Concentración de productores autoconvocados, reclamos al presidente de la Nación para que reactive el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), denuncias y rechazo a la importación de yerba canchada (sin elaborar) desde Paraguay y Brasil. Son algunas de las manifestaciones, sólo en esta última semana, de una crisis regional impulsada a partir del decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei, que derogó buena parte de las regulaciones que preservaban al sector. Es un movimiento que se da en paralelo y simultáneamente con las protestas que protagonizan docentes y policías de la provincia, pero que emergen de la misma situación de carencias y desesperación que vive una parte no menor de la población del noreste del país.
A diferencia de las materias primas o «commodities» de la pampa húmeda, como la soja, el maíz, el trigo o el girasol, la yerba mate es una producción que necesita de mucha mano de obra, su elaboración e industrialización se realiza principalmente «en origen» y el destino de la producción es fundamentalmente el mercado interno.
De los 12 mil productores primarios, más de diez mil (el 85 por ciento) trabajan en una superficie que varía entre una y 15 hectáreas de extensión. Se desempeñan además en la actividad, unos 15 mil tareferos, personas que realizan la cosecha a mano (datos del Centro de Estudios Agrarios, CEA).
En cambio, la venta total de yerba misionera al mercado está concentrada, en un 53 por ciento, en cinco empresas. Establecimiento Las Marías, de la familia Navajas, con sus marcas Taragüí, La Unión, La Merced y Mañanita, controla el 19,1 por ciento del mercado. Por sí sola, esta firma verticalmente integrada tiene bajo producción 4000 hectáreas propias destinadas a la yerba mate y otras 4000 de terceros que administra y explota.
Le siguen, en orden de importancia en el ranking de ventas de yerba mate elaborada y empaquetada, la cooperativa Liebig (marca Playadito), con el 14,4 por ciento del mercado; CBSe (marca homónima, 7,8 por ciento de participación); La Cachuera S.A. (Amanda, 6,3%), y Molinos S.A. (Nobleza Gaucha, 5,5%), según el informe de CEA.
Por estas condiciones de desigualdad, en el desarrollo del sector siempre fue fundamental la acción reguladora del Estado. Pero, como ha sucedido en otras actividades, inmediatamente después de asumir el gobierno de Javier Milei mostró su preferencia por desmantelar las estructuras de fomento de actividades desarrolladas por pequeñas unidades económicas. Entre ellas, las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
De acuerdo a un análisis hecho por el Centro de Estudios Agrarios, que dirige el ingeniero Matías Strasorier, el DNU 70/23, que Milei firmó a menos de dos semanas de haber asumido la presidencia, afecta centralmente a las políticas de fomento y protección de la actividad yerbatera misionera. Ello va en detrimento de los ingresos de un sector clave en la economía productiva misionera y sus consecuencias no son ajenas al clima de tensión que se vive hoy en la región ante la mirada asombrada –y hasta, hace poco, ajena a la situación– de buena parte del resto del país.
Los artículos relacionados a la actividad de la Yerba Mate misionera están contenidos en el «Título VI – Bioeconomía» del DNU “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina».
La ley 27114, de «Envasado en origen de la yerba mate», fue derogada en su totalidad. Su objeto era «promover la radicación y creación de los establecimientos necesarios para la instauración de un Régimen de Envasado en Origen de la Yerba Mate o Ilex Paraguariensis en la región productora». Había sido sancionada en diciembre de 2014.
La ley 25564, de creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, del año 2002, instauró el régimen de promoción del cultivo y su elaboración luego de la década en la que el menemismo, a partir del año 1991, suprimiera «toda regulación de los mercados nacionales, eliminando la Comisión Reguladora de Yerba Mate (CRYM) y el Mercado Consignatario de Yerba Mate (MCYM), dejando la producción de yerba mate liberada al mercado” (informe CEA 2023). Ahora, el DNU 70 vuelve a ese mismo criterio desregulatorio eliminando diversas funciones que cumplía (o debiera cumplir) el INYM.
* Modificación del art. 3 de la ley 25564, suprimiendo entre los objetivos del INYM, el de «fomentar la actividad» y el de «procurar la sustentabilidad de los distintos sectores involucrados en la actividad»
* A través de la modificación del art. 4, «elimina la facultad del INYM de implementar medidas que tiendan a equilibrar la oferta y demanda, como por ejemplo la limitación de la producción y/o plantación», señala la investigación del INYM.
* También fue derogada por el DNU la inscripción obligatoria de «productores, elaboradores, acopiadores, molineros, fraccionadores, importadores, exportadores, y cualquier otro participante de la cadena del negocio de la yerba mate y derivados» en un registro que llevaba el INYM, a los fines de su identificación.
* Se deroga la función de «promover distintas formas asociativas entre productores primarios de yerba mate y, en particular, a las cooperativas yerbateras de la zona productora».
* Se suprime la función del INYM de «acordar semestralmente entre los distintos sectores participantes el precio de la materia prima». Ello supone la liberación plena del precio, sin obligación del industrial o acopiador de respetar ni siquiera un precio mínimo del producto.
* Derogación de los arts. 22 de la ley 25564, que protegía el uso y destino de los fondos del Instituto, al establecer que «Todos los fondos serán de propiedad del mencionado Instituto y no podrán en ningún caso ser objeto de apropiación por parte del Tesoro nacional. Los fondos del INYM serán utilizados únicamente para financiar los objetivos del Instituto.”
* Se derogan, además, otros objetivos del instituto tales como «constituir fondos con fines específicos», por ejemplo, para ayudar a los sectores de la producción, por ejemplo, en compra de herramientas, tijeras, guinches para levantar los pesados raidos, etc.; implementar y administrar un mercado consignatario de materia prima; se le quita la potestad del decomiso de yerba mate elaborada (en tránsito o exhibición) sin la correspondiente estampilla de pago de tasas, lo cual alentará la evasión y desfinanciación del organismo, señala CEA.
Entretanto, en la última semana se produjeron diversos hechos que marcan que esta desregulación del mercado dispuesta a fines de diciembre, a menos de cinco meses ya está mostrando sus consecuencias.
El último miércoles, productores autoconvocados viajaron a la ciudad de Posadas para manifestar su respaldo a la INYM, «ejerciendo sus facultades plenas, tal como lo establece la Ley 25.564» y en contra de las restricciones que le impone el DNU 70. A su vez, un fallo judicial del magistrado Fernando Escalante, de Posadas, prohibió la importación de yerba mate molida a granel, proveniente de los vecinos países de Brasil y Paraguay. Este fallo amplía otro dictado hace unos días, en el que se prohibía el ingreso al país de yerba mate canchada y verde, es decir, las materias primas y la primera elaboración del producto. Lo que se suma ahora, es la yerba molida lista para su empaque y distribución, que según entiende la justicia, perjudica a los productores y cooperativas misioneras.
«Esta acción judicial forma parte del rechazo provincial en su conjunto al DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei, que cercenó las facultades del Instituto Nacional de Yerba Mate, siendo la principal la de proteger la industria provincial», señaló un medio local.
Por otra parte, productores de la localidad Andresito, al norte de la provincia y cercana a la frontera, señalaron que la actividad está al borde de la crisis. «Uno de los puntos de mayor preocupación es la importación desmedida de yerba mate desde países limítrofes, lo que ha saturado el mercado local y generado una baja en los precios, lo cual hace inviable la producción local», advirtió un portal de la zona.