El fondo buitre Burford, que lleva adelante una demanda contra la República Argentina en Estados Unidos por la forma en que se nacionalizó YPF en el 2012, logró este martes un avance en su insistencia por embargar bienes soberanos y asegurarse el cobro de los 16 mil millones de dólares que Argentina deberá pagar si el juicio quedara en sentencia firme. Durante una audiencia llevada a cabo este martes en tribunales neoyorquinos, la jueza Loretta Preska concedió varios pedidos de información de los demandantes y abrió la puerta a considerar que YPF y el Banco Central puedan ser «alter ego» de la República para poder acceder a sus activos como forma de pago. Este es apenas un paso en una carrera de obstáculos que el fondo buitre debe superar para poder embargar bienes del país.
La jueza Preska que sucede a Thomas Griesa en los tribunales de Nueva York, permitió a Burford avanzar en la indagación para demostrar si existe la figura de «alter ego» entre la República Argentina e YPF y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Respondiendo a un pedido del demandante, solicitó que la República otorgara hasta dos años de información en registros que puedan aportar a este argumento, al que el país se negaba.
Los demandantes habían solicitado originalmente que Preska obligara no solo a YPF y al BCRA; también a Aerolíneas Argentinas, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), Banco de la Nación Argentina (BNA) y Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) a otorgar hasta cuatro años de registros para obtener pruebas de que las empresas son «alter ego» de la República. Preska redujo el pedido de cuatro a dos años y se limitó a las dos primeras entidades.
La incorporación de «alter ego» es parte de la estrategia ofensiva de los demandantes para asegurarse el cobro de una fianza por el monto total del juicio hasta que quede en sentencia firme (aún se encuentra en instancia de apelaciones, pero así se estila en Estados Unidos). En esa misma linea, la jueza permitió a los demandantes examinar los últimos dos años de registros financieros de cuentas bancarias diplomáticas, militares y consulares de Argentina que no están ni en el país ni en Estados Unidos. Argentina ya proporcionó información sobre bienes raíces y bienes muebles utilizados para asuntos diplomáticos, militares y consulares, pero los buitres van por las financieras.
Limitantes para embargar
Si Burford llegara a conseguir que la jueza y la Cámara de apelaciones coincidan con la interpretación de la figura de alter ego, aún deberá encontrar algún bien posible de embargar. Es que la capacidad de los demandantes se encuentra restringida gracias a la inmunidad de ejecución que da el Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA).
De acuerdo a la ley, los demandantes sólo pueden embargar bienes que cumplan tres requisitos: el Estado mismo es su dueño; el bien se usa para una actividad comercial en Estados Unidos; y es o fue un bien usado para la actividad comercial en que se basa el reclamo. «Las tres condiciones sumadas representan un obstáculo muy grande para los demandantes. Por supuesto, eso no significa que no lo vayan a intentar igual. O que lo intenten simplemente como estrategia de hostigamiento, aun sabiendo que el embargo no puede prosperar», explicaba el abogado y ex subprocurador del Tesoro Sebastián Soler en su cuenta de X.
Lo cierto es que los y las argentinas cuentan con un recuerdo bastante cercano de embargos de bienes. La declaración del default de los bonos emitidos en los años 90 por el fugaz presidente Adolfo Rodriguez Saá el 22 de diciembre del 2001 disparó una ola de embargos o intentos de embargos de bienes del país fuera del territorio nacional, algunos con más prensa que otros. Se confiscó la residencia del embajador argentino en Washington, la casa-museo donde pasó sus últimos años José de San Martín, en Boulogne Sur Mer, al norte de Francia. También Néstor Kirchner evitó usar el avión presidencial Tango 01 para evitar que fuese retenido en suelo extranjero. El caso más conocido fue el de la Fragata Libertad, retenida 77 días en Ghana. La diferencia con ese caso es que el Estado había renunciado a la inmunidad de ejecución que da la FSIA y resultaba menos complejo el embargo.
Cómo sigue
El fallo de septiembre de 2023, que condenó a la República al juicio más costoso que Argentina tiene en el exterior, fue el inicio de la instancia de apelaciones de la que tanto la República como los demandantes hicieron uso.
Comenzó en febrero de este año con el escrito argentino y terminará el 6 de septiembre, fecha a partir de la cual la Cámara de Apelaciones podrá dar una definición. Expertos en el tema aseguran que la misma no debería ser antes de 2025.
Por el lado de la Argentina, los argumentos más fuertes de la apelación presentada a fines de febrero apuntan a que el caso tiene que ser juzgado en el país, y no en Nueva York; además de que indica que se “inflaron enormemente” los daños de los demandantes. Los demandantes van por más: si bien elogian el fallo de Preska, no están de acuerdo con la decisión de la jueza de desestimar la demanda contra YPF y piden a la Cámara que revise esa decisión.