Vía libre para la emergencia ferroviaria

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El Gobierno declaró la emergencia ferroviaria por dos años, la cual alcanza a la administración, mantenimiento y operación de los servicios, y asignó una partida de 1,3 billones de pesos para su funcionamiento. La decisión se oficializó a través de la publicación de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei y todo el gabinete. El sistema ferroviario quedó dentro del paquete privatizaciones que votó el Congreso en la Ley Bases y desde Unión por la Patria y el Frente de Izquierda alertan por el desguace del sistema ferroviario.

La declaración abarca los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional y comprende la totalidad de las actividades inherentes a la administración y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, así como la operación de los servicios ferroviarios en la Red Ferroviaria Nacional. La medida fue dispuesta por un plazo de dos años, prorrogable por única vez por el mismo período.

La Ley Bases aprobada por el Senado mantuvo entre las empresas a concesionar al Belgrano Cargas y a la sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse). Otro de los puntos del decreto establece que tanto la Secretaría de Transporte como las empresas ferroviarias «podrán dejar sin efecto los procedimientos de contratación» que «no se encontrasen perfeccionados y las contrataciones que no tuvieran principio de ejecución.

«Esta herramienta permitirá que el Gobierno Nacional avance en acciones necesarias para poder mejorar las condiciones de seguridad operativa en los servicios ferroviarios a través de la renovación de la infraestructura», señaló un comunicado de la Secretaría de Transporte. El decreto establece la asignación de 1,3 billones de pesos para las inversiones necesarias para mejorar las condiciones de seguridad operativa.

Además, se facultará a las empresas ferroviarias a renegociar las deudas y contratos heredados por la gestión anterior para destinar dichos recursos a la seguridad operativa.

El decreto designa como autoridad de aplicación de la emergencia ferroviaria a la Secretaría de Transporte, la cual deberá elaborar un plan de acción, dentro del término de los 15 días, con las medidas indispensables y urgentes a tomar. A su vez se indicó que, en caso de ser necesario, se deberán realizar «las adecuaciones de las condiciones laborales de sus trabajadores mediante negociaciones con las representaciones sindicales».

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