que extra en la Cuenca Austral, aproximadamente la mitad la inyecta en el Gasoducto San Martín y el resto ni siquiera llega a territorio continental, ya que se embarca y se licúa. Pero en un volumen que cada uno de los barcos que promete amarrar Golar LNG multiplica por diez.
IMPSA y las represas
La historia de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) cuenta que, a partir de los 80, inicia «un proceso de notable desarrollo tecnológico que le otorga el perfil de empresa innovadora, convirtiéndola en líder en generación hidroeléctrica en Argentina». Se especializa en el diseño de turbinas hidroeléctricas, participa en grandes emprendimientos (Yacyretá, entre ellos) y se convierte en una pieza estratégica del desarrollo energético nacional. Es por eso que, después de entrar en un proceso de fuerte endeudamiento que la puso en riesgo de quiebra durante el gobierno de Macri, posteriormente el gobierno de Alberto Fernández la rescata, quedando desde entonces como sociedad anónima de mayoría estatal.
Esta última semana, el gobierno nacional, de la mano del gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, inició el camino inverso. Es decir, la búsqueda de un inversor privado. Y sin reparar en su sentido estratégico y la importancia que tiene su funcionamiento para el ejercicio de la soberanía nacional, aceptaron la oferta de una firma estadounidense, que queda como oferta prioritaria durante 30 días, en los cuales se podrán recibir otras ofertas.
Por último, en la semana que termina los integrantes de la Mesa Federal Energética y del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) reclamaron el retorno al Estado nacional de la operación de las centrales hidroeléctricas del Comahue (Neuquén y Río Negro). «Esas represas pertenecen al Estado Nacional de puro derecho desde agosto del año pasado y lo lógico es que hubieran retornado a la operación estatal, dada la ausencia de mejoras y mantenimiento durante los últimos 30 años de operación privada», sostuvieron en un documento los especialistas y profesionales de ambas entidades.
En sentido contrario, el gobierno nacional sostiene la decisión de volver a privatizar las centrales hidroeléctricas, cuyas concesiones vencieron el año pasado y que se encuentran actualmente en período de extensión del contrato que vence en agosto. La decisión de volver a privatizarlas se sostiene en el cuestionado DNU 70/23, por el cual ha creado nuevas sociedades anónimas para cada una de las represas con la finalidad de volver a concesionarlas al sector privado.
Como es notorio, el rechazo de los expertos se da como bajo un cono de sombras. Y la entrega de esta otra porción clave de la soberanía energética avanza casi sin oposición.