La Ley de Bases que aprobó recientemente el Congreso modifica la Ley de Empleo y de Contrato de Trabajo, e incluye iniciativas de diputados radicales entre las que se encuentran, un fondo de cese laboral, que será de carácter opcional, con el fin de solventar las indemnizaciones.
A la espera de la reglamentación del Poder Ejecutivo, los sindicatos deberían adherir a través de sus convenios colectivos de trabajo. Realizado este paso, se habilita la posibilidad para que las empresas contraten un seguro para pagar las indemnizaciones en cuestión.
Sin embargo, la nueva propuesta será analizada sector por sector de la actividad económica, porque cada industria tiene diferentes necesidades en relación con la rotación de su personal y, de allí, la importancia del carácter optativo de la iniciativa aprobada.
Fondo de cese laboral: empresas y gremios buscan renovarse
¿En qué se parecen el pensador libertario Alberto Benegas Lynch (h), mentor del presidente Javier Milei, y el sindicalista de la construcción y los peajes cordobés, Gustavo Rossi? En que los dos consideran que el sindicalismo se quedó atrasado en sus prácticas en favor de los trabajadores.
Y, la respuesta se puede justificar en la actualidad del universo laboral nacional. ¿De qué Justicia social se habla si hay 3.465.000 desempleados y si existen 5.776.000 trabajadores informales, que no tienen protección alguna, ni obra social, ni descuentos jubilatorios ni nada? Una economía informal que es moneda corriente en la Argentina.
Estas preguntas se las viene realizando desde hace tiempo el sindicalista y político cordobés, Gustavo Rossi, que es titular del partido Laborista Argentino y que, de una extraña manera, puede llegar a coincidir con el pensamiento liberal que está en auge en estos días en el país.
Porque para las posiciones del académico liberal, Alberto Benegas Lynch (h), siempre recordado por Javier Milei cuando recoge premios internacionales por su defensa de la economía liberal, «las indemnizaciones coactivas por despido se traducen en peores condiciones de vida para la gente de menores recursos. El mercado debe tener la máxima flexibilidad para poder reaccionar en forma fluida, adaptándose a las cambiantes circunstancias. Por ello, una indemnización por despido significa sacar recursos que hubieran sido invertidos en determinados sectores, para coactivamente destinarlos a determinados individuos. La indemnización por antigüedad, obliga al empresario a retener trabajo ineficiente rechazando trabajo más productivo debido al obstáculo que representa aquella erogación. Estas consecuencias no permiten optimizar recursos, lo cual disminuye el ritmo de acumulación de capital que, a su vez, deteriora las condiciones generales de vida, principalmente los salarios de la gente que se desea proteger».
Detrás de esta teoría está operando la opinión generalizada por los adscriptos al liberalismo, por la que se critica la obligación de abonar una indemnización por despido cuyo financiamiento esté a cargo del empleador. Una posición que fue una constante en la historia de nuestra nación desde que se implementó la ley 11.729 al modificarse el Código de Comercio en 1934.
Es historia, pero que tiene una profunda repercusión en la actualidad -a juzgar por la sanción de la Ley de Bases que incluye una reforma laboral acotada según los objetivos iniciales de la administración Milei pero con una institución que será de gran utilidad para terminar con la incertidumbre que genera la falta de trabajo en determinados sectores y para atacar a la industria del juicio que ha sido uno de los principales factores que ha obturado el crecimiento de la economía nacional.
En ese contexto, el sindicalismo busca modernizarse a estos nuevos discursos y las respuestas parecen surgir desde las provincias. Entre ellas, Córdoba puede dar algunas respuestas.
En diálogo con iProfesional, el sindicalista Gustavo Rossi, señaló: «El sindicalismo se quedó viejo y sin ideas, la comodidad de la distancia los dejó flojos de reflejos a la hora de discutir realidades salariales provinciales y regionales; el desarrollo de la tecnología y la irrupción de la IA los encontró saliendo de un abandono de 4 años con Alberto Fernández.»
Y explicó su posición: «Las empresas pymes son una suerte de cooperativas, pero conformadas jurídicamente ‘sin eufemismos’ como S.A. o S.R.L. pero sus dueños son, sin duda alguna, trabajadores. Volviendo a la realidad de los hechos, hoy estamos frente a un gran desafío, porque si seguimos haciendo lo mismo el resultado será idéntico al de los últimos 20 años: caos, desempleo y pérdida del poder adquisitivo de los salarios».
El fondo de cese laboral que prevé el Gobierno reemplazaría a las indemnizaciones tradicionales.
En ese contexto, Rossi señaló la importancia de un fondo de cese laboral que espera ser reglamentado y que ya está analizando la conducción de la CGT.
«El otro gran desafío es avanzar en la concreción de un nuevo derecho para los trabajadores, sin que ello signifique una pesada carga para otro, me refiero a la Indemnización por Renuncia o ‘Cese Laboral’.
El sindicalismo referenciado en Rossi se reunió con directivos de cámaras empresariales para elaborar un proyecto de ley con mayor densidad y profundidad que el fondo de cese laboral recientemente sancionado.
El proyecto indemnizatorio pensado entre sindicalistas y empresarios licuaría el gasto imprevisto a las empresas y les ofrecería a los trabajadores el derecho a cobrar también sus indemnizaciones por renuncia o jubilación, hoy no previstas por la ley.
Rossi explica «…lo más notorio, esos depósitos que el empleador haría por cada trabajador, como ocurre con los obreros de la construcción (Ley 22.250), no quedarían inmovilizados, sino que generarían un fondo de inversión administrado por empresas-trabajadores y regulado por el Estado, que sería reinsertado al mercado en calidad de préstamos a las empresas aportantes. La Ley Bases habla al respecto, pero nuestra iniciativa de cese laboral basado en un ganar-ganar ya tiene tres años, porque fuimos capaces de sentarnos todos los sectores de la cadena de valor de la construcción y evaluar un sistema equitativo. A pesar de ello, el gremialismo empresario nacional sigue con dudas a un esquema que haría desaparecer la industria del juicio laboral», explicó Rossi.
Acaso sea ese el problema. El gran lobby de la industria del juicio laboral que continúa enquistado como una piedra gigante en el zapato de la producción.
El sindicalista cordobés, Gustavo Rossi, acuerda con la idea de crear un nuevo fondo de cese laboral
Con el fondo de cese laboral se licúa el pasivo de las empresas y se les ofrece a los trabajadores una nueva institución y derecho, la indemnización por renuncia por cada año de servicio.
El sindicalismo cordobés analiza que con el fondo de cese laboral se licua el pasivo contingente de las empresas, un punto que está siendo analizado por varios expertos del área del trabajo.
Para el analista económico, Gastón Utrera, de la Universidad Siglo XXI, «hay que analizar los costos por la acumulación de los pasivos contingentes».
En sectores de baja rotación laboral, a la inversa del sector de la construcción, no tienen graves problemas financieros por indemnizaciones, pero enfrentan la acumulación de pasivos contingentes.
El Dr. Alejando González Escudero, explica que un pasivo contingente es «una obligación asumida por una empresa dentro de su orden contable, su contabilización y cuyo cumplimiento o aparición no se asegura por completo en un futuro. Este concepto es habitual en contabilidad, recoge aquella parte de los pasivos estimados de una entidad que será cuantificada o satisfecha como obligación si se dan una serie de circunstancias o contingencias requeridas».
Lo cierto es que mientras en el sindicalismo argentino comienza a notarse una renovación en el liberalismo más arquetípico, también se analizan maneras de previsionar fondos ante el desempleo.
El experto Guillermo Unzaga Domínguez, señala en un paper publicado en Microjuris.com que «dentro de esta corriente del pensamiento se admite que los trabajadores, por medio de seguros, puedan previsionar su desempleo. Como en muchos países del mundo, en nuestro país, en tiempos pretéritos, fue utilizado. Como explica Alejandro Ruzo, había ‘tres clases de instituciones por medio de los cuales se establecían estos seguros: los sindicatos, las asociaciones de socorro mutuos profesionales y las asociaciones de socorros mutuos no profesionales. Existen asociaciones aisladas cuyas cajas locales en caso de crisis no pueden ayudar suficientemente. Esto lo remedian en parte las federaciones que son la reunión dentro de un país, provincia, de las asociaciones de obreros que ejercen la misma profesión'».
Mientras se aguardan definiciones acerca del método para la puesta en marcha del fondo de cese laboral, el consenso necesario para su implementación, parece alcanzarse al ritmo de los acelerados cambios de la economía mundial que atraviesa su cuarta revolución industrial.