Las negociaciones no se sellaron por completo, pero Unión por la Patria, el radicalismo, la Coalición Cívica y bloques federales en la Cámara de Diputados acercaron posiciones respecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y suman presión al presidente Javier Milei sobre la recomposición de los haberes previsionales, no conformes con los cambios que el Gobierno realizó por DNU.
Los referentes de la oposición más dura y los de bloques dialoguistas no llegaron a firmar el mismo dictamen este miércoles en un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda por una diferencia respecto de qué hacer con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Sin embargo, quedaron en buscar un punto de encuentro de cara al recinto y, finalizada la reunión, los radicales, cívicos y federales pidieron una sesión especial para el próximo 4 de junio, cuando podrían darle un golpe al oficialismo con una posible media sanción.
Jubilaciones: por qué se trabó el acuerdo este miércoles
«Córdoba trabó el acuerdo«, acusó un legislador de UP en los pasillos, en referencia a la firme postura de los representantes de esa provincia, que están dentro del bloque Hacemos Coalición Federal -presidido por Miguel Pichetto- de insistir con un artículo para que con los activos del FGS se cancele la totalidad de las deudas que la ANSeS mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional. La provincia mediterránea está dentro de esa lista.
Pero además, desde la UCR, la CC y los federales reclaman que también esos fondos sean para pagar 82 mil sentencias firmes de juicios por reajuste. El kirchnerismo no aceptó y, de esta manera, suscribieron despachos por separado. «Utilizaron el FGS para financiar déficit y ahora no lo quieren tocar», reprochó un diputado del bando dialoguista.
Según Germán Martínez, está habiendo diferencias «en el financiamiento de las cajas no transferidas y qué pasa con aquellas sentencias que ya están firmes»
Esto fue algo que revelaron en el final de la reunión desde UP. Germán Martínez, el jefe del bloque, admitió: «Donde está habiendo diferencias es en el financiamiento de las cajas no transferidas y qué pasa con aquellas sentencias que ya están firmes en los que son los juicios por reajuste. Y qué se hace con el stock de deuda que tiene la Nación con las provincias».
«Estos dos temas, que no son el núcleo conceptual, que tiene que ver con la recuperación de los salarios de los jubilados, son los puntos de diferencia que nos impiden acordar una posición mayoritaria», resumió.
Mientras los diputados del Frente de Izquierda defendían su dictamen en ultraminoría, las conversaciones entre los diputados del resto de la oposición se dieron durante la reunión a la vista de todos. Incluso, en un momento los líderes de UP llamaron a Nicolás Massot para hablar aparte. Martínez insistió con el cordobés Ignacio García Aresca, quien con su rostro reflejaba no dar el brazo a torcer. «Las cajas», se lo escuchaba.
Fórmula por inflación y recomposición al índice de enero
Tanto el dictamen de UP, que resultó el de mayoría con 33 firmas, como el de los dialoguistas, con 19 firmas, plantean que la fórmula de movilidad se actualice por el índice de inflación. Además, establecen que haya un aumento adicional del 50% de la variación salarial (RIPTE). El bloque K pide que esto sea en marzo y septiembre, mientras que las otras bancadas sólo en marzo.
Respecto de la recomposición, nadie está conforme con el 12,5% para abril dispuesto por el Poder Ejecutivo en el DNU. En ese sentido, hay coincidencia en que se otorgue un incremento adicional del 8,1% para alcanzar al 20,6% de inflación que hubo en enero, la más alta en lo que va del año.
Ambos también contemplan como un piso mínimo para las jubilaciones el monto de la Canasta Básica Total, que en abril fue de 268.012 pesos. UP pide que se eleve un poco más, al multiplicarlo por 1,2.
Tanto el dictamen de UP como el de los dialoguistas plantean que la fórmula de movilidad se actualice por inflación
En defensa del dictamen de su espacio, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel Lopez sostuvo que lo que proponen «es razonable, posible y el financiamiento está». «Ojalá que el presidente, asesorado por el ministro (Luis) Caputo, no lo vete, porque va a tener el dinero para pagarlo«, desafió al asegurar que el Gobierno cuenta con los recursos que demandaría la ley en caso de aprobarse.
Qué plantean el resto de los dictámenes
El dictamen de La Libertad Avanza reunió 12 firmas, dos de ellas en disidencia por parte de los representantes del MID. El texto ratifica el DNU 274/24, mediante el cual se estableció un cronograma de transición de tres meses, contemplando el índice IPC, aunque el cálculo comenzará a regir plenamente en julio.
«Realmente haber escuchado a la izquierda y la irresponsabilidad de Unión por la Patria es como ver un elefante adentro de un bazar«, cuestionó el libertario Gerardo Huesen, que pidió «ser responsables y no tomar esto a la ligera, porque si no, ¿por qué no lo resolvieron cuando gobernaron?».
En tanto, el despacho del PRO, con 8 firmas, también ratifica el DNU, pero suma el pedido de la recomposición del 8,1%. Tras la polémica que despertó la semana pasada la diputada María Eugenia Vidal de que se haga en 12 cuotas, finalmente el texto faculta al Poder Ejecutivo «a establecer la forma en que dicho incremento se hará efectivo«.
Por último, el dictamen del Frente de Izquierda plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor, es decir, arriba de los 600 mil pesos, y contempla el 82% móvil.