Durante décadas el Estado nacional, provincial y municipal funcionaron como una agencia de colocación de empleos por el desplome de la actividad económica productiva privada incapaz, de generar trabajo genuino y debidamente registrado.
Las paradojas de la pésima economía nacional indican que hasta en las instituciones estatales se contrata personal sin estar bajo convenio. Muchas veces se toma personal monotributista bajo la adhesión laboral a un contrato que, usualmente, se renueva de manera anual.
Al no gozar de estabilidad en sus puestos estatales, son los primeros que la administración nacional de La Libertad Avanza colocó bajo la lupa para comenzar con una ola de despidos donde suelen caer los típicos «ñoquis» de la política, contratados que sólo aparecen para cobrar en algún organismo público a fin de mes, pero, también, aquellos que cumplen fielmente en sus puestos laborales y al no estar en planta permanente son víctimas de despidos injustos.
Pretender información de los funcionarios del Gobierno y de los gremios acerca de estas injusticias es una quimera.
Las partes en pugna, ni siquiera se ponen de acuerdo en la cantidad de despedidos, y, a los gremios, en particular a la asociación de trabajadores del estado (ATE), no les interesa realizar un desglose entre aquellos contratados que cobran por algún favor o «rosca» política y los agentes estatales que cumplen yendo a trabajar diariamente.
Avanza el plan de Javier Milei de transformar el Estado
La llegada de Federico Sturzenegger consolida el plan de Javier Milei de achicar y transformar el Estado
La información reciente, a horas de la asunción de otro «cruzado» de la eficiencia estatal, el ministro de desregulación y transformación del estado, Federico Sturzenegger, que en tiempos en que dirigía el Banco Ciudad y el Banco Central, solía recorrer despacho por despacho a la caza de trabajadores «ñoquis» o con funciones superpuestas, indica que comenzó la tercera fase del plan de desguace del Estado y achicamiento de la planta de personal de los organismos públicos.
Si fuera por el instinto del presidente Javier Milei, iría «quinta a fondo con esta transformación del Estado que ahogó la iniciativa de los individuos, de los empresarios y de los emprendedores y que les quitó la posibilidad de invertir y generar trabajo genuino y rentable a la población», explicó uno de los jóvenes libertarios que lo acompañan desde tiempos de la campaña electoral.
Sin embargo, el plan es gradual y la primera fase o marcha fue con la revisión de todo el personal que había sido contratado durante el último año de la gestión de Alberto Fernández a fines de diciembre de 2023. La segunda marcha se produjo con la revisión de todos los demás empleados que no pertenecían a la planta permanente, los contratados, fue el 31 de marzo pasado. En esa ocasión la mayoría fueron prorrogados por otro trimestre que se venció el último domingo.
Y, aquí comienzan las protestas, porque miles de trabajadores estatales no tendrán la posibilidad de renovar por otro trimestre sus contratos.
ATE estima que 3.500 personas se quedaron sin trabajo en julio
Como en toda guerra, la información nunca es precisa y, en la batalla contra el Estado que está librando Milei, no hay cifras exactas ni nombres propios para saber si las medidas laborales son justas o injustas.
Según estiman desde ATE, en julio unas 3000 personas se quedaron sin trabajo
En ATE, estiman que «durante los primeros días de julio se dejó sin trabajo a más de 3.500 personas» mientras que en Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) que tiene afiliados en planta permanente, relevaron «2.000 personas a las que no se les renovaron los contratos, pero estamos esperando que los delegados nos envíen un informe detallado de cada repartición para poder dar el número preciso de despedidos», explicaron a iProfesional.
En ATE tomaron nota que la gran sangría de despedidos sucedió en ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, donde hubo 450, cerca del 80% del personal registrado y, previamente, se había desvinculado a más de 200 personas. También se dio de baja personal en la Secretaría de Derechos Humanos, cerca de 700 empleados y en el ex Ministerio de Desarrollo Social que anotó 370 despidos.
Para muchos gremialistas de la combativa ATE, el otro gremio, UPCN, conducido por Andrés Rodríguez, «debe tener un pacto con Karina Milei porque las conducciones peronistas del gremio estatal y de la CGT no convocaron a ninguna medida ante la nueva tanda de despidos, que incluye bajas en el Hospital Posadas y en los Espacios de la Memoria, como la ESMA o el Olimpo».
Acaso, UPCN y la CGT, estén aguardando algún tipo de negociación por las paritarias de los agentes estatales que no terminan de conformar a nadie.
Sueldos congelados y paritarias estancadas
A pesar de una inflación que no ha sido derrotada del todo, el ajuste sobre los ingresos de los «estatales» fue enorme y sus sueldos están, prácticamente, congelados si se los compara con los aumentos registrados en los bienes y servicios en CABA y provincia de Buenos Aires, pero, también, en el resto de las provincias.
«Comenzó julio y la primera reunión fracaso. Nadie en el Estado sabe qué aumento recibirá por su trabajo durante junio. En la reunión paritaria que se llevó a cabo en la sede de la secretaría de Trabajo de la Nación, el lunes pasado, el Gobierno no elevó ninguna oferta salarial y se pasó a un cuarto intermedio en las negociaciones», detallan.
Con estas señales y con un anarco-capitalista en el sillón de Rivadavia, los gremialistas saben que están en el peor de los escenarios posibles para negociar.
En ese contexto, es válido señalar los conceptos del presidente cuando se encontraba en campaña y ratificar que está cumpliendo con lo que prometió.
En la teoría se define como un libertario pero en la práctica como un minarquista porque, «Todo tipo de intervención del Estado es violenta, puede ser autística, binaria o triangular, y todo lo que hace el Estado está mal», dijo el economista. Luego matizó: «Uno vive en el mundo real y tiene que tener los pies sobre la tierra. En ese contexto, yo soy un minarquista, es decir, alguien que considera que el Estado solo debe estar a cargo de la seguridad y la Justicia.»
«Naturalmente, ante el tamaño del Estado que tiene Argentina y la cantidad enorme de regulaciones, más la cantidad de impuestos y la presión fiscal, evidentemente estamos en un contexto donde la sociedad este discurso lo internaliza fuertemente. Porque se dan cuenta de que cada vez somos más pobres y que los únicos que progresan son los políticos, la casta política, los parásitos que destruyen riqueza. Y eso, que es un reclamo, está llegando a la sociedad,» sentenció el entonces candidato, hoy presidente de la Nación Javier Milei.